La construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos para frenar la entrada de inmigrantes indocumentados y el endurecimiento de los requisitos de entrada en algunos países europeos están propiciando que muchos ciudadanos latinoamericanos vean en Chile un destino promisorio.

En los últimos dos años se ha producido un paulatino incremento de la llegada de ciudadanos procedentes de Colombia, Haití, República Dominicana, Perú y Bolivia.

A pesar de ello, Chile sigue teniendo una tasa de inmigración relativamente baja, del 2,8 %, frente al 3,1 % de la media mundial, el 4,8 % de Argentina y el 13 % de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

“Chile es una tierra de inmigrantes. Algunos parecen olvidar que somos un país que se ha construido desde la diversidad y que durante su historia ha sabido recibir el aporte de miles de extranjeros”.

Estas palabras, pronunciadas por Michelle Bachelet durante un acto del Servicio Jesuita a Migrantes, no fueron fruto del azar. Tenían como destinatarios a Sebastián Piñera y la oposición.

A finales de noviembre pasado, Piñera instaló el debate en la opinión pública al afirmar que muchas de las bandas de malhechores que operan en Chile están integradas por extranjeros y se especializan en delitos como narcotráfico, lavado de dinero y clonación de tarjetas de crédito.

El expresidente, a quien las encuestas dan como favorito para ser reelegido en los comicios de noviembre próximo, habló incluso de la necesidad de endurecer la normativa que regula inmigración, una idea con la que coincidió el senador derechista Manuel José Ossandón, quien también aspira a la Moneda.

La derecha política respaldó inmediatamente la idea y comenzó a estudiar proyectos de ley para endurecer las normas de inmigración. Sin embargo, la afirmación de Sebastián Piñera no es del todo exacta.

Según datos oficiales, en Chile viven actualmente 465.000 inmigrantes, lo que representa el 2,3 % de la población total, pero solo el 1,3 % de la población reclusa es de origen extranjero.

Un informe del Centro de Estudios Públicos de Chile señala además que los inmigrantes latinoamericanos que llegan a Chile poseen un nivel educativo superior al promedio de sus países de origen e, incluso, al de los chilenos.

Y sus salarios son un 28 % más altos que los de los trabajadores locales, refleja la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional.

Pero el hecho de que los inmigrantes tengan una buena formación no evita que el 75 % de los chilenos esté a favor de restringir su entrada en el país, frente al 24 % partidario de mantener una política de puertas abiertas.

Y ello, a pesar de que 900.000 chilenos residen actualmente en el extranjero, es decir, casi el doble de los 465.000 inmigrantes llegados al país (un 2,3 de la población).

El planteamiento de los dos eventuales candidatos presidenciales de la derecha obedece, según ellos, a la necesidad de regular una situación que hoy es una realidad incuestionable.

Y aunque ambos han recalcado que los inmigrantes legales son bienvenidos, sus palabras han provocado el rechazo del Gobierno y la coalición oficialista Nueva Mayoría.

La alianza opositora Chile Vamos se defiende de las acusaciones de xenofobia y asegura que ellos no asocian delincuencia con inmigración, pero sostienen que ahora se cometen delitos en el país que hasta hace poco eran desconocidos.

La derecha reprocha al Gobierno de Michelle Bachelet no haberse hecho cargo del problema y recuerda que cuando Sebastián Piñera era presidente, envió un proyecto al Parlamento para modificar la Ley de Migración, que data del año 1975.

La normativa sobre migración actualmente vigente fue creada en momentos en que Chile vivía inmerso en conflictos geopolíticos con sus tres vecinos y el régimen militar consideraba que los extranjeros eran un problema, incluso una amenaza.

Para dotar al país de una ley que responda a las actuales necesidades, el Ejecutivo ha anunciado que el mes que viene enviará al Congreso un proyecto de ley de migraciones que crea un Registro Nacional de Extranjeros -de carácter reservado- y define un catálogo de derechos y deberes en materia de salud, educación y trabajo.

La normativa flexibiliza el ingreso y permanencia de los inmigrantes en el país y establece que la comisión de un delito no obligará a una expulsión inmediata.

De una u otra forma, el debate global por la inmigración también ha alcanzado a la carrera presidencial en el considerado como el país más avanzado de la región.

Si meses atrás, la elección de Donald Trump en Estados Unidos y el “brexit” en Gran Bretaña tuvieron como factor común un discurso contra los inmigrantes, hoy el tema impacta en el debate político chileno.