La batalla de los vecinos de San Bernardo contra un proyecto de Walmart

El 4 de enero de 2017, alrededor de 18 personas llegaron a la Corte de Apelaciones de San Miguel presentando cinco recursos de protección contra un documento emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), e infracciones a las normas de Participación Ciudadana. Esto, a raíz de un proyecto que Walmart construirá en el predio llamado El Peñón, ubicado al sur de San Bernardo y que los reclamantes afirman que se aprobó a pesar de ciertas irregularidades. Son vecinos de San Bernardo, el concejal Leonel Cádiz de la misma comuna, el alcalde de Calera de Tango y el diputado Leonardo Soto, quienes intentan frenar el mega proyecto que Walmart construirá sobre 47,2 hectáreas de tierra fértil y que el SEA ya aprobó el 16 de diciembre pasado.

Se trata del Centro de Distribución El Peñón. Según Walmart, será el más grande de Latinoamérica y abastecerá a todas sus dependencias comerciales en Chile. En un solo día, circularán 504 camiones -considerando ida y vuelta, afirma la empresa-, durante seis días de la semana. Estos ingresarán por una prolongación de la caletera de la Ruta 5 Sur, que según la Resolución de Calificación Ambiental, la misma empresa pavimentará. Vale agregar que dicha resolución es la que le da el visto bueno a Walmart para proseguir con las obras, y aseguran que han sumado una serie de modificaciones y medidas mitigantes y compensatorias al proyecto como resultado de conversaciones con la comunidad, autoridades locales y metropolitanas y con servicios públicos.

Los vecinos acusan dos grandes perjuicios: las consecuencias medioambientales negativas en el entorno que rodea el predio; y un proceso de participación ciudadana realizado presuntamente de forma irregular.

Contaminación, ruido y tacos

En abril de 2015, llegó a la puerta de algunos vecinos de San Bernardo un panfleto firmado por la Municipalidad y el SEA Metropolitano. Invitaban a los residentes de San Bernardo de la zona cercana a El Peñón a participar de una “Reunión estudio de impacto ambiental” el 14 de mayo. Según Doris Popelka, miembro del Comité de Defensa de San Bernardo Sur, en dicha reunión se les informó sobre un nuevo vecino llamado Walmart. Dice que a esta instancia acudieron unos 30 vecinos, a quienes presentaron el proyecto del Centro de Distribución El Peñón. También les dijeron que podían hacer preguntas y pedir mitigaciones. Es decir, los convocaban al proceso de participación ciudadana amparado en el Decreto 40/2012 y la Ley 19.300.

Dos días después, 10 vecinos se reunieron de forma independiente para revisar detalles del proyecto y decidieron iniciar una campaña contra éste- aunque actualmente los recursos de protección apuntan a la aprobación desde el SEA, que fue posterior al proceso de participación. Tenían más de una razón. Por ejemplo, el impacto vial y vehicular que, según Popelka, se sumará a las congestiones que se producen por el cementerio Parque Del Sendero, a unos 3 kilómetros de El Peñón, cuando hay funerales. A eso, añade el ruido que generará la circulación de los 504 camiones; la contaminación que emana de los tubos de escape; el levantamiento de polvo durante la construcción y la destrucción de tierra fértil apta para el cultivo.

Respecto de las medidas de mitigación que cuidarían el medioambiente, Walmart invertirá al rededor de 15 millones de dólares -8% de la inversión total- solo en acciones de este tipo. Entre ellas contemplan la construcción de un tramo incompleto de la caletera de la Ruta 5 en su costado poniente, que según la firma hoy hace falta en el sector. Aseguran que se harán cargo de un ramal que conecte con Calera de Tango; una nueva pasarela peatonal sobre la Ruta 5; la implementación en el costado de calle El Barrancón de una loma natural con 1.400 árboles nativos para aislar la acústica y no arruinar el paisaje. También, contemplan un plan de rescate de la fauna silvestre que hoy habita el predio, de manera de que pueda ser relocalizada adecuadamente, además de obras de forestación en otros terrenos.

Diego Lillo, abogado de FIMA -ONG y estudio jurídico ambiental- que patrocina algunos de los recursos de protección contra el SEA por el proyecto Walmart, explica que estas reclamaciones no son contra la empresa directamente, sino contra el llamado Informe Consolidado de la Evaluación (ICE): Documento administrativo previo a la Resolución de Calificación Ambiental, la que a su vez es el informe que un proyecto con impacto en el medio ambiente debe aprobar para ser ejecutado. Todo lo recién mencionado, recae en responsabilidad del Servicio de Evaluación Ambiental Metropolitano, que según los reclamantes y abogados, aprobó un proyecto que contribuye a la contaminación del entorno y que no respetó normas de participación ciudadana, aspecto que se detalla más adelante.

El abogado explica que el SEA ha aprobado un proyecto que no contempla mitigaciones suficientes para, por ejemplo, futuros problemas de tráfico por el recorrido de los camiones. En un inicio, se estimaba que los camiones circularan por camino El Barrancón, pero lo modificaron por reclamos de los vecinos. Walmart también propone levantar lomas de 10 metros de alto que tapen la vista hacia el interior y así no arruinar el atractivo paisajístico, mitigación que el SEA también aprobó. “El problema de la loma es que fue aprobada como medida de mitigación, pero si plantas un árbol sobre una duna, ésta va a ceder”, dice el abogado.

Otra medida de compensación, será el traslado de excedentes de tierra removida de El Peñón hacia terrenos en la comuna de María Pinto, además de la que se utilizará para las lomas: “Los 130.000 m3 de tierra producto de los escarpes serán utilizados para el Plan de compensación de suelos a realizar en María Pinto, y los 219.763 m3 de tierra producto de las excavaciones se utilizarán para realizar dos lomas paralelas al camino El Barrancón”, dice la Resolución de Calificación Ambiental. Pero ni a Doris Popelka ni al abogado Lillo les cuadra, pues una medida de compensación debería ser proporcional al impacto. “¿Qué tiene que ver María Pinto?”, se pregunta Popelka al respecto.

En los recursos también se pueden encontrar reclamos por la infracción al derecho a vivir en un medio libre de contaminación y al derecho a la igualdad ante la ley, ya que según los reclamantes, no se consultó adecuadamente a todos los vecinos antes de que el SEA aprobara el proyecto de Centro de Distribución El Peñón.

En esta arista-  impacto ambiental y otras consecuencias- también se han pronunciado las Seremis de Salud, Medio Ambiente, Transporte, Energía, Agricultura, Vivienda, Obras Públicas, Bienes Nacionales, etc. En el expediente del proceso de evaluación, suman 33 oficios. En el caso de la Seremi de Transporte, por ejemplo, durante el proceso de aprobación del ICE -que es el documento directamente acusado en los recursos de protección-, expresan su preocupación por la demora que pudiese tomar la extensión de la caletera; exigen un plan de contingencia en caso de que los camiones dañen el pavimento, y solicita a Walmart que sus camiones no circulen en horarios de alto flujo, aspectos que sí fueron considerados y que la empresa dice que cumplirán.

También hizo indicaciones y observaciones la Seremi de Salud, que en uno de los oficios enviados califica la actividad de Walmart en El Peñón como “molesta”, debido a lo residuos, sustancias a manejar y ruidos. Según explica el Director de Obras Municipales de San Bernardo, Cristopher Karamanoff, el suelo que ocupará la empresa es “de interés agropecuario mixto”, lo que quiere decir que las actividades industriales -como el Centro de Distribución- que son calificadas como “molestas” deben emplazarse en zonas industriales exclusivas, que no es el caso del predio involucrado en San Bernardo pues es zona rural.

Por lo anterior, es que la Dirección de Obras Municipales, así como toda la Municipalidad de San Bernardo, también se niegan a la construcción del Centro de distribución El Peñón. Si bien en un inicio el municipio cumplió, junto al SEA, con convocar al proceso de participación ciudadana, se sumaron a la oposición del proyecto tras un par de reuniones con los vecinos del Comité de Defensa. Además, uno de sus concejales -Leonel Cádiz- participó de las observaciones hechas durante el proceso y es, de hecho, uno de los reclamantes en los recursos de protección.

Según Cristopher Karamanoff, sus razones para oponerse como municipalidad y  Dirección de Obras Municipales, no son solo del tipo normativo: “Este proyecto, independiente de que cumpla con todo, igualmente va a impactar en la calidad de vida de las personas. Va a generar mayor flujo vehicular- y aunque se mitiguen en parte los va a generar igual-, va emitir material particulado, ruido, y muchas de las compensaciones que establece el Sistema de Evaluación Ambiental ni siquiera son dentro de la comuna”, explica a The Clinic. 

El SEA, por su parte, al cierre de esta edición no se ha pronunciado al respecto, pero sus razones para aprobar el proyecto están en la Resolución de calificación ambiental. En tal documento, que es básicamente el visto bueno para el proyecto de Walmart, indican que se aprueba el  Centro de Distribución El Peñón pues consideran que sí cumple con los requisitos de carácter ambiental y aprueban las medidas mitigantes propuestas por la empresa. Además, la resolución solicita que Walmart instale barreras acústicas y reconoce que será una actividad “molesta” -como calificaba la Seremi de Salud- pero no insalubre, peligrosa ni contaminante, por lo que puede emplazarse en la zona rural que es El Peñón. También, admiten un gran impacto en desmedro del aire, para lo cual sugieren la instalación de retenedores de polvo, humectación de superficie, lavados de ruedas de los camiones, que a su vez exigen estén cubiertos con tolvas, además de imitarlos a circular solo a 3 kilómetros por hora. Hay otro centenar de detalles que resuelven positivamente el proyecto que se pueden revisar en detalle aquí. 

¿A quién le preguntaron?

Otro panfleto llegó a la puerta de algunos vecinos de San Bernardo en mayo de 2015, citándolos para el 27 de ese mes a conversar y hacer las observaciones que habían conversado previamente al proyecto de Walmart. Esa vez, según Doris Popelka, asistieron 50 personas de la comuna que pudieron plantear inquietudes. El concejal Leonel Cádiz dice que en la instancia hicieron más de 400 comentarios, entre preguntas y observaciones: “Las respuestas fueron pésimas, por eso estamos apelando”. Después de esa reunión comenzaron a informar al resto de la comunidad y buscar apoyo de las autoridades. “Sumamos más concejales, al diputado Soto, y formamos una red grande de oposición al proyecto”, agrega Cádiz. “Ahí nos dimos cuenta que otros lugares alrededor no estaban informados”, cuenta, Popelka, presidenta del Comité de Defensa, refiriéndose principalmente a residentes de Lomas de Mirasur.

Ariel Martínez, residente de Lomas de Mirasur y presidente del Comité de Seguridad del sector, dice que él y sus vecinos supieron del proyecto de Walmart casi un año después del primer panfleto que llegó a los de San Bernardo Sur. “Fuimos convocados el día 3 de septiembre de 2016 por el Comité de Defensa a una actividad de buen vecino donde se nos alertó de este proyecto”, recuerda, y agrega que tras ese día, después de consultas y estudios, se dieron cuenta de un detalle que posteriormente no dejarían pasar desapercibido: “Nunca fuimos considerados como ciudadanos o vecinos en los estudios previos de la consulta ciudadana”.

Al mes siguiente, tras aparecer el caso en un reportaje de TVN durante octubre de 2016, Martínez recibió un llamado telefónico de Felipe Santibáñez, quien se presentó como jefe de relaciones comunitarias de Walmart: “Él me dijo que efectivamente no fuimos incluidos porque consideraron que no estábamos dentro del radio de influencia, porque nos separa una barrera natural del predio”. La barrera natural a la que se refería era la Ruta 5 Sur.

Martínez envió un correo a Santibáñez explicando que la comunidad de Lomas de Mirasur deseaba concretar una reunión informativa con Walmart y que se abriera otro proceso de participación. El representante de la empresa explicó que la apertura de otro proceso era facultad del SEA, y agregaba: “La participación ciudadana se realizó en Mayo de 2015, donde fue el propio Servicio de Evaluación Ambiental quien hizo la difusión a los invitados. Sin perjuicio de lo anterior, dicha participación ciudadana estuvo abierta a todo aquel que deseara asistir”. Pero a Lomas de Mirasur jamás llegó correspondencia a sus buzones ni puertas sobre el Centro de Distribución El Peñón, según coinciden Martínez, Doris Popelka y el abogado.

Junto con eso, Santibáñez procedió a explicar detalles sobre el proyecto, los empleos que generará, las reuniones que ya habían sostenido en 2015, las medidas de mitigación de impacto ambiental, entre otros aspectos. Para Ariel, la respuesta dejó en claro que no podían hacer nada más en relación a Walmart, por lo que se dirigió al SEA. Solicitaron dos veces participar en las indicaciones y observaciones al proyecto, pero dice que el SEA se las rechazó por estar fuera de plazo -que había caducado el año anterior, en 2015.

Un par de meses después de emitido el el reportaje,el SEA aprobó el 16 de diciembre de 2016 el proyecto para Centro de Distribución El Peñón. Esto, fue el puntapié final par que los vecinos, la municipalidad de Calera de Tango, San Bernardo y el diputado Soto, se organizaran para presentar los cinco recursos de protección contra el SEA. Por ahora le queda esperar, el 1 de febrero se deben presentar las reclamaciones administrativas ante un comité de ministros, cuya pronunciación permitiría lleva el caso al Tribunal Ambiental. El SEA, por su parte, indicó que no pueden pronunciarse a respecto por tratarse de una materia que se encuentra en pleno proceso de judialización.

Doris Popelka, espera que idealmente Walmart no se instale cerca de su parcela, o bien que se marque un precedente relativo al proceso e participación y cuidado del medioambiente. El concejal Cádiz afirma que el objetivo final es frenar a la firma a través de los reclamos ante la Corte de Apelaciones de San Miguel.

 

Nota de la redacción:
The Clinic le pidió al Servicio de Evaluación Ambiental su opinión sobre este tema pero no respondieron hasta que la nota ya había sido publicada. La siguiente es una aclaración que enviaron el pasado 13 de enero: “En la nota publicada en su medio, citan que el SEA ha aprobado un proyecto(…) Al respecto cabe señalar que, quien califica un proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la región en la que se realizarán las obras materiales, es la Comisión de Evaluación respectiva, en este caso la Comisión de Evaluación de la Región Metropolita. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley N° 19.300, el que dispone que “Los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Intendente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación, y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario”. En este sentido el Servicio de Evaluación Ambiental no calificó el proyecto, ya que no tenía competencias para ello”.