Exejecutivo lleva litigio contra fundador de Supermercados Santa Isabel a la Comisión Interamericana alegando violación a sus DD.HH

Foto: www.eduardoelberg.cl

A más de ocho años de iniciar una guerra judicial, la pelea entre el fundador de la cadena de Supermercados Santa Isabel, Eduardo Elberg, y su exgerente general en Perú, Juan Luis Bacigaluppi, llegó a instancias internacionales.

Esto, porque el exejecutivo que fue la mano derecha del empresario viñamarino por más de 15 años en ese país, demandó al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los resultados de distintos litigios entre ambos iniciados por el no pago de un paquete accionario que correspondería a Bacigaluppi y que terminó en octubre pasado con una casa del ingeniero comercial embargada y rematada.

La demanda, presentada por los abogados de Bacigaluppi el 30 de octubre de 2016, pide a la corte internacional que inste a Chile a reconocer que violó sus derechos humanos y a que cumpla con sus obligaciones internacionales, repare e indemnice el daño causado y cese el proceso de remate de la casa en Lo Curro.

¿Pero cómo el expresidente ejecutivo de una compañía internacional, que además era socio del empresario con un 10% del capital de su vehículo de inversiones, terminó con una propiedad y algunos muebles rematados?

Bacigaluppi señala que fue engañado para someterse a las condiciones de compra de su exempleador, pasando de ser acreedor del holding de Elberg a deudor en 700 mil dólares (455 millones de pesos en la actualidad), mientras el gran empresario señala que ese porcentaje accionario no le corresponde y que al no ratificar un acuerdo que en 2010 los tuvo a punto de terminar con sus litigios, no devolvió el dinero entregado como adelanto de un pago por sus acciones y sus servicios en la compañía.

Elberg versus Bacigaluppi

En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, ya están los antecedentes que denuncia Bacigaluppi, donde reclama un “abuso de derecho” permitido por los jueces chilenos y ejercido por medio del poder económico de su exempleador.

En ella se detallan la serie de cinco demandas en Chile -a las que se suman otras dos demandas en Perú- que recibió de parte de su exsocio y exempleador desde el año 2008 en adelante. Todo esto, después de que Bacigaluppi demandara a Algeciras S.A. como acreedor de esa compañía por el no pago de 6 millones de dólares, cifra que supuestamente correspondía a su participación en esa compañía.

Según cuenta Bacigaluppi en su demanda, el enfrentamiento contra su exempleador comenzó en octubre de 2007, cuando Elberg le señaló que sería cesado de su cargo como presidente ejecutivo de Surco Inversiones S.A. y que le compraría su participación en ella, para quedarse con el control total de la compañía.

Esa empresa funcionaba como sociedad espejo de Surco Investments Ltd, compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas que a su vez estaba formada por Cochrane Investments Ltd, de Elberg, y Chacarillas Investments Ltd, de Bacigaluppi.

El ejecutivo dice que la suma calculada de ese porcentaje ascendía a los 7 millones de dólares, según estimaciones de la época. Entonces, el expresidente ejecutivo y su empleador habrían pactado que una empresa valorizara el monto del traspaso, pero Elberg habría suspendido el proceso unilateralmente y después le ofreció mucho menos: 500 mil dólares en la primera oferta, 1.3 millones de dólares en la segunda, y finalmente 3.75 millones de dólares en una tercera oportunidad, ocurrida en 2010. El acuerdo incluía el compromiso de detener todos los litigios entre ellos y una claúsula de confidencialidad sobre la empresa y los conflictos.

Estos detalles estaban considerados dentro de un documento llamado “Contrato Reparatorio: Compromiso de contratar”, firmado el 8 de febrero de 2010 en una notaría en Lima por los 3.75 millones de dólares acordados -menos impuestos-, que fue firmado por Bacigaluppi, su hijo y dos representantes de Algeciras: Piero Bacigalupo Gómez-Lobo y Rafael Villanueva Merino.

En esa oportunidad Bacigaluppi recibió un adelanto de 700 mil dólares con un pagaré. Solo debía firmar el Acuerdo Definitivo, que debía ser ratificado 45 días después, pero el afectado señala que sólo conoció el documento definitivo de ese acuerdo una hora antes de expirar la fecha límite y entonces se negó a ratificarlo. Según Bacigaluppi, eso tenía el propósito de “sorprenderlo”, porque al momento de asistir a la firma, en Perú, él y su hijo notaron que las condiciones de pago habían sido cambiadas unilateralmente.

Ahí se volvieron a desatar los problemas porque ese pagaré de 700 mil dólares, según señala el abogado defensor de Eduardo Elberg y Algeciras S.A., Rodrigo Zegers, era parte del acuerdo que no se concretó y por lo tanto Bacigaluppi debía devolver ese dinero.

“Aquí se siguió un juicio ejecutivo, él nunca devolvió la plata que se le anticipó a cambio de que él se desistiera de los juicios, hiciera la transferencia de las acciones, terminaramos los temas laborales, el tema vinculado al vehículo, los temas previsionales, como él no hizo nada a cambio y se negó, y yo diría incluso, siendo muy mal agradecido, muy mal agradecido, él decidió, probablemente por ambición, decidió seguir con el juicio e inició una campaña mucho más hostil, difamatoria en contra de mi cliente. Y eso, por razones éticas, es inaceptable”, explica Zegers.

El pagaré efectivamente contiene una clausula especial donde señala que éste se ejecutaría únicamente si se cumplía con terminar las acciones judiciales. Pero Bacigaluppi no lo devolvió, ya que, a su juicio, este corresponde sólo a una parte de lo que le debía Algeciras por su 10% accionario.

“La pregunta debiera responderla Elberg, porque no pagó lo que correspondía, que era la compra de acciones que me pertenecían y me pertenecen de Surco Inversiones A.A, hoy Algeciras S.A.”, dice en cambio Bacigaluppi.

Según relata el exbrazo derecho de Elberg en Perú, la empresa de su empleador además impidió entonces un arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima para resolver este litigio y luego ejecutó el pagaré, iniciando un juicio ejecutivo en el 12 Juzgado Civil de Santiago que transformó los 700 mil dólares iniciales de pago en 700 mil dólares de deuda.

Ese fue uno de los cinco juicios que inició Elberg en contra de su exejecutivo estrella y por el cual obtuvo el embargo y remate de los muebles de su propiedad ubicada en Lo Curro, más el remate de ese mismo inmueble.

“Se trata en este caso de un abuso de poder de parte de una de las personas más ricas de Chile, quien, haciendo uso de su dinero, capacidad de influencia y poder real ha causado un daño profundo, de consecuencias irreparables a Juan Luis Bacigaluppi Solar, a su esposa, quién se encuentra grave de salud, producto de esta situación y persecución civil y criminal que han vivió él y toda su familia (los hijos también han sido mencionados en algunos procesos, sin haber tenido participación, salvo el mayor de ellos), durante ya ocho años”, dice la demanda.

Otras denuncias

Aún cuando los litigios llegaron al remate de la propiedad de Bacigaluppi, el abogado de Elberg y Algeciras señala que no hay ensañamiento contra el exejecutivo ya que éste se negó a devolver el dinero y no cumplió con desistirse de los juicios contra el gran empresario. “Él nunca fue acreedor por la sencilla razón que en este contrato de transacción en que ambas partes tienen que hacerse concesiones recíprocas, él no hizo absolutamente ninguna y se quedó con esta plata y se negó a restituirla”, dice Zegers.

El abogado socio del estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers dice además que, sin saber el contenido de la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana, ésta no debería acogerla a trámite porque actualmente siguen en vigencia juicios entre ambas partes.

De todas maneras, la defensa del empresario explica que toda esta batalla legal se inicia cuando Bacigaluppi interpone las primeras acciones legales contra su exempleador después de negarse a firmar el acuerdo definitivo entre ambas partes y el inicio de una “campaña de difamación” en los medios contra el empresario.

En efecto, uno de los juicios que se mantiene abierto es justamente por ese tema, que vivió su último episodio el ocho de noviembre pasado, cuando el 25 Juzgado Civil de Santiago desestimó la demanda por difamación interpuesta por el excontrolador de Supermercados Santa Isabel. Sin embargo, Elberg insistió y ya apeló a la Corte de Apelaciones, quien tendrá que referirse próximamente.

Cercanos a Elberg señalan que ese es uno de los puntos más complejos de la pelea entre ambos, ya que Bacigaluppi ha realizado otras denuncias sobre el actuar del empresario. Entre ellas están las cartas denunciando falta de probidad enviadas a distintas instiuciones, como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), por la unión entre el Banco Internacional e ILC Inversiones -brazo derecho de la Cámara Chilena de la Construcción- y una denuncia a la Securities Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) por los presuntos daños ocasionados a accionistas minoritarios de Supermercados Santa Isabel en la venta ocurrida en 1997.

Según Bacigaluppi, en esa ocasión se habría cometido un fraude bursátil, ya que Elberg comunicó la venta de su participación en Supermercados Santa Isabel S.A. (36,96%) por 230 millones de dólares al grupo argentino-uruguayo VELOX, pero en marzo de 2011 el empresario señaló que el verdadero monto de esa venta fue de 150 millones de dólares; es decir, 80 millones de dólares menos de lo informado.

Por este motivo, el ejecutivo informó de esa situación al Congreso peruano a fines de 2010, desde donde se ofició a al Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, al presidente de la Bolsa de Valores de Lima y al Ministerio de Hacienda de Chile. En esa cartera se encontraba en ese momento el empresario Felipe Larraín, quien había sido director de Supermercados Santa Isabel S.A.

Dicha denuncia fue recogida por el senador Alejandro Navarro, que en junio de 2011 pidió investigar al ministro Larraín por la venta “inflada” de los supermercados, al ser director de esa empresa en esa época.

Desde la SVS, en tanto, le respondieron a Bacigaluppi que lo denunciado había ocurrido hacía más de 10 años y la entidad solo tenía facultades legales para sancionar eventuales infracciones hasta 4 años de ocurrido cualquier ilícito, que no se tenía conocimiento de demandas o reclamos de accionistas afectados antes o después de la salida de Santa Isabel S.A. del Registro de Valores -ocurrido en 2003- y que en el momento en que se requirió a dicha empresa a subsanar algunas salvedades efectuadas por auditores externos, ese mismo año, la empresa de supermercados ya había iniciado el proceso para cancelar la inscripción en el mismo Registro de Valores.

Por este punto The Clinic Online se intentó comunicar con el exministro Larraín, pero éste no contestó ni respondió nuestros mensajes.

La defensa de Elberg

Según explica el abogado de Elberg y la sociedad Algeciras, se hicieron muchas denuncias ante autoridades nacionales y peruanas, “todas las cuales después de haber sido investigadas, y doy fe de eso, fueron absolutamente desestimadas, pero él hizo una campaña difamatoria”.

Zegers, además, señala que en la fallida firma del acuerdo definitivo entre ambas partes, Bacigaluppi se negó a suscribir el documento porque él quería que ese pago se le hiciera libre de impuestos y que ese, en definitiva, fue el punto de quiebre.

Consultado de por qué Algeciras había decidido pagarle de todas formas 3.75 millones de dólares a Bacigaluppi aún cuando no reconocen su calidad de socio, Zegers dice que había una serie de elementos a considerar para llegar a esa cifra.

“Había temas laborales, previsionales, un tema vinculado con un auto. Había una pequeña valorización que se hacía de estas acciones que Chacarillas S.A. tenía en una sociedad constituida en las Islas Vírgenes que se llamaba Surco Investment, que Chacarillas S.A. llegó a tener en algún momento cuando se constituyó la sociedad, del 10%, pero una sociedad que tenía un capital de 10 mil dólares y que su 10% eran 1 mil dólares y que amén de eso, de acuerdo a los peritajes que se hicieron en su momento, ni siquiera los aportó, de modo tal que todos los negocios que se hicieron en Perú no se hicieron con recursos a los cuales haya contribuido él con su 10%, sino que fueron recursos aportados por sociedades vinculadas directa o indirectamente a mi cliente. Pero además de eso, reitero, el motivo principal de la transacción era transar juicios”, explica el abogado.

Junto a eso, Zegers menciona que la principal razón de la desvinculación de Bacigaluppi fue el manejo “ruinoso” que tuvo en Limatex, una de las empresas que formaron desde Surco Inversiones, que habría generado pérdidas a la compañía por más de 15 millones dólares.

Sin embargo, el propio Bacigaluppi señala que esas acusaciones fueron desmentidas por tribunales peruanos hasta que la Corte Superior de Lima lo desestimó completamente y que nunca se demostró que él hubiese usado dineros para algo diferente al negocio “porque no era posible demostrar algo que nunca ocurrió”.

Además, el exejecutivo dice que nunca estuvo acordado que por su parte debía hacer aportes de capital porque su aporte sería en base a su gestión y trabajo. “Los cambios efectuados con capitalización en la empresa Surco Inversiones S.A. fueron posteriores a mi salida, con el claro propósito de defraudar, diluyéndome y para no reconocer lo pactado”, dice.

9 años de litigios

Con todo, el próximo capítulo de la guerra judicial entre ambos -que está por cumplir 9 años en los distintos tribunales de ambos países- se verá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acogerse el recurso presentado por Bacigaluppi, y en un proceso de arbitraje que se está iniciando en la Cámara de Comercio de Lima.

Al respecto, Zegers dice que sobre la base de su experiencia en la Corte, para declarar admisible una denuncia la Corte -el paso siguiente a la Comisión Interamericana de DD.HH.- exige que los juicios estén definitivamente terminados.

“Lo que uno tiene que saber que cuando uno toma la decisión, que en este caso ocurrió, el señor Bacigaluppi de iniciar procesos judiciales, uno tiene la posibilidad de ganar esos juicios o perderlos. Y en este caso él los ha perdido, los más relevantes. Y los fallos hay que acatarlos. Entonces, evidentemente en el pedir no hay engaño, pero yo encuentro que una demanda en contra del Estado chileno por afectación de los derechos humanos me parece francamente descabellado”, dice sobre la presentación de la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, Bacigaluppi incluye en la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en derecho de Sergio García, socio del estudio García Montes Olivos Eyzaguirre y Cía Ltda, en el que detalla dos elementos que fundamentan la violación de sus derechos.

El primero es que ni la deuda por su paquete accionario ni la competencia de la Cámara de Comercio de Lima como órgano arbitral fueron reconocidas anteriormente por Elberg y éste mismo usó un pagaré firmado en Perú sin el pago de impuesto de timbres y estampillas para documentar el juicio ejecutivo en Chile, lo que constituiría evasión tributaria.

Y además, el ingeniero reclama que en marzo de 2008, la compañía Surco Inversiones S.A. pasó a denominarse Algeciras S.A., cambio que se realizó sin su consentimiento pese a ser titular del 10% de sus acciones, lo que habría violado la Ley de Sociedades Mercantiles. De esa forma, dice el texto, Algeciras S.A. procedió de mala fe al hacerse de manera “inadecuada, ilegítima e inmoral” del pagaré, dejando clara su intención original “de engañar y nunca pagar”.