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A mediados de octubre de 2003, Jessica Figueroa marcó el número de la sede de Renovación Nacional y pidió hablar con la entonces diputada Pía Guzmán, la parlamentaria que había remecido al país al afirmar en un matinal de televisión, a inicios de ese mes, que existían políticos involucrados en la red de prostitución de la que era cliente el empresario Claudio Spiniak.

Con la llamada de Jessica, otro escándalo comenzó a gestarse. La mujer se presentó por su segundo nombre, Beatriz, y explicó que estaba acompañada por un amigo que deseaba realizar una denuncia. Se trataba del recepcionista de un sauna gay, Sebastián Rodríguez Vásquez, quien tenía información de que el juez a cargo del caso Spiniak, Daniel Calvo Flores, llevaba una “doble vida” que le impedía, a su juicio, encabezar la investigación.

Jessica no consiguió hablar con la diputada, pero la asesora de Pía, Carla Munizaga -quien años después se convirtió en jefa de prensa de Sebastián Piñera durante su mandato-, instruyó que se le entregaran números de periodistas de Canal 13 y Chilevisión.

Así se inició la historia que llevó al candidato a La Moneda, Alejandro Guillier Álvarez -quien se desempeñaba como jefe de prensa de Chilevisión- a pasar en diciembre de 2003, 36 horas detenido en el anexo Cárcel Capuchinos por ordenar la grabación con una cámara oculta a Calvo en que el juez reconocía su asistencia a recintos en que se mantenían encuentros íntimos entre personas del mismo sexo. Guillier fue, además, el responsable de la difusión de las imágenes en el noticiero del mediodía del 5 de noviembre de 2003.

Por estos hechos, el 15 de julio de 2005, el periodista fue condenado por la jueza Gabriela Pérez a sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de 50 UTM como coautor del delito de captación de conversaciones, comunicaciones o hechos de carácter privado sin autorización. Posteriormente, en 2007, fue absuelto por la Corte Suprema ya que aseguró que desconocía los detalles del plan que hundió la carrera del magistrado.

Los profesionales subalternos de Guillier, que ejecutaron la cámara oculta, y Sebastián, que fue usado para realizar el registro, sí fueron castigados en el proceso penal. Y en el juicio civil en 2015, se ordenó a Chilevisión indemnizar con $120 millones a Calvo y su grupo familiar por los perjucios causados por la difusión del video.

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Sebastián Rodríguez tenía 30 años cuando terminó con la prometedora carrera judicial de Daniel Calvo Flores, tras reconocerlo por televisión como un cliente frecuente del sauna gay en que trabajaba.

Tal como lo había sugerido la asesora de Pía Guzmán, Sebastián se comunicó con el departamento de prensa de Chilevisión donde habló con una productora, quien lo derivó con el periodista Fernando Reyes.

El engranaje de la bomba que hizo estallar la vida de Calvo, comenzó a operar.

En la puerta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Sebastián y el periodista se encontraron por primera vez. Durante las siguientes tres semanas, las citas entre ambos, a las que se sumó el estudiante en práctica Raúl Poblete, fueron frecuentes.

“Le cuento a Fernando Reyes que el Juez Calvo tiene una doble vida, que asiste a saunas gays, que era cliente frecuente y que yo lo conozco desde hacía cuatro años más o menos. Él se mostraba incrédulo frente a mis dichos. Incluso yo llegué a pensar que no le interesaba la noticia. Luego de la conversación, él me entregó su tarjeta y yo le di números de teléfono donde podía ubicarme”, relata Sebastián en la causa que acumuló 5 tomos de más de 600 hojas.

Sebastián detalla en el proceso que “el sauna no era un prostíbulo, sino un lugar de encuentro de personas, que asistían y tenían sexo ocasional entre ellos”.

“A Daniel, como no era tan bonito, no lo pescaban mucho, entonces él llevaba acompañantes, les pagaba la entrada, tanto de su acompañante como la suya propia. No entraban menores de edad, porque para eso precisamente estaba yo, es decir controlaba exhaustivamente que no entraran menores de edad”, se lee textual en la declaración de Rodríguez.

En esos días de octubre de 2003, Sebastián recibió una propuesta de Chilevisión: querían realizar una entrevista, filmarla y transmitirla a rostro descubierto. Rodríguez estaba decidido a revelar la asistencia de Calvo a los saunas, por lo que aceptó hablar frente a las cámaras. Pero su testimonio y el de un testigo que había proporcionado no era suficiente. Lo que el canal quería era grabar a Calvo.

Reyes, Poblete y Rodríguez llamaron insistentemente al celular del magistrado y a su casa sin éxito. Calvo en esos momentos ya sabía que su piso tambaleaba, que estaba metido en un lío de proporciones. No comía, le era difícil conciliar el sueño, diría después.

A fines de octubre, Sebastián dejó con una secretaria un recado que confirmó los peores temores del magistrado. “Le pedí que le dijera que había llamado Sebastián, del sauna de Ernesto Reyes y que se comunicara conmigo. Él no tenía ni mi teléfono ni mi dirección, pero igual al día siguiente, llegaron dos detectives a mi trabajo a preguntar por mí”, narra Sebastián en la investigación.

Horas después, fue ubicado por personal de la PDI. Sebastián asegura que los detectives le pidieron “que nos arregláramos a la buena”. La versión de los profesionales es que se le sugirió canalizar sus denuncias en tribunales.

Como sea, Rodríguez logró finalmente hablar con Calvo. En la primera conversación le dijo que era un “cara de raja” y el juez le respondió que no podía hablar. A los periodistas de Chilevisión les falló esta grabación y Calvo cambió todos los números telefónicos, incluído el de su casa.

Hubo otros intentos hasta que se produjo el diálogo telefónico que sí fue captado por el canal en que Calvo le asegura a Sebastián que debe estar tranquilo, porque él está haciendo las cosas bien. El diálogo nuevamente es considerado insuficiente por los responsables de Chilevisión, que le piden a Sebastián insistir con otra llamada que es registrada en las dependencias del canal.

“Me indicaron todo lo que tenía que decir mediante una pauta, esto es me dieron (sic) todas las frases que yo tenía que exponerle a Daniel Calvo en la conversación. Esto se hizo para obtener una declaración explícita de Daniel. Me anotaron en dicha pauta preguntas tendientes a que Daniel reconociera que me conocía, que le gustaban los cabros chicos y que iba a saunas gays. Debo agregar que nunca Daniel reconoció que le gustaban los cabros chicos”, narra Rodríguez frente a la jueza.

Los planes entre Sebastián y los periodistas de Chilevisión continuaron. La orden era grabarlo junto a Calvo y para eso utilizarían una cámara oculta. Así se lo expresaron a Rodríguez. “Me propusieron poner cámaras ocultas en el auto que yo conducía, que era de un amigo mío, y para ello me hicieron llevar el auto a dependencias de Chilevisión”. Pero fue un intento fallido. Cuando el dueño del vehículo llegó a buscarlo al canal y se enteró, armó un escándalo. El plan quedó descartado.

Finalmente, Rodríguez ingresó el 4 de noviembre, pasadas las dos de la tarde, al edificio del Palacio de Tribunales. Lo hizo en compañía del periodista Fernando Reyes y de otro profesional de Chilevisión, simulando ser trabajador del canal.

La cámara había sido instalada en una mochila de Rodríguez que tenía un solo tirante y que se cruzaba en el pecho. Ahí, justo en el compartimento que tenía el bolso para portar un celular, estaba el aparato. Una vez en el edificio, tal como habían planificado, Reyes se quedó en el primer piso y les dio una señal al ver entrar a Calvo mientras que el otro periodista se hizo pasar por un estudiante de periodismo que quería entrevistarlo en su despacho, en el tercer piso de la institución. Una vez que se concretó la falsa entrevista, irrumpió Rodríguez en la oficina privada del magistrado.

“Entonces yo entro a la oficina de Daniel, específicamente frente al primer escritorio que se divisa al entrar. Daniel me ve, se toma la cabeza con la manos, me dice ‘supongo por lo que vienes’, me hace pasar al fondo, y luego de dos minutos aparece él. Yo me senté frente a su escritorio mientras lo esperaba. Él tomó su lugar en el escritorio y conversamos”, cuenta Sebastián en uno de sus testimonios.

Rodríguez relata que Calvo estaba nervioso, que le confesó que no comía, no dormía, que estaba asustado, que estaba siendo amenazado desde hacía mucho tiempo por los asuntos de su vida privada, y “que estaba que dejaba el caso, que no daba más”.

El exregente del sauna recordó que la conversación duró 20 minutos, que se sentía mal por lo que estaba haciendo. Al salir del edificio, no encontró a los periodistas de Chilevisión y se fue a las oficinas de la extinta revista Plan B, que se encontraban en la calle San Antonio. Contactó a la directora del semanario, Alejandra Matus, y le contó todo. Rodríguez tenía referencias de Matus porque su padre la conocía en tiempos en que la profesional había destapado un fraude millonario en el Indap. Después vino el escándalo y la transmisión del registro de la conversación con Calvo que ratificaba la denuncia que había hecho Rodríguez al comienzo.

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Calvó vivió la primavera de 2003 un vía crucis que el 5 de noviembre fue trasmitido a todo el país.

Confesó en la investigación que había conocido a Sebastián Rodríguez en 1998, cuando asistía a un sauna llamado Sebastián. El exregente, según Calvo, se encargaba de cobrar y de entregar las toallas. Una semana después de asumir la causa, Calvo tomó declaración a la entonces diputada Pía Guzmán. Al terminar el interrogatorio ese día jueves 20 de octubre, la parlamentaria le pidió una conversación en privado. En ese minuto comenzó la pesadilla del juez. “Ya estando solos los dos, ella me dice que hay una persona que está corriendo el rumor de que yo era homosexual. Yo me mostré asombrado y no recuerdo haber contestado nada”.

Ocho días después del balde de agua fría, Calvo recibió el primer mensaje de Rodríguez cuando llegó al 33 Juzgado de Crimen, la secretaria del tribunal fue la encargada de transmitírselo. “El recado decía, según recuerdo, ‘Sebastián Rodríguez quiere conversar -conmigo- asunto baños Matte Pérez y Ernesto Reyes, y había un número de celular’. Ese es el primer aviso que yo recibo de parte de Sebastián Rodríguez con su nombre”.

Calvo contó que luego se le vino encima una cadena de llamados y recados de Rodríguez: a su celular institucional, a su móvil personal y a su casa. Le había dejado incluso un recado con un hijo de siete años. A esas alturas el juez ya le había confesado a los detectives que trabajaban con él, que había asistido a un sauna gay, que alguien estaba intentando contactarlo y que se “sentía en la más absoluta incertidumbre”.

Calvo le envió un mensaje a Sebastián con los funcionarios de la PDI: “Que si tenía algo en contra mío que me denunciara por los conductos regulares, que me denunciara a la Corte si quería, pero que dejara de molestarme y que me dejara trabajar tranquilo en la causa, porque en la causa Sebastián nada tiene que hacer, salvo que quiera aportame antecedentes para la causa, porque si ese era el asunto, yo efectivamente lo recibiría”.

El relato de Calvo entrega detalles de cómo fueron esos días de visitas de los detectives a Sebastián y de los intentos de éste por hablar con él.

Cuando lo logró y Calvo accedió a conversar con él unos minutos por teléfono, el juez pensó que todo había terminado. Lo que Calvo no sabía era que estaban registrando su voz y que en ese primer contacto había fallado la grabación de los periodistas y que era esa la razón de la insistencia de Sebastián de hablar nuevamente en circunstancias de que había colgado el teléfono hacía minutos.

El día 2 de noviembre, Calvo supo que El Mercurio tenía el dato de su asistencia a un sauna gay. Dos días después, el martes 4 de noviembre, a las 14.30 horas, recibió a un supuesto estudiante, que en realidad era un periodista en práctica de Chilevisión y minutos después al propio Sebastián Rodríguez: “Él empieza la conversación diciéndome que no le mande nuevamente detectives, que eso lo tiene muy mal, a lo que yo le digo que no le he enviado a nadie nuevamente, también me dice que tiene clientes VIP o más importantes que cuidar. Todo el rato tuteándome, pese a que no teníamos tanta confianza. Me pregunta por qué estoy juzgando conductas sexuales de la gente y le digo que lo que yo estoy haciendo es juzgar delitos”.

Calvo quedó con la sensación de que la visita de Sebastián había sido una trampa. Esa tarde, un detective de su equipo corroboró esa sospecha. “Me dice que efectivamente había sido grabado, y que dicha grabación estaba en poder de Chilevisión y de Alejandra Matus”. La suerte del magistrado se había sellado ese día.

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El 18 de noviembre de 2003, Guillier declaró ante la jueza Gabriela Pérez. Con el alias de “El Profe” y un sueldo declarado de $9 millones, el periodista contó paso a paso cómo se definió en las oficinas de Chilevisión el destino profesional de Calvo. El único antecedente en su contra, según admitió, era que podía ser extorsionado por hechos de su vida privada, específicamente por conductas homosexuales. No hubo, como se demostró en el proceso, referencia a que el magistrado pudiera haber incurrido en algún delito.

Guillier planteó que se enteró de la denuncia de Sebastián el 23 de octubre, cuando el subdirector del canal Patricio Caldichoury “me contó que exitía el testimonio de una persona que trabajaba en un sauna gay que decía que el juez Calvo asistía regularmente y que habían establecido que lo conocía”.
Con esos datos, sostiene, se dio la instrucción al periodista Fernando Reyes y al estudiante en práctica, Raúl Poblete, de verificar que el juez y Sebastián se conocían en “términos más íntimos, es decir, que hubiera un contacto con el juez y que nosotros comprobáramos cuán íntima era esa relación”.

Según el testimonio de Poblete ante la PDI, la oferta de Sebastián en cuanto a la intimidad que podía alcanzar con el juez era bastante explícita: “Sebastián nos dijo, textualmente, que era capaz de llevarlo a un motel y ’empelotarlo’”, cuenta el profesional.

Pese a lo delicado de la investigación periodística, al cargo que ejercían y a que posteriormente fue el rostro que defendió el reportaje, en la causa penal Guillier asegura que sus instrucciones respecto de cómo manejar la recopilación de antecedentes fue siempre en términos generales.

Así, por ejemplo, plantea que a fines de octubre, el periodista Patricio Caldichoury le relató que ya se había comprobado que Calvo y Sebastián Rodríguez se conocían y que se tenían cierta confianza -“incluso a mí me dio la impresión que el juez le tenía especial afecto a este joven”, postuló Guillier- y que después de ello intervino para dar directrices.

“Yo, en ese entonces, había autorizado que se grabaran las conversaciones telefónicas entabladas por Sebastián con el Juez Calvo. En esa misma semana se conversa la idea de buscar otras pruebas, ya que hasta ese momento teníamos los dichos de Sebastián y otras dos entrevistas, lo que nos era insuficiente. Se dio como alternativa grabar la conversación con imagen, y no sólo con audio. El día 3 de noviembre, según recuerdo, conversamos Patricio Caldichoury, Fernando Reyes y yo acerca de la necesidad de buscar una forma de tener una prueba que fuera indesmentible. En ese momento surge la idea de grabar un contacto del Juez con Sebastián. No recuerdo de quien fue la idea en particular, sólo sé que surgió de esa conversación. En todo caso yo autoricé que se efectuara la grabación mediante cámara oculta”, detalla el senador y candidato presidencial.

Según Guillier, tras dar la orden de grabar a Calvo, no requirió detalles respecto de cómo se realizaría el registro que se concretó el martes 4 de noviembre de 2003. Sólo dio la instrucción de hacerlo.

“No tenía conocimiento de cómo ingresaría Sebastián al Palacio de los Tribunales. No tenía conocimiento previo que uno de los periodistas se haya hecho pasar por estudiante para conseguir audiencia con el Ministro (…) Después supe que habían entrado en ‘choclón’, dado que al personal de prensa los gendarmes les dan ciertas facilidades”, dijo.

Una vez que Reyes y el estudiante en práctica retornaron al canal con la investigación, tampoco hizo preguntas ni revisó todo el material: “No escuché las grabaciones originales ni vi el video completo que se grabó en el despacho del Ministro. No sabía el lugar en que se iba a efectuar la grabación. Tampoco les indiqué lugares específicos en que debían efectuar las filmaciones. Yo autoricé la utilización de la cámara oculta. Antes de emitir al aire el reportaje, yo sabía que la grabación de video había sido efectuada en el despacho del magistrado”, relata en el proceso.

Lo que sí hizo Guillier, tras recibir el video -y con la advertencia de que la directora del semanario Plan B, Alejandra Matus, también manejaba información de Calvo-, fue contactar al magistrado y solicitar una audiencia.
Ésta se realizó durante la mañana del 5 de noviembre en la oficina del relacionador público de la Corte, Miguel González y a ella asistieron Reyes y Guillier.

El magistrado, cuenta el senador, “manifestó que él había cometido errores en su vida privada y que los asumiría públicamente, que estaba cansado, presionado y moralmente imposibilitado para seguir con la causa”. Además comentó que había puesto su cargo a disposición del Presidente de la Corte Suprema y que haría una declaración pública esa misma mañana para abordar el asunto.

“Luego de lo cual, yo volví al canal y decidí que por la gravedad del asunto yo mismo iba a participar en la conducción de un extra noticioso en que se transmitiría la declaración del juez. Una vez que se transmitió el extra, yo hice algunas precisiones en el sentido que se trataba de dos locales que no eran estrictamente sauna, sino lugares de encuentro íntimo de personas gay y donde había sexo pagado. Terminado el boletín, se me informa que habían comenzado las reacciones a las declaraciones del juez, y que el mensaje del juez no era interpretado como un ‘mea culpa’, esto es un reconocimiento de sus errores, sino que se había expuesto que se trataba de una extorsión de la que él era víctima por haber asistido a un sauna. En atención a que los dichos del ministro conducían a un error de interpretación, tomé la decisión de que se difundieran partes de las grabaciones de audio y video”, concluye Guillier.
La grabación, que sólo se emitió en el noticiero del mediodía, contiene el siguiente diálogo:
-Sebastián Rodríguez: Te pido disculpas, para mí todos mis clientes -te estoy exceptuando por el caso que llevai-, para mí todos mis clientes son muy sórdidos, y entrar a un sauna gay, tenís que entender que es complicado, yo no la haría. No te estoy juzgando pa’ na…
-Daniel Calvo: Te lo agradezco, tengo que asumir una función que me comprometió una vez, pido las disculpas, no sé cómo decirlo, pero también tengo tejado de vidrio, no lo puedo negar.
Sobre por qué no se repitieron las imágenes, Guillier afirma que hubo tres razones. La primera es que había asumido el compromiso de tratar sin morbo la situación; la segunda “es porque nos pareció que ya estaba precisada la participación del juez en estos locales, así como la naturaleza de lo que se denominó como sauna”, y la tercera es que “nuestros abogados nos habían expuesto que podríamos estar cometiendo algún abuso al repetir las imágenes”.

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Luego de cambiar el rumbo del caso Spiniak, Guillier modificó en varias ocasiones su parecer respecto de la validez del uso de cámara oculta e incluso pasó de calificar de impecable el proceder de Calvo como juez a acusarlo de destruir pruebas, dichos por los que tuvo que disculparse en tribunales.

El mismo 5 de noviembre de 2003, en una entrevista al entonces presidente de la Asociación de Magistrados Diego Siempertegui, Guillier dijo sobre Calvo: “Su carrera profesional ha sido hasta aquí, impecable. Sin embargo, en este caso en particular, en que parecen estar operando una o varias redes de protección a quienes aparecen involucrados (…) el juez estaba en una situación de vulnerabilidad”.

Durante la tarde, en el programa El Termómetro, entregó antecedentes respecto de la investigación periodística y precisó que Sebastián, la fuente principal de la denuncia, “administraba no un sauna, no, sino un lugar donde llegan personas que tienen sus opciones sexuales, digamos, para tener más íntimidad y qué se yo”.

En el mismo espacio, aseveró que Sebastián “estaba con un problema de conciencia porque él era reconocidamente homosexual, pero no le parecía que un juez que no había asumido su situación estuviera manejando un caso de pedofilia, donde aparecían probablemente adultos involucrados y que ponía al juez en una vulnerabilidad tal que podía ser presionado en la investigación y él quería hacer llegar los antecedentes”.

En este punto, Guillier aseguró que “sobre la fuente, es un gay asumido, y el juez no lo es, por lo tanto tienen derecho los niños a tener claridad sobre este tema”, insistiendo en que por su supuesta condición homosexual, que Calvo no había revelado a sus cercanos y que tampoco admitió tras el programa, el magistrado no estaba posibilitado a continuar con la investigación sobre Spiniak:

“El que sea gay no es ningún delito y que incluso sea gay practicante, tampoco. El que vaya a recintos públicos o privados, tampoco constituye un delito. Ahora, si él está bajo presión evidentemente que eso sí perjudica (…) A una persona por su opción sexual, nadie la puede condenar a mí entender, aunque sea activo o no activo, incluso si es promiscuo. El problema es cuando tú entras en un círculo donde estás investigando a personas que podrían estar involucradas en abusos de niños y que conozcan la situación del juez. Eso sí puede ser un factor inhibidor”.

El 6 de noviembre, el presidenciable leyó un comunicado de cinco puntos que, según dijo en pantalla, había elaborado junto al otrora director del canal, Jaime de Aguirre. En él consignó que se intentó “contribuir con la verdad sobre graves denuncias que daban cuenta de la vulnerabilidad del magistrado en el proceso sobre abuso de menores conocido como el caso Spiniak”; que se actuó con “rigor periodístico y celo profesional”; y que “no obstante que los hechos han sido confirmados por el propio magistrado nos sentimos en el deber de reconocer un error de procedimiento en la utilización de herramientas periodísticas controversiales que a la postre pudieran ser consideradas ilegales. Nos referimos al uso de cámaras ocultas sin que en este caso particular se haya estado en presencia de un delito explícito”. Además ofreció disculpas a Calvo y manifestó el compromiso del canal con el “derecho de la opinión pública a conocer hechos relevantes, particularmente cuando éstos afectan a menores”.

A modo personal, Guillier aclaró que no hubo “pago a terceros” y adujo “que la diputada Pía Guzmán no ha tenido participación alguna en nuestras investigaciones”.

Lo último en rigor no es cierto, ya que la indagatoria judicial demostró que el primer contacto de Sebastián para entregar información fue con la oficina de la exparlamentaria y que el 30 de octubre, días antes de que se concretara la cámara oculta, hubo una reunión entre Fernando Reyes, el profesional a cargo del reportaje, y Guzmán para abordar la condición sexual del juez.

El 7 de noviembre de 2003, entrevistado por La Segunda, Guillier dijo que “nos dimos cuenta que la grabación hecha en un recinto privado, sin advertir a la persona, es impecable cuando hay delito, pero, si no hay delito, está penado. Cuando grabamos al juez no había delito y no debimos haberlo difundido”.

En Tolerancia Cero, dos días después, dio su opinión personal sobre el caso Spiniak: “Fíjense que todas las personas o instituciones que han entregado información sobre este caso, lo han tratado de destruir. Los niños mitómanos no son creíbles; la diputada está loca o es una red de conspiración, es la tonta útil; después se agregó el sacerdote Artiagoitia, parte de una red, cura tonto, lo están manipulando (…) Si hay alguien que está asustado en Chile es la clase política, ¿por qué ese pánico enorme a que se investigue, por qué ellos mismos están tan asustados?”, argumentó.

Tras años de investigación, y contrario a la apreciación de Guillier, el juez Sergio Muñoz constató que Gemita Bueno, la testigo principal que involucraba a políticos y sostenía la tesis de que se estaba ante un red de pedofilia, mentía y no se corroboró que algún integrante del Congreso tuviera vínculos con Spiniak.

En julio de 2004, en un seminario ante estudiantes de la Universidad de Chile y sin tener ninguna prueba para acreditarlo, Guillier lanzó una de las acusaciones más duras contra Calvo. “¿Ustedes han conversado con algún antropólogo cómo se hace la reconstrucción del lugar donde puede haber habido evidencia? Creo que nunca a alguien se le ocurrió usar una retroexcavadora. Lo que estaba haciendo (Calvo) era eliminando pruebas, no buscando”, recalcó en esa ocasión.

Tras una querella por injurias y calumnias presentada por el magistrado, Guillier se disculpó: “No he pretendido afirmar ni pienso que el Ministro Calvo haya cometido delito alguno en el ejercicio de sus funciones. Pido disculpas a él y su familia por los daños que mis palabras y/o su interpretación le puedan haber ocasionado”.

A mediados del año pasado, cuando su nombre emergió como carta a La Moneda, Guillier recibió críticas de parte del poeta Matías Rivas a través de una columna publicada en la Revista Capital: “Cómo olvidar al entonces juez Calvo dando la cara en una conferencia de prensa junto a su familia. Cómo olvidar la felonía que fue hacer pública su vida sexual con la finalidad de sacarlo del caso que investigaba. Aún no se sabe qué motivó a Guillier a violar la intimidad de una persona. Cuánto, en verdad, cuánta homofobia hay en esta acción. Es una de las vilezas más impactantes que he visto en la televisión posterior a la dictadura”, escribió Rivas. Su cuestionamiento tuvo eco en otras figuras, como el periodista Juan Manuel Astorga.

Guillier enfrentó el tema, aunque, a diferencia de lo que había sostenido en otras ocasiones, defendió el uso de la cámara oculta contra Calvo. “En ese caso se justificó plenamente, y así lo acreditó el Colegio de Periodistas (…) El deber de los periodistas cuando hay hechos de gran acontecimiento es difundir. Si un juez de la República que está analizando un caso de corrupción de cadenas de gente importante que abusaba de menores, y tiene un comportamiento que no da garantías, el deber de ese magistrado era hacerse a un lado, y si no lo hace, el deber de la prensa es plantearlo”, dijo.