El lunes a las 10.30 horas, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, recibió a tres de los fiscales que investigan la arista penal de causas relacionadas con el financiamiento ilegal de la política.

El objetivo del encuentro, al que fueron convocados Pablo Gómez, por SQM; Manuel Guerra, por el caso Penta, y Julio Contardo, por Corpesca – junto a sus equipos de colaboradores- fue conversar respecto de los criterios utilizados a la hora de indagar los delitos que han mantenido en vilo a los integrantes del Congreso y a quienes formaron parte de las campañas presidenciales. Específicamente, se planteó el grado de avance en las distintas causas y los delitos que se pueden imputar frente a la emisión de boletas ideológicamente falsas entregadas por personeros relacionados a dirigentes políticos.

Según fuentes consultadas por The Clinic Online, la disparidad de visiones respecto del alcance de las indagatorias fue explícita entre los persecutores. Por un lado los fiscales encabezados por Guerra -entre ellos Carlos Gajardo, que destapó el caso Penta- y Contardo están a favor de que la Fiscalía presione por demostrar que hubo cohecho en la entrega de dineros a políticos; por otro, Gómez, aseguró que no tiene antecedentes suficientes para mantener el cargo de cohecho al exsenador y exministro, Pablo Longueira, y que -a una semana de que venza el plazo de investigación de la arista royalty del caso SQM-, lo más probable es que opte por una figura distinta: negociación incompatible.

En un inicio, el Ministerio Público imputó, en calidad de autor y con carácter de reiterado, a Longueira por los delitos tributarios y cohecho y quedó con arresto domiciliario. En aquella audiencia, Gómez aseveró que Longueira requirió y obtuvo cerca de $700 millones de Soquimich para financiar la Fundación Chile Justo, la Fundación Web y sus campañas políticas.

Además, durante la tramitación del royalty minero hubo un intercambio de correos entre Longueira y el exgerente general de la minera, Patricio Contesse, en que este redactó un artículo de la ley.

Fuentes que participaron de la cita recalcan que Abbott, a diferencia de Gómez, coincide con Guerra y Contardo en que la Fiscalía debe acusar cohecho en los tres casos investigados y llegar a juicio con estas imputaciones, de modo que sean los tribunales los que resuelvan si se sustenta o no ese delito. Otro camino, aseguran, es “entregarle impunidad” al expresidente de la UDI.

“Más allá de los argumentos jurídicos respecto de lo complejo que puede ser condenar por cohecho, existe el deber ético de sostener la acusación. Sería inentendible proceder de otra forma”, detalla una de las fuentes consultadas, que precisa que Gómez insistió en el encuentro en que su caso es “débil”.

Ante esta situación, la posibilidad de adoptar “una sola línea”, que era la finalidad real de la cita –en especial porque Penta termina la investigación el 4 de marzo y SQM el 30 de abril-, no se consiguió, aunque las fuentes consultadas aseguran que al menos se avanzó en conocer en qué está cada causa y en qué pie están los fiscales de los procesos políticos.