Tiene donde caerse muerto, pero nada más. José González, un exoperario del Cementerio Católico fue despedido sin indemnización hace dos años y desde entonces sus certezas financieras se reducen a la posesión de un nicho -gracias a la gestión del sindicato al que perteneció- en el mismo lugar donde trabajó más de 35 años.

González es uno de los trabajadores que interpuso demandas contra Acoger Santiago y el Arzobispado de Santiago, la entidad que concesionó su comercio sepulturero en 2005, pero que sigue teniendo un poderío absoluto sobre la administración del camposanto.

El negocio estuvo a un paso de derrumbarse el 2015, tras las gestiones reconocidas de la Iglesia chilena -que tiene a la cabeza al cardenal Ricardo Ezzati- para que la sociedad quebrara y librarse así de sus socios en el negocio mortuorio. Pese a este impasse, el año pasado la sociedad pudo levantar su liquidación y continuó con el negocio fúnebre católico.

Las “cascadas” del Cementerio Católico

Los despidos de los trabajadores del Cementerio Católico comenzaron a fines de mayo de 2015, tres semanas después de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara la quiebra de la empresa Acoger Santiago S.A., cuando la síndico de quiebras Loreto Ried tomó la medida administrativa.

En ese entonces, un grupo de ellos -sepultureros, jardineros, personal de aseo- demandó a la empresa para conseguir el pago de sus indemnizaciones. Varios llevaban cerca de 40 años en el camposanto, es decir, estaban desde mucho antes de que se creara la quebrada concesionaria del negocio fúnebre.

José González recuerda la precariedad laboral que atravesó cuando Ried tomó las riendas del asunto y se hizo cargo del cementerio.

“La síndico (Ried) nos hizo una continuidad de giro porque ella supuestamente tenía que seguir con las funciones porque era un cementerio y no una empresa. Ella nos dijo que deberíamos seguir porque sabíamos el teje y maneje de todo lo que hace dentro de un cementerio. El contrato fue por un año y luego salimos sin nada, sin ninguna remuneración” ,explica el exoperario.

Es por eso que para lograr el pago de ese dinero, los trabajadores buscaron acreditar la unidad económica del multirut que integran las sociedades Acoger y el Arzobispado de Santiago, que se ubica a la cabeza de las demás compañías.

Y en ese modelo viene “aguas abajo” la Fundación de Cementerios Católicos de Santiago -continuadora de la ahora extinta Fundación Acoger-, la sociedad San Arturo S.A. y las sociedades Acoger Santiago S.A., y las filiales Acoger Futuro S.A., Acoger Servicios Inmobiliarios S.A. y Acoger Servicios Funerarios S.A.

Esquema presentado por el abogado Álvaro Molina en la demanda antisindical contra Acoger Santiago y el Arzobispado de Santiago.

Todas ellas, son de la misma Unidad Económica, según un fallo del 16 de marzo de 2016 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, aun cuando la Iglesia trató de acreditar lo contrario. “Se tiene absoluta claridad, del estudio de los estatutos de las personas jurídicas demandadas, que el controlador de este grupo de empresas es el Arzobispado de Santiago, que es la autoridad máxima representativa de la Iglesia Católica en el país”, dice la sentencia del Juzgado Laboral.

En ese documento se da cuenta de los intentos del Arzobispado de evadir la responsabilidad sobre el camposanto. Ahí explicaron que si bien el Cementerio Católico fue creado el año 1883, y desde entonces entregó servicios funerarios para los fieles de esa religión, desde 1909 la administración estuvo a cargo de laicos, siendo la propiedad del inmueble de siete parroquias y del mismo Arzobispado de Santiago.

Desde ahí la operación del Cementerio Católico no tuvo cambios por casi un siglo. Pero la estructura se modificó el 29 de agosto de 2003, cuando la autoridad eclesiástica creó mediante un decreto arzobispal la Fundación Acoger, una persona jurídica de derecho canónico que tenía como fin resguardar los intereses del Arzobispado en el negocio fúnebre.

Posteriormente, el 14 de julio de 2005, esa misma fundación creó una sociedad denominada Acoger Santiago S.A. en conjunto con la sociedad San Arturo S.A., controlada por el empresario Álvaro Fuenzalida Lizana. Y tres meses después, le entregó la concesión del negocio.

Según el abogado que representa a los trabajadores, Álvaro Molina, “la Fundación Acoger, que era la que tenía todo el cementerio y toda la explotación del negocio por decisión del Arzobispado, hace un contrato de concesión con la sociedad Acoger Santiago que es la sociedad del cual ella misma era socia. En tanto, básicamente, lo que hacen ahí es una figura donde los cementerios pasan de un bolsillo a otro. La tenían en el bolsillo de la fundación y lo traspasan al bolsillo de la sociedad Acoger de la cual soy socio, o sea, también dueño”.

En esa sociedad, la Fundación Acoger tiene un 7% de las acciones y San Arturo S.A. un 93%. Por eso la curia alega no tener mayor injerencia sobre la operación de esa empresa y sus filiales. Sin embargo, en el tribunal laboral se demostró que el Arzobispado de Santiago tiene el sartén por el mango.

En primer lugar, las acciones de la Fundación Cementerios Católicos son Clase B y tienen una serie de prerrogativas que le dan un poder absoluto al interior de la empresa. Esto, dado que el directorio de la Fundación canónica está compuesto por el Vicario general y Moderador de la Curia, el Vicario Episcopal de la zona centro, el Administrador de bienes del Arzobispado de Santiago, un miembro del Consejo de Asuntos Económicos elegido por el Arzobispo de Santiago y un miembro designado libremente por el Arzobispo.

Y a su vez, en su modelo “aguas abajo”, la fundación tiene un representante nombrado por el Arzobispado en el directorio de Acoger Santiago S.A., pero es un miembro del directorio con poder de veto en las decisiones más importantes de esa sociedad y que además tienen control sobre la publicidad que los administradores elaboren para captar nuevos clientes.

Además, los estatutos de la concesión establecen que quienes ostentan las acciones Clase B -el Arzobispado- “tienen derecho a pago preferente de los dividendos siempre que haya utilidades” y la posibilidad de obligar a San Arturo S.A. a comprar sus acciones si decidiera vendérselas.

Respecto a la conducción y administración del cementerio, el contrato señala que el concesionario “será el único responsable de la toma de todas las decisiones y de la conducción y administración del Cementerio Católico, que no requieran de Autorización Eclesiástica”. Un campo de acción bastante pequeño para un camposanto religioso.

Junto a eso, los terrenos que hoy están concesionados por 30 años, vuelven a la Fundación Cementerios Católicos de Santiago y estos, a su vez, volverían al Arzobispado si es que la Iglesia resuelve poner término a la persona jurídica de la fundación.

Es tanta la similitud que incluso, como dice la demanda paralela por prácticas antisindicales interpuesta por el abogado Álvaro Molina, el sindicato existente en la empresa no es interempresa, pero tiene afiliados de las distintas sociedades y ha negociado colectivamente con los administradores incluso después de la llegada de las filiales de la compañía.

La quiebra de mis “socios”

La demanda también dejó de manifiesto en el tribunal laboral las diferencias internas que han tenido el Arzobispado y San Arturo, ambos socios de Acoger Santiago S.A., desde 2014 en adelante.

¿La razón? una pugna por las ganancias del mismo negocio, que en teoría correspondían a las expectativas de dinero del negocio, pero también por una guerra interna revelada por The Clinic Online donde se detallan las operaciones de Corp y el exmoderador de la curia, Rodrigo Tupper, para incentivar la quiebra.

Los intentos de CorpVida y el cura Tupper por apoderarse del jugoso negocio fúnebre del Cementerio Católico – The Clinic Online

En esa instancia, previa a la resolución que decretó la quiebra, se comprobó que abogados de las empresas CorpVida y CorpSeguros -hoy parte del holding de la Cámara Chilena de la Construcción- presionaron junto a los abogados representantes de la Iglesia para agilizar las solicitudes de quiebra en contra de Acoger Santiago S.A.

Tras la publicación, el exsacerdote Rodrigo Tupper anunció que dejaría el cargo como Moderador de la Curia y, por consiguiente, su puesto en la Fundación de Cementerios Católicos. Y a pesar de haber negado las presiones para pedir la quiebra de Acoger, otro miembro del Arzobispado confirmaría los hechos.

Fue precisamente en el juicio que buscaba decretar la unidad económica de estas empresas cuando el administrador de bienes del Arzobispado, el diácono Ramiro Montesinos, lo reconoció en uno de las declaraciones que prestó al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el 11 de noviembre de 2015.

En esa oportunidad, Montesinos dijo que el Arzobispado sí había tenido injerencia en la quiebra de Acoger Santiago S.A.. “Las cosas empezaron a funcionar mal hace más o menos tres años atrás y se culminó cuando no pudimos renovar el Directorio, y desde ese momento nosotros tratamos de ver cómo podríamos terminar ese negocio y buscamos algunos operadores que pudieran ayudarnos. Eso fue”, dijo Montesinos y agregó que eso había ocurrido para quitar la concesión.

Testimonio de Ramiro Montesinos entregada en la causa judicial cuando fue interrogado por el abogado Álvaro Molina (a partir del minuto 4:20 reconoce que el Arzobispado de Santiago tuvo injerencias para que la sociedad Acoger Santiago S.A termine quebrantada).

Tal como la Iglesia lo buscó, la quiebra ocurrió el 4 de mayo de 2015 y, tras ello, la síndico de quiebras Loreto Ried tomó la administración y despidió a todos los trabajadores contratados por Acoger Santiago S.A., pero no a los contratados por Acoger Futuro o Acoger Servicios Funerarios, que no quebraron.

Ahí surgió, tras el despido, la demanda de 20 trabajadores -curiosamente los más antiguos y más organizados sindicalmente- para el cobro de sus indemnizaciones por despido improcedente. Luego de ello, la empresa quebrada con continuidad de giro ofreció un nuevo contrato de trabajo a plazo fijo, que culminaba el 27 de agosto de 2016.

Antes de que se cumpliera esa fecha, en abril de 2016, los acreedores aprobaron un convenio judicial para poner término al estado de quiebra. Así la administración fue recuperada por los socios originales, los que una vez que se cumplió llegó agosto, notificaron a los trabajadores de su despido y le ofrecieron un nuevo anexo de contrato donde aparecía como fecha de ingreso la original de su primer vínculo con Acoger o el Cementerio Católico.

Esto es, según el abogado demandante, una argucia con el afán de desconocer el despido producido por la quiebra en 2015, y su respectiva indemnización. “Cuando Acoger Santiago recuperó la administración del cementerio, en el momento que salió el síndico, lo que le dijo a los trabajadores que yo represento fue decirles ‘mire, usted tiene dos posibilidades: me firma este anexo de contrato y pasa a trabajar de nuevo indefinido y yo le reconozco su antigüedad, por lo tanto el despido del año 2015 con el cual le daba derecho a cobrar su finiquito queda sin efecto. Básicamente usted me perdona el que lo haya despedido así que me perdona que tenga que pagar las indemnizaciones’”, señala Molina.

Por eso, un grupo de ellos no quiso firmar ese contrato y terminó demandando a sus exempleadores por práctica antisindical porque el despido efectivo sólo afectó finalmente a los miembros del sindicato que demandaron en tribunales. “Ningún trabajador no sindicalizado fue despedido”, acusa Molina.

De ellos, actualmente hay algunos que se han reintegrado, según las inspecciones que pudo acreditar la Dirección del Trabajo. Dos de ellos,  dirigentes del sindicato, recibieron la oferta, mediante la mediación de la DT, de ser reintegrados si retiraban sus demandas respectivas, algo que rechazaron.

“Lo que nosotros estamos buscando es que se establezca una vez más que son todos responsables solidariamente de la indemnización desde el Arzobispado para abajo, que les paguen sus casi dos años de servicio y que además exista una sanción adicional porque este despido tendría las características de antisindical y de ser una represalia por haber ejecución de hechos que requería de tribunales”, dice Molina.

La respuesta del Arzobispado

Al ser consultado por esta situación judicial que enfrenta el Arzobispado de Santiago, Ramiro Montesinos, Director de la Fundación de Cementerios Católicos, respondió un cuestionario escrito enviado por The Clinic Online. Sobre la sociedad que concesionaron en el negocio mortuorio con Acoger Santiago y la creación de un multirut (donde tienen participación directa según el jurista de los demandantes), el religioso católico dice: “En cuanto a la decisión de concesionar el cementerio a un tercero, ello se hizo con el objeto de cumplir un objetivo de sustentabilidad económica y de recuperación histórica del espacio”.

“Respecto a que el Arzobispado de Santiago participa en Acoger Santiago S.A., no es efectivo”, complementa.

Asimismo, Montesinos defiende la postura de la Fundación de Cementerios Católicos de Santiago. Aclara que tienen una incidencia minoritaria porque: “participan con un 7% de las acciones de Acoger Santiago S.A. y, a su vez, acreedora de ésta por los incumplimientos del contrato de concesión. Los conflictos existentes de la Fundación con Acoger Santiago S.A. consisten en la conducción de acciones tendientes al cobro de sus créditos en el procedimiento de quiebra”.

“La causa del conflicto es el incumplimiento de Acoger Santiago S.A. a sus obligaciones derivadas del contrato de concesión, que consiste en una deuda de $1.566 millones a la Fundación Cementerios Católicos”, asegura el directivo de la Fundación de Cementerios Católicos, que aclara que los funerales “no católicos” que se realizaron hace unos años en el predio no agravaron los problemas existentes con sus exsocios comerciales.

*The Clinic Online trató en reiteradas oportunidades contactar telefónicamente a Acoger Santiago, sin embargo, no respondieron nuestros llamados.

NOTA DE LA REDACCIÓN

Una vez publicado el reportaje, el Arzobispado de Santiago envió una carta en la que aclara supuestas imprecisiones existentes en la nota.

Señalan que:
1) La Fundación Cementerios Católicos de Santiago, erigida canónicamente en el Arzobispado de Santiago, participa sólo con un 7% de la propiedad de Acoger Santiago S.A., que es la sociedad que administra el cementerio. Por consiguiente, ni la Fundación Cementerios Católicos de Santiago, ni mucho menos el Arzobispado de Santiago, tienen control sobre dicha sociedad o un “poderío absoluto” sobre el camposanto, como asegura el artículo.

2) Las decisiones de orden laboral, por ejemplo, los despidos de los trabajadores que se mencionan, fueron soporte de la Síndico de Quiebras de la época, dentro de su ámbito de facultades, la que fue nombrada por el tribunal respectivo en el procedimiento pertinente. Por consiguiente, no se ha cometido ninguna falta laboral como sugiere el título del artículo, sino que se está en un proceso de normalización de la administración del cementerio.

Al respecto, este medio debe aclarar a su vez que:

1) Tal como se describe en el reportaje, el Arzobispado -a través de la Fundación Cementerios Católicos- posee acciones de clase preferente en la sociedad, lo que hace que más allá del valor nominal (7%) la entidad tenga facultades propias de socios controladores.

2) Sobre los despidos, el director de la Fundación Cementerios Católicos, Ramiro Montesinos Godoy, tal como señaló en uno de los juicios laborales -cuyo audio está consignado y transcrito en esta misma publicación- reconoció la injerencia del Arzobispado de Santiago en la quiebra de Acoger Santiago S.A., con los efectos laborales que ello ocasionó. Pero más allá de su palabra, el fallo del que da cuenta esta investigación establece que el Arzobispado de Santiago debe hacerse cargo de las indemnizaciones adeudadas a los extrabajadores del Cementerio Católico, lo que demuestra, independiente de cualquier acusación, la existencia de una relación laboral.