El año pasado Chile vivió un proceso de participación ciudadana con algunas características extraordinarias, pero el mundo político, buena parte de los intelectuales, y hasta el mismísimo gobierno que lo encabezó, optaron por menospreciarlo. Las más de 200.000 personas que participaron fueron consideradas pocas para un país en que a sus partidos políticos tradicionales les cuesta reunir 19.000 militantes para existir y donde hay candidaturas presidenciales decididas “colectivamente”, según dicen, por la votación de menos de 2.000 internautas. El hecho consumado es que nunca antes se había reunido tanta gente en Chile para conversar durante horas sobre el futuro de su comunidad. Procesos participativos de esta magnitud son escasísimos no sólo acá, sino en el mundo entero. Fue quizás el momento más luminoso del gobierno de Bachelet: mientras en las alturas debatían acerca de lo que la gente verdaderamente necesitaba y gastaban saliva en seminarios para entender a qué se debería la dramática ruptura entre las elites y la ciudadanía, la gente dialogaba en paz, haciendo alardes de una cordura que contrastaba con la histeria de sus dirigentes. Para colmo de los absurdos, muy pocos de esos dirigentes se interesaron en participar activamente de estos encuentros, perdiéndose una oportunidad única de conocer más a fondo en qué estaban, cuál era el estado cultural, de qué se trataba en realidad la demanda de ese país que se les iba de las manos. Fueron varios los políticos que vi saludando a las cámaras antes de empezar las reuniones, y retirándose a continuación, cuando los presentes empezaban a conversar.
Al menos yo, nunca imaginé que de este ejercicio de participación ciudadana fuera a salir el articulado completo de una nueva Constitución, ni mucho menos que con el parecer manifestado por sus asistentes bastara para responder a todos los problemas que una carta fundamental plantea. Hay asuntos de toda Constitución que obviamente requieren de conocimientos específicos que una experiencia cualquiera o el simple sentido común no son capaces de resolver. Existe, desde ya, una historia constitucional de la que aprender, instituciones complejas, equilibrios de poderes, etc., que no pueden quedar entregados a una tincada o a las rabias circunstanciales. Pero de ahí al desprecio manifiesto, a la liviandad con que algunos le dieron la espalda a este momento de encuentro en tiempos de dispersión virtual, a lo que fue un ejercicio de modulación de pareceres en medio de marchas gritonas, hay un salto enorme. La dirigencia no estuvo a la altura del país. En lo que me tocó ver como miembro del Consejo de Observadores, fueron estas las principales conclusiones que saqué: 1- que conversando se arreglan las cosas, 2- que la gente sabe muchísimo más de lo que sus patrones piensan (aunque lo que piensen no siempre le guste a sus patrones), 3- que son cada vez menos los dispuestos a aceptar una solución que no los involucre, 4- que la participación, con sus virtudes y dificultades, llegó para quedarse y más vale irle buscando el lado, 5- que discutir una nueva Constitución lejos de ser una locura es una gran oportunidad y 6- que no vivimos en un país de mierda.
Ojalá que estos puntos los tome en cuenta el Congreso ahora que tiene en sus manos la posibilidad de crear una Comisión Constitucional, y esta invitación no sea, como piensan algunos, un vil saludo a la bandera.