El Informe de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía concluyó que entre las medidas para encontrar la paz y el buen camino en la Región de La Araucanía, es vital que la Presidenta Michelle Bachelet pida perdón a nombre del Estado a todas las víctimas de la violencia registrada en la zona.

Según consigna La Tercera, la instancia apuntó que “la Presidenta de la República debiera manifestar públicamente, en representación del Estado de Chile, una petición de perdón, por las consecuencias que ha provocado este conflicto a todas las víctimas de la violencia en la región”.

El grupo presidido por el obispo de la Diócesis San José de Temuco, Monseñor Héctor Vargas Bastidas, enfatizó que este perdón -parecido al realizado en 2014 por el ex intendente Francisco Huenchumilla, representa el “punto de partida” para poder luchar por la paz social en la zona.

Añadió el documento que “en primer lugar corresponde al Estado reconocer sus errores, pedir perdón y poner en marcha políticas de corto, mediano y largo plazo para reparar a la región”.

El ente detalló que “es posible advertir la existencia de un resentimiento de los sectores en conflicto en La Araucanía con el Estado. Se requiere asumir que se han tomado medidas equivocadas que lejos de atenuar, han agudizado la postergación de la región… En este sentido se ha optado por poner la reparación de las víctimas en primer lugar considerando la dramática situación que ellas enfrentan y que amerita medidas inmediatas”.

En este punto se propone crear la Comisión de Reparación, una Fondo de Reparación y un registro de las víctimas, puesto que “la violencia no es nunca el camino para conseguir resultados políticos […]. Debemos insistir en el diálogo intercultural como el mejor mecanismo para construir el futuro que demandan quienes se asentaron en este territorio interétnico”.

“La profesionalidad que supondrán estos procesos generan la necesidad de que la configuración y administración de dicho padrón sean de responsabilidad del Servicio Electoral”, afirma el escrito, al mismo tiempo que aclara que este tipo de medidas debe pasar por un proceso de consulta.

Vale decir que dicha comisión propone además la representación en el Congreso de los Pueblos Indígenas:

Para llevar a cabo su trabajo se organizó en cuatro subcomisiones relativas a Historia, Cultura y Educación; Reconocimiento y Paz Social; Desarrollo Productivo Sustentable; e Institucionalidad y Legislación, cada una de las cuales abordó temáticas específicas. “Si bien la implementación de esta medida genera desafíos, implica un esfuerzo adicional del Estado (…) En caso de implementar esta medida, las cifras actuales de participación política de los pueblos indígenas son claras, ya que siendo aproximadamente el 10% de la población nacional, los indígenas tienen una representación parlamentaria inferior al 2% (2 diputados)”, concluyó.