El 4 de febrero fui detenido en Collipulli, lugar donde transitan decenas de policías de civil y del GOPE. Según ellos, había emanado un requerimiento desde el Fiscal Luis Arroyo Palma, de la Fiscalía de Alta Complejidad. Sentí incertidumbre y terror. Los policías con prepotencia y tono autoritario amenazaban diciendo: “Alto ahí”, “a la pared”, “no puedes sacar fotos durante el procedimiento”, “no puedes grabar”, “no puedes llamar”, “oye, oye, ya te dijimos ya, si sigues intentando ocupar el teléfono te vamos a hundir en la cárcel”, “¿Por qué le sacabas fotos a las caras de nuestros colegas?”, “¿Dónde está esa cámara?”, “¿Dónde la escondiste?” “No queremos cámaras en la Araucanía”.

Me sentía en un contexto de guerra, en una especie de silenciosa dictadura focalizada hacia un sector específico: el mapuche. Estuve reporteando meses en la denominada “Zona Roja de la Araucanía”, denunciando el burdo montaje mediático judicial y la desmedida represión tras la “Operación Tauro”, que investiga una inexistente “Escuela de Guerrillas”. Evidentemente la presencia de un documentalista, reportero o comunicador, en las zonas de conflicto es incómoda para fiscales, PDI, GOPE, FF.EE., LABOCAR, que reiteradas veces manipulan los “sitios del suceso”, tergiversan el orden y el nivel de los hechos, no quieren que nadie fuera de sus instituciones haga registros.

Paralelo a mi detención el pasado 4 de febrero del 2017, fue allanado y desmantelado por la BIPE uno de mis domicilios y espacios de trabajo en Santiago, sin orden judicial escrita. Dijeron que emanó de una “orden verbal del Fiscal Luis Arroyo Palma”, venían cerca de veinte policías armados con el pretexto de buscar armas, por la investigación de supuestas milicias privadas. Se llevaron todo, menos armas. Computadores de mis padres que son profesores universitarios, equipos, discos duros, apuntes y respaldo de material audiovisual que llevo seis años desarrollando para la película ÑUKE, que retrata la vida y cosmología mapuche. Ahora me imputan porque existe la sospecha de que fui el creador de un libro informativo llamado “Kutralwe”, que recopila textos sobre la cultura mapuche, el sistema procesal penal, las nuevas leyes, comunicados, opiniones y análisis político desde las comunidades en resistencia. Leer es peligroso cuando la ignorancia es negocio. COPESA y El Mercurio tergiversó el subtítulo y lo rebautizó como “Manual para grupos de combate”. La lógica del poder siempre ha sido difamar para encarcelar.

Ya son diversas las situaciones donde se han vulnerado los Derechos a la Libre Expresión y el Derecho a la Libertad de Prensa contra comunicadores/as, documentalistas, fotógrafos y medios libres. El caso del periodista Italiano Lorenzo Spairini, que fue expulsado de Chile por cubrir movilizaciones del SENAME, invocando una ley decretada por Pinochet. La documentalista Elena Varela, realizadora del documental “Newen Mapuche” y el fotógrafo Felipe Durán, quien lleva años fotografiando la violencia policial al pueblo mapuche, son otros casos, ambos finalmente fueron absueltos. Estos sucesos no son aislados, responden a una política de Estado, a una lógica policial paranoica donde un comunicador/a también es inculpado. Donde una cámara, un libro, una actividad cultural, una red de apoyo o un medio alternativo es un arma de conciencia y movilización, una contra hegemonía que fisura y revierte el cerco comunicacional que insisten en instalar para mostrar solo una verdad, solo una versión. Por otra parte, la fuerza policial ha violado el principio de la privacidad de las fuentes enmarcado en tratados Internacionales, que protege el secreto de investigación periodística. Te preguntan: “¿A quién conoces? ¿Dónde viven estas personas?, ¿A qué comunidades vas?”. El Estado una vez más ha suprimido sus propios decretos.

Hay que dar a conocer estos hechos arbitrarios e inquisidores, que tienden a censurar la voz de los medios independientes y por ende de los propios pueblos y comunidades locales que viven a diario estas vulneraciones de derechos. Esta ofensiva va a seguir, proponemos mejorar la legislación para que como comunicadores tengamos protección en nuestra labor profesional, se garantice de verdad que nuestras fuentes y nuestros registros y equipos sean protegidos. Que el Estado sea sancionado cuando se realicen estas vulneraciones arbitrarias que responden a las presiones políticas de un sector económico predominante.

*Documentalista y comunicador social.