Luego que la justicia rechazara la demanda civil de tres de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, el Arzobispado de Santiago señaló durante la tarde del jueves, que su “motivación fue siempre la búsqueda y adhesión honesta a la verdad”.

A través de un comunicado, la entidad eclesiástica señaló que “ante el reciente pronunciamiento de la justicia por la demanda civil presentada contra el Arzobispado de Santiago, queremos reiterar enfáticamente que los graves actos cometidos por Fernando Karadima son inaceptables y condenables desde todo punto de vista, y generaron daño y dolor a las víctimas, sus cercanos, familias, a la Iglesia y comunidad en su conjunto”.

El texto señala además que “al mismo tiempo, reafirmamos que la motivación del Arzobispado de Santiago fue siempre la búsqueda y adhesión honesta a la verdad”.

A continuación agregaron que “por esta razón, manifestamos nuestra conformidad con que el fallo haya descartado la existencia de encubrimiento y complicidad de parte del Arzobispado de Santiago. Nuestra institución actuó de buena fe, sobre la base de los antecedentes que tuvo disponibles, y las autoridades de la Iglesia de Santiago nunca cooperaron en los abusos sexuales cometidos por Karadima, ni tampoco impidieron su descubrimiento y sanción. Fue la misma Iglesia la que logró primero condenar a Karadima con los antecedentes recogidos por el Arzobispado”

Karadima, titular desde 1984 de la parroquia de El Bosque, en la comuna de Las Condes, forjó durante años sólidos nexos con sectores de la elite política y económica del país suramericano.

El prelado octogenario, que formó a cinco obispos chilenos y a casi medio centenar de sacerdotes, fue considerado en febrero de 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y lo condenó a una vida de oración y penitencia.

Además, en noviembre de ese mismo año, la Justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito.