Un nuevo caso de posible fraude al fisco reveló, en su edición de este domingo, El Mercurio. Según consiga el diario, a principios de 2016 Gendarmería informó ante el Ministerio Público un masivo cobro irregular de bonos entre sus filas. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, y a poco más de un año de iniciado el caso, la institución ya formalizó a los primeros imputados y agendó una nueva audiencia para el próximo 22 de mayo.

Hasta el momento, los antecedentes demuestran que entre 2012 y 2015, cerca de 300 funcionarios presentaron títulos profesionales falsos con los accedieron a un bono paralelo a su remuneración, que osciló entre los 300 y 500 mil pesos según el rango del empleado.

Estos documentos habrían sido emitidos por las universidades Sek, La República y el Instituto Valle Central, y según el fiscal a cargo, Jaime Retamal, “(…) al menos algunas de estas personas están percibiendo de manera indebida algunas asignaciones profesionales”.

Tras la formalización llevada a cabo hace seis días atrás, Fiscalía logró comprobar que el timbraje de estos documentos viciados era realizado por el empresario educacional Patricio Silva Espinoza.

Para elaborar la estafa masiva en la institución, sin embargo, debió trabajar en conjunto con los dirigentes gremiales de Gendarmería: Juan Yáñez Guerrero, Leandro Tegler Aguilera, Rodrigo Luna Luna y Alex Catalán Menares.

Estas personas, según explicó el fiscal Retamal, “oficiaron como captadores o reclutadores de alumnos, quienes a su vez pagaron sumas de dineros importantes tanto a ellos como a este señor (Silva Espinoza) que suscribió el convenio”.

Según el medio, los estudiantes pagaron cerca de 100 mil pesos para matricularse en carreras como Ingeniería en Ejecución en Seguridad. La gran cantidad de involucrados, a ojos del persecutor, se debe a que se montó un “mecanismo bastante sofisticado” que mostró “una aparente legalidad” en las operaciones.

Eventual desfalco

Además de la investigación por los delitos de estafas reiteradas y falsificación de instrumento privado, desde la Fiscalía de Alta Complejidad aseguraron que mantienen un flanco abierto por posible fraude al fisco.

“Dentro de las posibilidades investigativas está justamente el lograr determinar si efectivamente una o varias de estas personas desde el primer minuto, con todo lo complejo que es esto, supieron o sabían que estaban granjeándose un título profesional irregular o falso”, dice Retamal.

Si bien no hay una estimación oficial respecto al monto supuestamente defraudado, el medio afirma que “podría alcanzar, al menos, los 600 millones”.

Mientras tanto, el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, aseguró que ordenó abrir un sumario interno que se encuentra en su fase final y que, dentro de los próximos días, debería terminar la revisión iniciada para determinar los casos en que deberán suspender los pagos.