Francisca Linconao A1

Ayer cuando se conmemoraban 9 años de la muerte del comunero Matías Catrileo, la machi Francisca Linconao (60 años), cumplió 12 días de huelga de hambre en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Con 1,55 cm. de altura y 42 kilos de peso, su estado de salud continúa deteriorándose y según informó el doctor Enrique Morales del Colegio Médico, se agota el tiempo.

Morales, quien la visitó para evaluar su estado y realizar un diagnóstico, explicó que debido al bajo peso de la machi y sus anteriores complicaciones de salud, agravadas por la reclusión, no está en condiciones de enfrentar una huelga de hambre. “No tiene semanas, tienes días”, comentó el facultativo sobre los plazos para encontrar una solución que evite un desenlace fatal.

Pese a aquello, en un comunicado público, ayer la Red de apoyo a la machi advirtió que la líder religiosa está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias parar revertir la prisión preventiva en su contra, decretada hace nueve meses, por su presunta participación en el crimen del matrimonio Luchsinger.

La vocera de la machi, Ingid Conejeros, en un video subido a la red, llamó a radicalizar las protestas y las muestras de solidaridad a lo largo del país y en el exterior. De hecho, ayer por la tarde se realizaron jornadas de movilización en distintas ciudades de la zona norte y sur de Chile.

El caso Luchsinger

La autoridad religiosa de Padre de las Casas está imputada, junto a otras 10 personas, por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay en enero de 2013, en Vilcún, Región de La Araucanía. La Fiscalía la acusa de incendio con resultado de muerte y está siendo procesada bajo la Ley antiterrorista.  Por su parte, Linconao, en reiteradas oportunidades ha negado los cargos y defendido su inocencia.

El año pasado la defensa de la machi, debido a su estado de salud, solicitó al juez de garantía de Temuco bajar la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total a la espera del juicio, petición que fue aceptada. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco revirtió en cuatro ocasiones la medida. La última vez, el 22 de diciembre pasado, la machi volvió a la Cárcel de Mujeres y al día siguiente comenzó una huelga de hambre seca, junto a otros cinco comuneros.

Si bien Linconao ganó en la Corte de Apelaciones 2-1 la solicitud de ser trasladada a cumplir la cautelar en su domicilio, como está procesada bajo la Ley Antiterrotista, se necesita la unanimidad de los jueces y es eso justamente lo que ha desatado las críticas.

Tucapel Jiménez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que sesionará durante esta tarde, adelantó que realizará un llamado al Gobierno para que modifique la aplicación de la Ley antiterrorista a miembros de la comunidades mapuches y que se reconsidere el caso de la machi.

“El gobierno debe modificar esta ley y no aplicarla más al pueblo mapuche. El Estado ya ha sido varias veces condenado internacionalmente por esta materia y sigue haciéndose parte de las querellas, como un persecutor más. Siento que no hemos aprendido nada. Es una ley antidemocrática y condenada por los organismos de derechos humanos de todo el mundo” comentó el diputado Jiménez y junto con expresar su preocupación por la salud de la machi, agregó que “los mapuches que se presume cometieron delitos, deben ser juzgados como cualquier otro chileno, bajo las mismas reglas”.

En tanto, desde La Moneda, la vocera Paula Narváez afirmó que el Gobierno “está preocupado por la salud” de la machi Linconao y que se está monitoreando su estado de manera indirecta, a través de los profesionales del hospital, y a la vez se está facilitando que sea atendida por médicos de su cultura, tal como solicitó la machi. Pero la ministra evitó referirse a la situación procesal, apelando a la autonomía de los poderes del Estado.

A la presión de las comunidades mapuches y organizaciones sociales para la liberación de Linconao, el lunes se sumó el Instituto de Derechos Humanos, que reprobó el trato a la machi y también manifestó su preocupación por su estado de salud.

El organismo emitió una declaración pública en que recordó al Estado que el “uso de la prisión preventiva debe ser compatible con el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile”.

Además, el Instituto, liderado por Branislav Marelic, especificó que “el artículo 10 N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, señala que los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales que involucren a miembros de pueblos indígenas, deberán dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.