En octubre de 2010 un grupo de senadores, diputados y alcaldes de las comunas de Santiago se embarcaron a la Expo Shanghai 2010, donde Chile tenía un pabellón con atracciones locales en la feria universal. El viaje fue financiado por la empresa Aguas Andinas, que cubrió los gastos de pasajes, hospedaje, traslados y alimentación de los 25 invitados.

Uno de los integrantes de la comitiva fue el actual senador por Santiago Oriente, y por ese entonces alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón quien no recordó este periplo el lunes pasado cuando le dio con todo a la empresa sanitaria en una entrevista con CNN Chile y aseguró que la compañía había “mojado” a políticos de todos los sectores.

“¿No da para reflexionar hoy día que Aguas Andinas, una empresa que depende su precio por el Estado o el gobierno de turno, los proyectos de inversión a futuro y los proyectos de preparación y de servicio, haya ‘mojado’ a todos los sectores políticos, candidatos y no candidatos?”, dijo.

En la misma intervención, el precandidato presidencial aseguró que el comportamiento de parlamentarios con la empresa “se debe investigar, porque esta relación es muy complicada”. “Bueno, cuando uno pasa plata a todos los sectores tiene amistad, tiene otra relación”, remató.

Tras la crítica formulada, The Clinic Online contactó a Ossandón para que se pronunciara a propósito de la invitación que aceptó siete años atrás a la misma empresa que hoy fustiga. A través de un colaborador, luego de excusarse por su estado de salud, el también exalcalde de Pirque afirmó que su razón para aceptar el viaje pasó por una negociación que mantenía con Aguas Andinas en 2010, cuando intentaba obtener un terreno ubicado en Puente Alto bautizado como “Balneario Municipal”.

Sus dichos, sin embargo, salpicaron a un amplio espectro de políticos nacionales, sin distinguir colores. Por ejemplo, otro parlamentario que aceptó la invitación hecha por la empresa fue Fulvio Rossi, quien en 2010 se desempeñó como Presidente interino del Partido Socialista y diputado del Distrito N°2.

Consultado por este medio, Rossi descartó los dichos de Ossandón y afirmó que lo ocurrido siete años atrás no marcó su conducta con la empresa. “A mí nunca me ha contactado nadie de Aguas Andinas para ningún propósito, ni siquiera para un diálogo abierto sobre temas regulatorios. Denuncias como esas me parecen súper graves, habría que investigar quiénes recibieron estos recursos que él apunta, porque al menos yo nunca lo he hecho”, señaló el parlamentario.

Al consultarle por el viaje a Shanghai, el actual senador representante de Iquique mencionó que “efectivamente hubo una invitación ocurrida en 2010 al pabellón chileno, pero jamás posteriormente a eso he sido contactado por ellos. ¿Si lo pagó la empresa totalmente? Sí, parece que sí”.

“Se vivían otros tiempos distintos a los actuales, ese tipo de situaciones no se veía con la desconfianza que se ve hoy día. Era algo bastante extendido”, finalizó.

Por su parte, el senador Felipe Harboe, otro asistente a la feria en China, confirmó que el viaje contó con el visto bueno de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, ya que se trataba de una invitación de carácter público, abierta y transversal.

“Nos dijeron que no había problema, que se podía realizar, pero que si había alguna votación en particular sobre dicha empresa, obviamente nos abstuviéramos. Y no sólo eso fue lo que hice, sino que después, cuando se produjo la venta en el gobierno de Sebastián Piñera de las acciones que mantenía el gobierno (Corfo) en Aguas Andinas, salí a criticar duramente porque me parecía que era inaceptable que se desprendiera de casi el 30% de las acciones de Aguas Andinas sin ningún tipo de licitación pública y terminando con la posibilidad que tenía hasta ese momento de que el gobierno tenía uno o dos directores dentro del directorio de Aguas Andinas y con la operación Larroulet -como se llamó- se terminaron”, dijo.

El senador PPD hizo referencia a la última venta que realizó Corfo de paquetes accionarios de las cuatro empresas de servicios sanitarios en las que participa: Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal. El remate de acciones ocurrió en junio de 2011, tras la autorización del expresidente Piñera bajo el argumento de destinar la recaudación a la reconstrucción del 27 F.

La operación recaudó 948 millones de dólares y dejó ese paquete accionario -cerca de 30% de cada una de las compañías- en grupos como los canadienses Ontario Tech (OTPPB) y los grupos chilenos Luksic y Bethia, quienes luego volvieron a desprenderse de dichas acciones.

“Probablemente, si esa enajenación no se hubiera hecho, hoy día habría uno o dos directores representantes del gobierno que pudieran haber presionado, por ejemplo, para hacer las inversiones que no se hicieron”, agregó.

Consultado sobre los dichos de Ossandón, el senador Harboe señaló que “hay cierta irresponsabilidad en los dichos de Ossandón. No es nada nuevo y yo entiendo que él está en una disputa con Piñera, pero así y todo, no siendo piñerista ni mucho menos, a mí no me parece que él tire una imputación al voleo. Si tiene antecedentes, tiene que denunciar a la justicia, que es lo que corresponde”.

Otros dos asistentes al viaje de 2010, miembros de la oposición y por tanto pertenecientes al mismo sector político de Ossandón, declinaron referirse a la polémica. Uno de ellos explicó la visita a Shanghai como una exclusiva oportunidad para conocer el pabellón nacional, y descartó que fuera una acción que influyera sus futuras posturas frente a diligencias que involucraran a la empresa sanitaria.

Por su parte, al momento de ser abordado, el segundo parlamentario involucrado aseguró que “no recordaba el viaje a China”. Minutos más tarde, sostuvo que si se tratara de una operación con segundas intenciones, no se habría conocido los nombres de los invitados, pues argumentó que el viaje tuvo características meramente formales. Admitió, eso sí, que una acción similar sería imposible de realizar con la actual Ley de Lobby.

Por último, el actual intendente de la Región Metropolitana y alcalde de Peñalolén a la fecha del viaje, Claudio Orrego, también formó parte de la lista que concurrió al país asiático. Sin embargo, al ser contactado en diversas ocasiones por este medio, su equipo no se refirió al tema.

Tramitación de proyectos

Uno de los parlamentarios que criticaron la acción del gobierno ante la emergencia del último fin de semana en la Región Metropolitana fue el timonel de RN, Cristián Monckeberg, quien desde su cuenta de Facebook culpó al Gobierno de no apoyar un proyecto presentado por el exintendente de Santiago Juan Peribonio, en 2013, para enfrentar una crisis de esta magnitud.

“El año 2013 cuando se cortó el agua como ahora, el gobierno dejó aprobada la construcción de un pozo de acumulación de agua para abastecer Santiago durante 48 horas, demoraría un año la construcción. ¿Alguien puede responder porque el actual gobierno no lo hizo operativo?, ¿o acaso lo dejaron sin efecto? Para refrescar la memoria fue un proyecto impulsado por el ex intendente Juan Peribonio Poduje con participación de Aguas Andinas y supervisión del MOP. ¿Otra inoperancia?”, dijo en su perfil.

En marzo de 2013, luego de esa emergencia a la que aludió Monckeberg, un grupo de senadores de RN ingresó un proyecto con ese fin, pero fue archivado dos años después sin mayor tramitación.

Y últimamente, apenas en agosto pasado, un grupo de parlamentarios UDI ingresaron un proyecto de ley “que obliga a las empresas sanitarias a reponer la infraestructura para percibir el servicio de agua potable en caso de destrucción por causa mayor”.

La iniciativa no ha tenido avance. Tampoco ha tenido movimiento desde su presentación -en mayo de 2016- otro proyecto que “modifica la ley General de Servicios Sanitarios para hacer responsable a las empresas de agua potable del mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado en los condominios de viviendas sociales”, presentado por parlamentarios DC, PRSD y RN.

Otro proyecto olvidado -ingresado y sin movimiento desde su ingreso a la comisión de Obras Públicas en enero de 2016- es uno presentado por diputados DC y UDI que “modifica la ley General de Servicios Sanitarios para exigir a las empresas prestadoras de servicios sanitarios el otorgamiento de garantías a los municipios por obras de instalación de infraestructura sanitaria”.

El único proyecto que sí ha agitado las aguas es uno que, coincidentemente, ayer se discutió en la comisión de Obras Públicas del Senado. Se trata de uno aprobado en la Cámara en diciembre pasado que busca rebajar las cuentas de aguas con las utilidades de las empresas por servicios no regulados, eliminar la garantía de que a todo evento las sanitarias tengan una rentabilidad mínima de un 7% y el aumento de las multas por no responder de manera eficiente con la entrega del servicio, con pagos de hasta 5 veces el costo del servicio no entregado y eliminar el cobro de la reposición suspendidos por no pago.

La aprobación de ese proyecto, que emanó desde la comisión de Recurso Hídricos de la Cámara de Diputados, enfrentó al gobierno con los legisladores hace apenas dos meses. En esa oportunidad, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que esa iniciativa generaba una “incertidumbre regulatoria” y que no contaba con el apoyo del Ejecutivo.

Ayer, cuando los senadores de la comisión de Obras Públicas retomaron ese debate, se resolvió enviar oficios a los ministerios de Hacienda y el MOP para confirmar la posición del Ejecutivo respecto de este tema, con la asistencia de ambos secretarios de Estado en esa instancia.

Sin embargo, un senador PS señaló que el tema de la regulación a los servicios sanitarios se va a abordar “con este proyecto, con indicaciones o indicaciones sustitutivas o con un nuevo proyecto”. Además, agregó que -con respecto a las últimas emergencias- la fiscalización que ha llevado adelante la Superintendencia de Servicios Sanitarios en materia de inversiones y tarifas es deficiente.

“Es un sector demasiado relevante como para que no revisemos una legislación que hoy está cumpliendo 20 años”, dijo.