Según se informaba hace pocos días, la empresa El Mercurio había decidido externalizar su sistema de impresión -para que lo asumiera una empresa contratista-, lo que habría supuesto el despido de más de 120 trabajadores. Lo que antes hacía directamente, ahora lo haría un tercero con sus propios trabajadores.

Aprovecha así -como muchas otras empresas- el “favor concedido” por Bachelet y su reforma: no será considerado practica antisindical que la empresa principal o mandante cambie de empresa contratista cuando los trabajadores de esta última ejerzan su derecho a huelga. Así, la reforma laboral agregaba un plus de explotación a los trabajadores subcontratados. De ir a huelga, la empresa mandante puede sustituirlos a todos por la vía de cambiar de empresa contratista.

Notable creación del Gobierno.

En rigor, no es necesario ahondar aquí porque esta reforma que en estos días entra en vigencia valorada en su conjunto -y no en sus pequeños y tímidos avances como lo hace el Gobierno- es un fiasco.
No uno pequeño, sino uno grande.

Tal como lo hicieron ver en diversas ocasiones académicos, sindicatos y políticos. De hecho, sus pocos avances significativos son involuntarios: el fallo del Tribunal Constitucional dejo fuera de nuestro Código los grupos negociadores y expandió la huelga más allá de la negociación colectiva reglada.

La pregunta a esta altura -con el fiasco ya consumado y con numero de ley (20.940)- es evidentemente otra:

¿Qué explica esta farra del Gobierno de la Nueva Mayoría que había prometido “emparejar la cancha” entre trabajadores y empresas, y en vez de eso ha consolidado el Plan Laboral de la dictadura?

Diversos factores. Desde una perfecta incompetencia – que nos deja una legislación llena de defectos que generarán múltiples problemas interpretativos- hasta los extremadamente sensibles – para decirlo de modo elegante- oídos del Gobierno a los reclamos empresariales. Y por sobre todo, la abismante falta de compromiso político con los trabajadores.

Esa ausencia de compromiso del Gobierno y sus partidarios de la Nueva Mayoría deja imágenes que los trabajadores no deberían olvidar: la de un Gobierno que decía que lo suyo era emparejar la cancha mientas hacia más difícil a los trabajadores formar sindicatos (aumento de quorum para empresas de menos de 50 trabajadores), o la de unos desesperados diputados Andrade (PS) y Carmona (PC) votando en contra de la indicación que incorporaba a la reforma la negociación colectiva por rama. O, en fin, la de parlamentarios que se quejan del exceso de jornada de trabajo de los chilenos -como Vallejos- pero aprobaban al mismo tiempo normas que permitirán que esos trabajadores tengan jornadas de 12 horas diarias “efectivas” – en los pactos de precariedad laboral -.

Es obvio, que no recordaremos a Bachelet como una gobernante que ayudo a romper el cerco que la Dictadura tendió sobre los trabajadores por la vía de restringir la negociación colectiva al nivel de empresa. La recordaremos, precisamente, por lo contrario: el sorprendente esmero en pulir los barrotes.

Cabe señalar, por enésima vez, que la cobertura de la negociación colectiva en Chile alcanza la vergonzosa cifra del 8 por ciento de los trabajadores, a diferencia del promedio OCDE del 60 por ciento. Lo notable es que, por el aumento de quorum de constitución de los sindicatos y la engorrosa regulación que la reforma laboral convirtió en ley, existen buenas posibilidades que ese porcentaje disminuya aún más.

Un logro a la altura de José Piñera. Nobleza obliga a reconocerlo.

¿Es posible encontrar en esta comedia de torpezas y mezquindades políticas algo de luz para los trabajadores?
Por una parte, la profunda crisis de la burocracia sindical de la CUT. Difícilmente -en adelante- podrá seguir usándose como “voz de los trabajadores” una organización sindical cuya directiva proviene de un fraude electoral de manual, y que teme -como a la peste- la posibilidad de que los trabajadores voten directamente. Nunca antes -y gracias a la reforma laboral- quedo retratado con mayor nitidez el sentido de esa burocracia que por décadas ha manejado esa histórica organización: ponerla al servicio de los partidos que la capturan.

Se abre, entonces, un campo inédito para que el sindicalismo político autónomo -el predicado por Blest- avance en los próximos tiempos en representación de los trabajadores.

Por otro lado, se esfumó -lo que quedaba- de ilusión de los trabajadores con la izquierda tradicional que alguna vez canalizó las fuerzas de transformación social. La reforma sirvió para constatar con crudeza que poco queda para ellos en partidos sometidos ideológicamente por el mundo empresarial. Unos puños locos levantados el 1 de Mayo para las cámaras y poco más.

La duda central ahí es si existirán otras fuerzas políticas – vrb. el Frente Amplio- en condiciones de ocupar ese espacio vacío en los años que vienen y que estén en condiciones de dar esa disputa central que será superar el Plan Laboral perfeccionado que nos deja el Gobierno de la Nueva Mayoría.

Todo esto está, obviamente, por verse. De florecer, el gran fiasco de la reforma laboral podría ser mirado en el futuro con una extraña sensación: la de un paso hacia atrás que permitió dar dos para adelante.