Según el Decreto con Fuerza de Ley nº 4, el Estado debe entregar un aporte fiscal indirecto (AFI) a las universidades institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban a los primeros 27.500 puntajes de la ex PAA (ya que el decreto data de 1981) y actual PSU.

Pero, según consigna El Mercurio, el Presupuesto 2017 del gobierno actual no incluyó tales fondos y, además, la otra vía por la que se entrega dinero a la educación superior-los llamados aportes basales- sólo contemplan $9.000 millones para todas las universidades del Cruch. Esto último es, según el diario mencionado, menos de lo comprometido.

El rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, explica en el correo electrónico masivo que envió a toda la comunidad de la PUC que todo este escenario significa una pérdida de $1.700 millones, por lo que se demandará al Estado chileno por incumplimiento de la ley.

“En tal sentido, nos parece extraordinariamente grave que se establezca un precedente de esta naturaleza en materia de Educación Superior, por cuanto ello comprometería de manera seria el desarrollo futuro del conjunto del sistema”, escribió en el mail, criticando también el incumplimiento de los dos últimos ministros de Educación en materia de estabilidad de recursos.

Según El Mercurio, la decisión fue tomada luego de tres semanas de evaluaciones junto al decano de la Facultad de Derecho PUC, Carlos Frontaura, y el director de asuntos jurídicos, Juan Esteban Montero. Entre ellos, escogieron a Raúl Tavolari como representante lega en la demanda civil contra el Estado chileno, académico de la Universidad de Chile y ex presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. La medida también fue conversada con otra de las altas autoridades de la universidad, el gran canciller Ricardo Ezzati, quien según el diario de la familia Edwards dió su visto bueno. Así mismo, la decisión fue informada al Consejo Superior, donde no se sometió escrutinio pero, según informan, nadie se manifestó en contra.

La carta completa que envió Sánchez a la PUC

Querida Comunidad UC:

Me dirijo a ustedes con la finalidad de informarles que hoy jueves, a primera hora de la mañana, la Pontificia Universidad Católica de Chile interpondrá una demanda civil contra el Estado de Chile por incumplimiento de la ley vigente.

Como universidad nos hemos visto en la necesidad de adoptar esta decisión debido a lo ocurrido con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017 -promulgada el 15 de diciembre de 2016-, la cual fue aprobada sin que el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) otorgado a las universidades e instituciones de educación superior chilenas desde hace más de 30 años, fuera contemplado ni bajo su modalidad tradicional ni como materia de otras partidas.

Efectivamente, conforme al DFL Nº 4 de 4 de enero de 1981, que fija normas sobre financiamiento de las universidades, es obligación del Estado otorgar anualmente un aporte fiscal indirecto a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que matriculen a los primeros 27.500 puntajes de la ex PAA y actual PSU (art. 3). Se trata de un monto que se ha cancelado considerando los alumnos matriculados en el primer año de estudios del periodo inmediatamente anterior, lo que hace que la suma adeudada a la Universidad Católica y a todas las otras instituciones del sistema responda a lo obtenido por cada una de ellas a través de los estudiantes que ya ingresaron en marzo de 2016.

Por medio de esta demanda queremos, como universidad, hacer presente el incumplimiento en que ha caído el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente, que fue creada como una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer y reconocer a aquellas instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes. En tal sentido, nos parece extraordinariamente grave que se establezca un precedente de esta naturaleza en materia de Educación Superior, por cuanto ello comprometería de manera seria el desarrollo futuro del conjunto del sistema.

Para la Pontificia Universidad Católica de Chile y para mí como rector no ha sido fácil emprender esta demanda por incumplimiento de la ley, la que hemos interpuesto solo una vez que se agotaron todas las instancias de diálogo con las diversas autoridades y actores, y luego de hacer referencia pública a esta posibilidad. Asimismo, hemos incurrido en esta acción después de comprender que los compromisos oficiales contraídos por dos ministros de Educación del actual gobierno con el Consejo de Rectores, en torno a la estabilidad presente y futura de los recursos, con independencia de sus mecanismos de asignación no se han cumplido.

Retirar el AFI implica afectar los presupuestos operacionales de las universidades y centros profesionales y técnicos, medida que incide de manera directa en el desarrollo y la calidad de cada uno de los proyectos. En lo particular, la medida adoptada por el Estado y sus órganos implica para la UC un daño patrimonial de más de mil setecientos millones de pesos. Sin embargo, en la actual demanda no es esto lo que estamos solicitando, sino en principio solo el reconocimiento de la ilegalidad existente debido a la decisión del Estado de eliminar este aporte. Consideramos que lo más grave es afectar el estado de derecho y el incumplimiento de la legalidad vigente, lo que no podemos permitir.

Tal como hemos sostenido durante toda la discusión sobre la Reforma de Educación Superior, la UC no se quedará pasiva en la defensa de recursos que pertenecen a la universidad y que están orientados a becas de reforzamiento, apoyo a nuestros estudiantes, desarrollos académicos y otros usos que fortalecen el proyecto. Estamos confiados en que la solidez de los argumentos que se exponen y que sustentan nuestra solicitud serán debidamente ponderados por los Tribunales de Justicia.

Se despide con afecto,

Ignacio Sánchez D.
Rector