Visiblemente afectado, el ex alcalde de Ñuñoa sacó de uno de sus bolsillos un pañuelo blanco y enjugó sus lágrimas en él. Después de casi un año de investigación, el primero de febrero de este año, Pedro Sabat fue sobreseído en el marco del denominado caso basura. El tribunal argumentó en la ocasión que no existían elementos ni antecedentes suficientes que justificaran la presentación de cargos en su contra.

A la salida de tribunales, el exedil manifestó que el periodo vivido había sido una verdadera tortura. “Ha sido más de un año, desde que salí de la Municipalidad por una enfermedad, que he sido perseguido de forma realmente increíble. Nunca imaginé que el odio de esta gente fuera tan grande y que llegaran a inventar tal cantidad de mentiras”. Sabat agregó que había tenido que andar practicamente escondido, “después de haber dedicado toda una vida al servicio público”.

La Fiscalía decidió contratacar de inmediato presentando un recurso de apelación que fue acogido por el tribunal. En el documento de 40 páginas, al que tuvo acceso The Clinic, el ente persecutor, encabezado por el Fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, alega varios vicios procesales en que el Juez Rodrigo Carvajal habría incurrido.

Los argumentos esgrimidos aluden a que en casos de sobreseimiento definitivo, con el objeto de poner término a la investigación de una manera “anormal”, debe tratarse de “casos categóricos” que de un modo objetivo y manifiesto demuestren que el hecho no es constitutivo de delito. La fiscalía, en rigor, acusa al juez Carvajal de “levantar juicios de valor o, peor aún, afirmaciones que tienden más bien a un estándar de duda razonable”.

A modo de fundamentación la fiscalía adjunta extractos de la argumentación esgrimida por el juez en el fallo, donde señala que la conducta del alcalde respecto a la licitación adjudicada en el caso basura respondería a una acción motivada por “un grado importante de desesperación”. “Podríamos estar especulando mucho rato acá sobre las razones; tenía algo muy importante que hacer en un momento más y quería salir rápido de ese asunto, prioridades electorales, lo que fuese”, citan al juez.

El documento manifiesta, además, que el juez Rodrigo Carvajal habría infringido tres artículos del Código Procesal Penal, al permitir que Sabat hablara en la audiencia de sobreseimiento sin respetar las reglas procesales y tampoco ser sometido al contraexamen de la fiscalía. La intervención del exalcalde de Ñuñoa en el tribunal no sólo es materia de controversia jurídical, fuentes de la investigación aseguran que también habría mentido al juez que ese mismo día lo habría hecho llorar.

MENTIRAS

Luego de la intervención de la Fiscalía y el querellante del Consejo de Defensa, fue el turno de la replica del defensor. A continuación, Pedro Sabat solicitó la palabra al Juez de Garantía. El entonces imputado señala el 1 de febrero, el mismo día de su sobreseimiento, que todo alcalde tiene que hacer algo para poder certificar sus decisiones y que como él no es abogado pidió un informe de asesoramiento al departamento de control, intentando evitar eventuales irregularidades en la adjudicación de la basura municipal.

Luego el exedil asegura que tanto Marcial Araya, como Mario Araya, ambos funcionarios encargados de elaborar un informe jurídico que terminó por visar la negociación entre el municipio y la empresa de aseo, nunca han sido amigos suyos sino democracristianos que fueron nombrados por Pablo Vergara, denunciante en el caso. La afirmación, en rigor, es falsa. Marcial Araya fue nombrado asesor jurídico el año 2006 por el mismo Sabat y Mario Araya fue director de control durante la gestión del mismo alcalde en el año 1988, en plena dictadura.

Sabat asegura al juez que estaba en la obligación de adjudicar, según el informe jurídico elaborado por sus abogados, en un plazo no superior a 20 días. “Me quedaban 7 días porque si no, no tenía sistema de basura…todos me querían, obviamente, hacer faltar a mi obligación de cumplir mis deberes como alcalde”, aseguró.

La explicación de Sabat, según fuentes vinculadas al caso, termina por confundir al juez al hacerlo creer que el contrato terminaba en una semana, siendo necesario renovarlo a la brevedad, cuando en verdad lo que finalizaba en ese periodo era el plazo legal para que se pronunciara el concejo. Al igual que en los presupuestos anuales de gobierno, si éste no se hacía en la fecha indicada el alcalde podía tomar la determinación de manera independiente. Y eso fue lo que hizo. El juez en definitiva termina fallando el sobreseimiento a favor de Sabat y dejando a Marcial Araya como imputado por facilitar un informe jurídico que indujo a engaño al exalcalde.

En su intervención Sabat agrega otra imprecisión. Asegura al juez que entregó a la fiscalía “todas mis cuentas corrientes”, cuando en verdad fue ésta quien solicitó el alza del secreto bancario de cinco cuentas suyas.

Sabat, mientras, está a la espera del resultado de la apelación que será la próxima semana.