José Jiménez fue el sexto joven que terminó hospitalizado con riesgo vital en menos de 4 meses. No alcanzó a completar 24 horas en el Centro Metropolitano Norte del Sename, un recinto de cumplimiento de condena penal para adolescentes, ubicado a metros del Penal Punta Peuco, cuando lo encontraron tirado a los pies de una escalera al interior de la casa Nº 2, la más conflictiva del lugar, sangrando de su oído izquierdo y con un evidente compromiso de conciencia. Eran las 18:30 horas del viernes 17 de marzo. “Llévenlo a la van, rápido”, se escuchó en los pasillos de la cárcel de menores.

El joven de 21 años había llegado esa misma mañana al centro luego de ser detenido afuera de su domicilio, en San Bernardo, tras quebrantar los beneficios impuestos en un juicio abreviado por robo a una bencinera en el año 2013. Apenas entró fue sometido a un “tamizaje”, una suerte de filtro de evaluación que determina a cual de las casas del recinto será asignado.

Jiménez les advirtió a los trabajadores del recinto que no lo enviaran al refugio de “los Peña”, la casa nº 2, porque aún tenía asuntos pendientes con algunos de sus miembros que pertenecían a la banda del Cisarro. “Tenía problemas con varios, no quería entrar ahí”, cuenta Christopher Simpson, educador de Trato Directo (ETD) que trabaja en el centro desde hace 5 años. Debido a que las otras casas estaban saturadas, Jiménez tuvo que internarse en la única alternativa que le ofrecieron, el lugar donde lo esperaban sus enemigos.

Simpson dice que los educadores, después de enterarse de la situación y ver que Jiménez entraría a donde no quería, le ofrecieron protección. “José, respetando los códigos del lugar, dijo que no nos preocupáramos, que daría cara”, agrega el funcionario.

Horas después José Jiménez fue encontrado en el suelo con su cabeza bañada en sangre. Un oficio enviado por la enfermera del recinto, Nataly Almendra, dirigido al director del establecimiento detalla que Jiménez habría sufrido un ataque epiléptico, luego de caerse de una escalera, siendo trasladado al Hospital San José con un cuadro de “traumatismo encéfalo craneano complicado, fractura occipital y hematoma subdural”. Dos días más tarde, el domingo, fue operado en la Clínica Bicentenario.

Lo que no quedó registrado en el documento oficial, según Christopher Simpson, es que José Jiménez presentaba golpes en el pecho y rasguños en el cuero cabelludo, muy similares a los que presenta una persona después de una pelea. Su abuela Beatriz Huenul, que aún acompaña al joven en el recinto asistencial, no cree que se trate de un ataque. “Hay algo más que aún no me han contado”, dice.

Cuatro días después del supuesto accidente, que casi le costó la vida a José Jiménez, el 21 de marzo pasado, una descomunal riña en el recinto dejó a seis jóvenes con heridas cortantes y 4 funcionarios con puntazos en las manos. La pelea, que apareció en la prensa el mismo día, habría sido detonada por el robo de un pan entre integrantes de bandas rivales.

MOTÍN

Cuatro jóvenes corren desesperados por los pasillos de la Unidad de Atención Especializada (UAE), donde van a parar los reclusos con mala conducta y tienen rutinas diferenciadas del resto. Una vez en el patio, trepan una pandereta que los separa del resto de la cárcel. Luego entran sigilosos a una oficina y sacan una cámara de video pequeña y un corta cartón. Salen de ahí y se encaraman en una reja y se suben al techo del gimnasio. Son las seis de la tarde del 23 de marzo, dos días después de la riña masiva que dejó a 4 funcionarios heridos y cuatro desde que José Jiménez fue encontrado sangrando en uno de las casas del establecimiento penal.

Los jóvenes comienzan a gritar que si no los devuelven a sus respectivas casas, se grabarán cortándose los brazos y mandarán los videos a los medios de comunicación. Comienzan a llegar funcionarios y gendarmes. Todos les piden que se bajen para conversar. Los muchachos siguen en la suya. “Fue una situación muy compleja, además, nos deja en una constante inseguridad sintiendo que siempre hay un peligro latente”, cuenta Manuel Tapia, funcionario del Centro.

Los jóvenes llevan más de cuarenta minutos arriba del techo. Desde el centro solicitan la ayuda de la Directora Regional Metropolitana del SENAME, María José Montero, cuando la situación amenaza con desbosdarse. La llegada de la autoridad genera suspicacias. Los jóvenes insisten en volver a las casas y abandonar la unidad de castigo. Para convencerlos, aseguran algunos dirigentes presentes, Montero les promete firmar un acuerdo. Una hora y media después los muchachos aceptan bajarse.

Los funcionarios, después de curarles las heridas a los internos, se sintieron pasados a llevar. A ninguno le pareció correcto otorgarle beneficios a jóvenes que habían llegado a la UAE por agredir a otros con puntazos en el rostro y en el cuerpo. “Les prometieron beneficios, pasándonos por cualquier parte a nosotros, que somos los que intentamos hacer un trabajo diario con ellos”, acusa un trabajador del centro.

Al otro día diversos funcionarios comentaron que Montero no sólo había desconocido el acuerdo alcanzado con los muchachos, sino que ni siquiera existía un documento al respecto. “Eso nos generó problemas, porque al otro día los cabros pedían el acuerdo y que se les cumpliera lo que se les prometió. Así cualquiera va a pedir lo que quiera ahora en adelante”, agrega Simpson.

Al ser consultada por esta situación, la directora desmintió que haya existido un acuerdo. “No firmé un compromiso con ellos ofreciéndoles beneficios, simplemente vimos cuál era la problemática y ver cómo solucionarla”, asegura.

RECINTO MODELO

En noviembre de 2012, el Centro Metropolitano Norte de Tiltil apareció en los medios de comunicación como el nuevo recinto modelo del Sename. Era, supuestamente, el vínculo ejemplar entre la entidad pública y el mundo privado. Varias áreas del establecimiento fueron licitadas, incluyendo la más importante: los profesionales de intervención directa. El recinto contaba con cuatro casas provistas de piezas individuales, una cancha de fútbol con pasto sintético y una piscina.

Exactamente un año después, el centro era catalogado de todo, menos como un recinto ejemplar. El 11 de noviembre de 2013 Sename finalizó con cuatro años de anticipación el contrato con la empresa Cercap, encargada del funcionamiento interno, que recibió una evaluación de 39 puntos de 100 posibles, dejándola en la categoría de proyecto insuficiente. El 23 de noviembre, 12 días después, Andrés Ballesteros, 17 años, recibió 18 puñaladas al interior del establecimiento que le causaron la muerte.

“Desgraciadamente la experiencia (con los privados) no resultó, por lo cual la relación directa con los menores volverá a estar a cargo de funcionarios del Sename”, dijo a la prensa Rolando Melo, director nacional de Sename en la época.

A mediados de 2016, los funcionarios de los centros de Sename de San Joaquín y San Bernardo iniciaron una serie de paros, reclamando mejores condiciones laborales. San Joaquín reclamó por el hacinamiento de los jóvenes que vivían en malas condiciones y las constantes agresiones que sufrían los funcionarios. Encerrados en este centro los menores esperaban sus condenas, para luego ser llevados a San Bernardo o Tiltil, los recintos que recibían a los condenados.

El centro de San Bernardo, por su parte, llegó a estar más de 40 días en paro, preocupados por la decisión de la autoridad política de convertirlos en una mezcla de Centro de Internación Provisorio, al igual que San Joaquín, y un Centro de Reclusión Cerrado sólo para condenados, como lo era Tiltil. Argumentaban que la sobrepoblación traería problemas internos, aumentarían las peleas, los trabajos de educadores no se realizarían con éxito y corrían el riesgo de verse desbordados.

Después de varios meses siendo criticados por sus propios trabajadores, Sename tomó una decisión: Los jóvenes que saturaban San Joaquín pasarían a San Bernardo, que se convertiría definitivamente en Centro de Internación Provisorio, y trasladarían a los condenados de este centro a Tiltil, convirtiendo a estos últimos en el único centro de Sename de la región metropolitana dedicado sólo a recibir condenados.

Según datos proporcionados por los trabajadores de Tiltil, el centro sufrió un aumento de 89% de población entre octubre de 2016 y marzo de 2017 con relación al mismo periodo el año anterior. Actualmente 150 jóvenes purgan sus condenas en el recinto.

“Lo que hizo la autoridad simplemente fue desvestir a un santo para vestir a otro”, asegura Manuel Tapia, trabajador del recinto, quien agrega que “antes de ese cambio podíamos trabajar con los chicos, hacíamos talleres, había un propósito. Ahora, sólo nos dedicamos a contenerlos, a evitar que se maten”.

La violencia ha crecido considerablemente. En los últimos cuatro meses han habido 135 heridos producto de riñas, con diferentes resultados: 12 funcionarios heridos y 7 jóvenes con riesgo vital. Por esto, los trabajadores de Tiltil se mantienen en paro desde el 13 de marzo. Ya habían paralizado en septiembre de 2016 y en febrero de este año. Exigen, entre otras cosas, la salida del equipo directivo del recinto, la detención del ingreso de más condenados y la presentación de una indicación legal por parte de la directora nacional, Solange Huerta, para evitar que mayores de edad cumplan condena en centros del Sename, como José Jiménez, el joven que se encuentra en la clínica Bicentenario, que fue detenido siendo mayor de edad pero ingresó a Tiltil por un delito cometido cuando adolescente.

“Los líderes de los grupos al interior del recinto son mayores de edad. Muchos de ellos ya pasaron por la Penitenciaria y llegan con las mañas de la cárcel. No puede ser que jóvenes de 25 años, como los hay acá, compartan el mismo lugar con muchachos de 15”, alega Manuel Tapia.

El funcionario dice que llevan meses reclamándole a la autoridad regional. “Las autoridades, que no nos han escuchado, pareciera que esperan que muera alguien para reaccionar”, asegura.

PARO

El miércoles 15 de marzo, tres días antes de ser encontrado tirado en el piso de la casa 2 del centro cerrado de Tiltil, José Jiménez se levantó más tarde de lo habitual en el hogar de su abuela Beatriz Huenul, ubicado en San Bernardo. Llevaba dos meses trabajando en la empresa Metalurgia Felipe Concha como jornalero, según se lee en el contrato al que tuvo acceso The Clinic. Ese día lo tuvo libre.

Pasadas las 12 horas, Jiménez salió a hablar por teléfono afuera de la casa. A los minutos su abuela escuchó unos gritos. Apenas se asomó a la calle vio a su nieto retenido por Carabineros. Les gritó que lo soltaran, que él estaba trabajando, que ya había cambiado. Una carabinera que estaba en el lugar, según relata Beatriz, le dijo que era mentira que estaba trabajando, que nadie lo contrataría por ser un delincuente. Lo subieron al vehículo. Pasó la noche en una comisaría de San Bernardo. No volvería más a su casa.

Hoy permanece internado en la Clínica Bicentenario sin riesgo vital, custodiado por dos gendarmes día y noche, esperando el alta para volver a Tiltil. “Me dice que no se acuerda muy bien lo que pasó, pero cuando le dijeron que tenía que regresar al mismo centro, cambió de ánimo. No quiere por nada del mundo volver a Tiltil”, dice Beatriz Huenul, que lo visita constantemente.

Mientras José Jiménez se recupera en su camilla, el centro cerrado del Sename afronta momentos determinantes. El viernes 24 de marzo la directora nacional del Sename, Solange Huerta, visitó Tiltil para hablar con los trabajadores del centro debido a los acontecimientos violentos ocurridos los últimos meses. La reunión no logró que los funcionarios depusieran el paro que se arrastra desde el 13 de marzo. Lo que sí lograron con la movilización fue que la directora regional accediera a la petición de los trabajadores de despedir a Pedro Godoy, director del recinto.