Rafaella (20) se maquilla, camina con tacos altos, se depila las piernas y barba, usa aros colgantes y cartera. Es una trabajadora sexual transgénero que ofrece sus servicios bajo una apariencia femenina pero con pene y testículos. Debe enfrentar el prejuicio de clientes que han creído que es drogadicta, delincuente y propagadora de VIH Sida- como uno que atendió la semana pasada. Otros han pensado que es prostituta porque es transgénero, o viceversa. “A varios clientes les he tenido que explicar que yo no soy puta por eso. Les digo que soy scort porque me gusta, y les cuento que de hecho empecé antes de ser trans”, agrega. Solo atiende a domicilio o en hoteles, jamás en la calle. Teme tener problemas con la policía, los transeúntes, u otras autoridades, ya que es una actividad ni permitida ni prohibida.  Aún así,  gana más de un millón de pesos al mes, pero es plan A en Fonasa, no tiene seguro laboral de salud, y tampoco cotiza en una AFP.

Se dedica a este “rubro” hace dos años en Santiago, cuando viajó de su natal Concepción para empezar todo de cero, en febrero de 2015. Llegó antes de comenzar a maquillarse y vestirse como mujer, con 18 años y algo de plata para arrendar una pieza en Estación Central. Años antes, viendo la teleserie de TVN “El diario de una profesional”, había despertado su interés por, al menos, intentar algún día ofrecer sexo a cambio de plata, cosa que pudo concretar al llegar a la capital.

“Llamé a un amigo que antes era scort para que me ayudara, ahí me dijo “ya, pon un anuncio en internet y un teléfono“. Me conseguí 15 lucas con una tía y me compré un teléfono. Busqué unas fotos en internet de un chico que se pareciera a mi pero solo que se viera de espalda, no la cara. Mi primera pega fue al día siguiente de publicarme la primera vez. Era un señor en Los Domínicos”, recuerda Rafaella sobre sus comienzos. Entonces, atendía como hombre y bajo el pseudónimo de Cameron. “Estuve 20 minutos y salí feliz. Pensé “este es el trabajo que quiero“. El cliente quedó muy feliz, hasta me dio propina aparte de las 50 lucas”, agrega sobre ese día.

Tiempo después decidió transitar de género y ofrecer servicios como una persona con anatomía de hombre pero apariencia femenina. Así, se ha pasado de presentarse como Cameron y Alejandro, y luego como Mariana y finalmente Rafaella.

UN TRABAJO QUE NO EXISTE

Rafaella no cotiza en ninguna AFP para su jubilación, es fondo A en Fonasa y no tiene seguro de salud en caso de accidentes laborales o algo similar. Eso, a pesar de que al mes pueda llegar a ganar $1.200.000. “Con lo que gana podría tener Isapre de hecho”, dice una amiga que la acompaña. “Yo gano más de 1 millón pero no puedo arrendar departamento, porque tendría que contarle a la dueña que soy scort, generalmente piden papeles de boletas o contratos”, explica, y agrega que de hecho no tiene casa ni departamento donde vivir: “Arriendo departamentos que son para scort, los dejan en cuarenta lucas al día. Tampoco tengo plan de salud. Todavía no puedo hacer mi terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, porque tengo que ir sí o sí al endocrinólogo de un hospital por lo de Fonasa”. Lo anterior sucede porque el fondo A solo puede atenderse en el sistema público, por lo que Rafaella lleva esperando una hora de atención desde el 4 de noviembre.

A pesar de su sueldo, hay meses en que su billetera flaquea y los clientes llaman menos. Ha pensado en salir a parar autos en una esquina para obtener dinero, pero no se atreve, prefiere atender solo a domicilio o en hoteles. “En la calle estás más expuesta a todo, no solo a la policía, a la gente que hay en la calle, a las otras chicas, a clientes que aparecen por ahí, a todo”, explica, agregando que la discriminación es otro factor al que se vería expuesta. Según la última investigación de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica (ver nota sobre el estudio), que agrupa a 15 países, concluye que en su rubro las mujeres suelen estar altamente expuestas a abusos de autoridad y discriminación por el tipo de trabajo que realizan, y la causa principal es la desregulación institucional.

Efectivamente, en la calle o un prostíbulo puede verse expuesta a las autoridades, ya que en Chile la prostitución no está expresamente permitida, pero tampoco prohibida. Mucho menos está protegida con seguros de salud o cotizaciones ante una AFP. Sin embargo, hay más de una figura legal que regula ciertos aspectos del comercio sexual en Chile. Por ejemplo, la misma Constitución estipula que toda persona puede desarrollar cualquier actividad económica y ejercer un trabajo a libre elección, siempre y cuando no se oponga a “la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así”.

Como ninguna ley lo prohíbe, entonces se puede ejercer la prostitución, pero hay algunos inconvenientes: el Decreto 725 del Código Sanitario dice, explícitamente, que se prohíbe la agrupación de personas trabajadoras sexuales en prostíbulos cerrados y casas de tolerancia. Esto último, con el objetivo de evitar la propagación en enfermedades de transmisión sexual (ETS), asumiendo que dicho sector sería un gran portador de éstas. El mismo decreto otorga facultades a Carabineros para vigilar el cumplimiento de esta normativa. También existe la Ley 20.507, que castiga la trata de personas y explotación sexual.

Desde Fundación Margen, quienes se definen como una organización defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales, aseguran que, a fin de cuentas: “El único derecho social al cual podemos acceder es el Control de Salud Sexual que si bien es voluntario, parte de la base de que las trabajadoras sexuales somos el foco de infección”. Dicho procedimiento médico que mencionan, busca prevenir y disminuir la transmisión del VIH sida y otras ETS, garantizando el acceso al diagnóstico, control y tratamiento. Ese cliente que Rafaella atendió hace una semana, también creía que, además de robarle, le podría contagiar alguna enfermedad. Ella explicó que siempre trabaja con preservativo, y que en todo caso está sana.

Cuenta que, además, debe sortear peleas y discusiones con conserjes de los edificios de clientes que la contratan a domicilio. Ven a una mujer con un carnet con la letra “M”, la miran raro, le preguntan por qué ella y su carnet no coinciden. En lugares públicos, evita ir al baño. Solo en urgencias entra al de mujeres, y también la observan morbosa y detenidamente, porque no saben si entró un hombre o una mujer. A veces el debate es con sus propios clientes: “Me pasa mucho que me pongo a conversar con ellos para explicarles que no necesito vagina para sentirme mujer, que me gusta vestirme así. Me doy el tiempo de educarlos”, cuenta, recordando que al cliente escrupuloso de la semana pasada también le explicó sobre su género y sexualidad. El hombre le agradeció no solo haber tenido sexo, si no también la explicación, situación que para Rafaella es rutina de cada atención que no cobra extra.

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Con todo este marco legal, igualmente la prostitución no está dentro de los puestos de trabajos que, oficialmente aportan a la economía del país -por ejemplo, no influye en las cifras que entrega el PIB, ni en las estadísticas sobre empleo y desempleo. Finalmente se trata de un trabajo clandestino, ya que no pueden agruparse, y por lo mismo es que no tienen acceso a seguros de salud en casos de accidentes laborales; no cotizan para su jubilación; y tienen más dificultades para postular a viviendas sociales. En definitiva, no existen para la ley laboral.

“El hecho de que nuestro trabajo esté desregulado permite que se criminalice y victimice a las trabajadoras sexuales, en el primer caso se nos trata como delincuentes o narcotraficantes, poniéndonos a merced de algunos funcionarios policiales abusivos y en el segundo caso, tratándonos como si siempre fuésemos víctimas de trata o de explotación sexual, exponiéndonos a allanamientos abruptos y agresivos”, explican desde Fundación Margen.

Rafaella debe sortear todo lo anterior, sumado a su condición trans que cuando inicie su reemplazo hormonal implicará dificultades para cambiar su nombre y sexo de nacimiento en el carnet; un gran gasto de dinero en fármacos para el tratamiento hormonal y una serie de exámenes psicológicos. Además, ser transgénero o transexual, en términos técnicos, es una patología mental denominada “trastorno de la identidad de género” en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS – el sistema de salud chileno utiliza las clasificaciones de ese documento- o también “disforia de género”. De todas maneras, la OMS anunció a fines de enero de 2017 que dejarán de registrarlo como un trastorno y lo llamarán “incongruencia de género” en la próxima actualización del CIE, fechada para 2018.

Por su parte, el Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos sostuvo una reunión con Fundación Margen en diciembre de 2016 en donde se conversaron los riesgos que presencia el comercio sexual y eventuales soluciones. Desde la entidad aseguran que es un tema en agenda, pero no mencionaron medidas o proyectos en específico. Desde la Subsecretaría del Trabajo prefirieron no referirse pues no es un código económico en el SII y no hay una relación laboral en que coexista un empleado y empleador.