Visiblemente mojada por el guanaco, luego de aferrarse con dientes y uñas a un escuálido árbol, la diputada UDI Claudia Nogueira soltó ante las cámaras de televisión que el alcalde de Recoleta se estaría “transformando en un asesino ambiental”. La parlamentaria volcó toda su rabia en contra del edil comunista, luego de encabezar una protesta vecinal contra la decisión de deforestar un sector del parque ubicado en calle G y abrir espacio para construir un jardín infantil.

La batalla “ecológica” que comenzó hace tres semanas, se desató cuando la municipalidad anunció una iniciativa tendiente a paliar la demanda de educación preescolar en la comuna, que en la actualidad alcanza los 1.500 cupos aún sin cubrir, a partir de la habilitación de un jardín infantil en una porción del parque, cuyo espacio ya había sido despejado tras la tala de 16 árboles.

La decisión del municipio derivó en una fuerte lucha entre los vecinos que se oponen al proyecto y aquellos que se verían beneficiados por las eventuales 190 vacantes disponibles para niños vulnerables del sector. Este fin de semana, sin ir más lejos, la municipalidad reportó la destrucción de una reja perimetral donde se ubicaría el recinto.

“Acá la prioridad son los derechos a la educación y al trabajo, tanto para los niños en su primera infancia, como para los padres y madres que no tienen a quién delegar el cuidado de sus hijos mientras ejercen una actividad”, dice el alcalde Jadue sobre lo que describe como un grave problema en la comuna.

Al ser interpelado por los vecinos sobre por qué no se levantaba el jardín en otro sector, Jadue ha repetido reiteradas veces, incluso a través de cartas en los medios, que no existen espacios disponibles en la comuna porque las propiedades que pertenecían al municipio fueron vendidas durante las administraciones anteriores.

“Ella (Claudia Nogueira) sabe mejor que nadie por qué estamos haciendo este proyecto en el parque, pues fue su marido el que enajenó propiedades que eran espacios muy útiles para el municipio y nos dejó con cinco mil millones de pesos en deuda”, afirma el ex edil.

The Clinic tuvo acceso a las actas de acuerdos del Concejo municipal de Recoleta que dan cuenta de la enajenación de al menos seis propiedades que pertenecían al municipio, entre los años 2003 y 2007, que fueron vendidas en más de 2700 millones de pesos durante las gestiones de los exalcaldes de la UDI Gonzalo Cornejo y Sol Letelier.

LOS TERRENOS Y LAS PLATAS

Según los acuerdos en las sesiones del concejo de Recoleta, la primera propiedad vendida fue la ubicada en Dávila Baeza 728, autorizada en septiembre de 2003, y adjudicada a la Sociedad Inmobiliaria Recoleta Sur por 200 millones de pesos. Actualmente funciona como estacionamiento y entrada a la Vega Central.

En diciembre del mismo año se aprueba también la enajenación de dos propiedades cedidas en 1993 por la Municipalidad de Santiago, luego de crearse formalmente la comuna de Recoleta. La primera, ubicada en la calle Gandarillas 172, fue vendida por poco más de 70 millones a Ravizza y Servera S.A, quien, a su vez, vendió la otra mitad a una inmobiliaria.

Luego fue el turno de una casona de tres pisos ubicada en Loreto 376, en ese momento ocupada ilegalmente, que fue vendida por 21 millones de pesos a la Sociedad Inmobiliaria Lago Ranco S.A., que posteriormente la transformó en tres departamentos habitacionales.

Cinco años más tarde, en el 2007, nuevamente el concejo aprueba la venta de las entonces precarias instalaciones de la Vega Chica a los locatarios del Mercado de Recoleta. Los 119 locales fueron comercializados en 14 UF el metro cuadrado, equivalentes a $257.152 en valores de la época. Al ser consultado al respecto, el exalcalde Cornejo menciona esta operación como un mérito de su gestión que buscó dar a los locatarios una “retribución por su esfuerzo”.

Un negocio similar se hizo en septiembre de 2006 sobre el terreno que comprende la esquina de Gandarillas y Antonia López de Bello, hoy compuesto por 18 locales comerciales, que el municipio vendió por casi 856 millones de pesos a la empresa de venta mayorista Sociedad Distribuidora y Comercial Caserita Ltda.

Dos meses más tarde Caserita Ltda. vendió la propiedad al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile en 659 millones, disminuyendo abismantemente su valor original. Desde el municipio aseguran que se trataría, al menos, de una transacción sospechosa. “Al haber sido vendida por licitación pública, el banco podría haber concurrido a ella. Es posible que haya habido un arreglo previo entre éste y Caserita Ltda, lo que podría constituir una especulación de bienes inmuebles”, asegura una fuente de la municipalidad.

El exalcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, que en la actualidad ejerce como asesor comunicacional de Evelyn Matthei y director de la Fundación Cultural de Providencia, se defiende ante las suspicacias que han sido levantadas en su contra. “Me parece sospechoso y ridículo que (Jadue) sostenga que no puede construir el jardín infantil en un lugar distinto, porque éstas ventas se hicieron hace más de 15 años, y se pretende atender a las familias que están a kilómetros de distancia de esas propiedades”, asegura.

Cornejo considera que el actual edil de la comuna no ha sido “hombrecito”. “En vez de mandar a carabineros a perseguir mujeres, que hable con la verdad”, alega.


Las imágenes de la discordia: un edificio emplazado en una antigua propiedad del municipio, la sede comunal en plenitud y el parque donde se pretende instalar el jardín infantil.

LA HUELLA DE LOS FERNÁNDEZ LEÓN

De todas las enajenaciones que se realizaron durante esos años, la segunda más exitosa para el municipio fue la venta de un inmueble ubicado en calle Juárez 878. La propiedad estaba compuesta por tres terrenos unificados para la transacción y fue comprada en mayo de 2004 por la Sociedad Inmobiliaria Puangue Ltda. en 735 millones de pesos.

En ese mismo terreno, donde antes se ubicaba el Departamento de Operaciones y Emergencia de la municipalidad, hoy día se emplaza el condominio “Recoleta Uno”, compuesto por dos torres de veinte pisos cada una, con un total de 356 departamentos. Cada edificio cuenta con su respectiva piscina, áreas verdes y salón de eventos. El anteproyecto de edificación fue aprobado 24 días después del acuerdo de venta del concejo, con la firma de Carlos Reyes, el exdirector de obras municipales condenado en agosto de 2013 por nueve delitos de cohecho cometidos en el cargo.

La empresa en cuestión, Puangue Ltda, forma parte del grupo Fernández León, dirigido por el próspero empresario inmobiliario Eduardo Fernández León, quien a través de Desarrollos Inmobiliarios FFV moldeó el barrio El Golf con gigantescos edificios de oficinas y departamentos.

Las inversiones del grupo económico cubren una gran variedad de rubros: hasta 2015, tenía acciones en Entel, Banmédica y Pucobre, valoradas en casi mil millones de dólares, además de ser propietarios de la compañía de seguros Consorcio. Eduardo Fernández León es también un reconocido miembro del Opus Dei y colaborador de los Legionarios de Cristo. Por su sociedad con Carlos Délano y Carlos Lavín en Banmédica, la isapre del grupo Penta, fue uno de los pocos empresarios que visitaron a los entonces imputados en el anexo Capitán Yáber cuando quedaron en prisión preventiva.
“No conozco a la familia Fernández León. Esa fue una venta por licitación pública y los fondos fueron destinados a la compra del terreno para construir el Edificio Consistorial donde está el municipio”, se defiende Cornejo.

Los fondos provenientes de la venta del terreno que se adjudicó Puangue Ltda, según consigna el Acuerdo Nº50 del 4 de mayo del año 2004 -aprobada por los concejales Ernesto Moreno, María José Hoffmann, Marcelo Teuber, Juan Carlos Guerrero e Iván Castro-, serían destinados a la adquisición de un inmueble nuevo con el objeto de reemplazar al antiguo edificio. Cornejo asegura que la compra se realizó y que en el lugar se instaló la oficina de emergencias municipal.

El documento asegura, además, que “los excedentes que se produzcan en dicha adquisición, serán destinados a la compra de un terreno para el futuro edificio Consistorial de Recoleta, debiendo en el intertanto los valores ser invertidos en el mercado de capitales”. La transacción, sin embargo, aún genera dudas en la actual administración. “Llama la atención esta venta porque es mucha plata la invertida. Además, la construcción del edificio fue en 2009 y es extraño vender una propiedad para financiar otra cinco años después”, asegura una fuente del municipio. “Los 750 millones de esa época son más de mil millones ahora, que hubiesen servido para amortizar la gran deuda que tenemos que pagar por el leasing del edificio”, agrega.

Gonzalo Cornejo insiste en defender la forma en que se edificaron las instalaciones del municipio. “El alcalde Jadue debería lavarse la boca antes de criticar lo que se hizo ahí, pues él como pseudo urbanista y arquitecto debería reconocer que ese edificio cumple con todos los estándares de calificación de instalaciones públicas. Es un auténtico centro cívico y se trabajó mucho”, sentencia.

LO QUE SE VIENE

Desde la alcaldía, señalan que las críticas sobre la deforestación de un sector del Parque G son infundadas. De acuerdo a sus registros, en el período de Daniel Jadue se habría aumentado en un 400% la inversión en áreas verdes y se habrían plantado casi tres mil árboles. “Creemos que esta es la única forma de llegar a un justo equilibrio con lo que la comunidad necesita, considerando nuestra realidad. Nosotros no somos una comuna como Las Condes que tiene un presupuesto anual de $1.300.000 por habitante, de hecho tenemos $138.000, lo que es poco más del 10% de ese monto. Eso nos pone limitaciones”, justifica el actual edil de Recoleta.

Según Jadue, la falta de espacios no sólo es para jardines infantiles. Cuenta que han estado comprando terrenos para soluciones de vivienda en conjunto con los comités de allegados de Recoleta. “Ellos invierten la plata que les ha dado el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Todo es apoyado con fondos externos para paliar la falta de terrenos que tenemos”, asegura.

La supuesta falta de espacios en la comuna para proyectos de desarrollo social despertó las suspicacias sobre las enajenaciones efectuadas en mandatos anteriores. Desde la dirección jurídica del municipio han declarado que, si bien el tema no es prioridad en este minuto, están revisando todos los antecedentes. “Recién estamos comenzando a indagar y tratando de ordenar el asunto. Primero queremos ver si los precios acordados se condicen con la realidad del minuto, además de estudiar el destino exacto de los montos”, anuncian desde la oficina.

Mientras tanto, la diputada Claudia Nogueira anunció públicamente en medios que ni ella ni los vecinos van a dar su brazo a torcer. “Vamos a oficiar a la Contraloría, Bienes Nacionales, la Conaf y el ministerio de Vivienda para saber si se cumplieron todos los requisitos para cambiar el plan regulador, si existen estudios de impacto ambiental y si se cumplen todas las normas para destruir un área verde en Recoleta”.

Los esfuerzos del equipo del alcalde están enfocados en pelear la tramitación de un recurso de protección interpuesto por los vecinos para impedir la construcción del jardín infantil. La directora del departamento jurídico, Jimena Jiménez, tiene plena confianza en ganar la causa. “Han pedido dos veces que se dé orden de no innovar, lo que sería lo único que podría paralizar las obras. La corte ha rechazado estas solicitudes, por lo tanto, no hay resolución judicial alguna que nos impida proceder con la tala y la edificación del jardín”, asegura.