A comienzos de noviembre de 1991, casi dos meses después de que Cristián Edwards fuera secuestrado, el padre de este recibió una llamada telefónica de uno de los jefes de la Policía de Investigaciones. Dos funcionarios iban camino a su casa para darle noticias urgentes sobre “la aparición de su hijo”. Agustín Edwards Eastman pensó lo peor, según dijo más tarde al juez que llevó la causa:

–Los recibí afuera de la casa, a la puerta de entrada, porque no quería que mi mujer oyera alguna desgracia.

Para entonces, aunque tenía recelos, Edwards Eastman estaba en contacto permanente con la policía civil y el gobierno de Patricio Aylwin. De hecho, el mismo día de septiembre que recibió la carta en la que un grupo de “profesionales experimentados” le notificaba que tenía cautivo a su hijo menor, el empresario, contraviniendo la exigencia de los secuestradores, tomó el teléfono y llamó al ministro del Interior, Enrique Krauss, para ponerlo al corriente.

Krauss, según Edwards, le garantizó que a partir de ese mismo momento pondría “a lo mejor de sus hombres” en la investigación del caso.

Dos meses después, cuando tuvieron al dueño de El Mercurio enfrente, dos de esos mejores hombres le dijeron que habían dado con su hijo y apuntaron hacia el interior de la casa. Extrañado, el padre quiso saber a qué se referían exactamente. Y entonces los policías dijeron que Cristián Edwards había fingido un secuestro y estaba muy cómodo escondido en casa de sus padres. Al escuchar esto, Edwards Eastman entró en cólera y echó con insultos a las visitas.

La Policía de Investigaciones había confundido a Cristián Edwards del Río con uno de sus hermanos.

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El incidente marcó un punto de quiebre entre la familia Edwards y el gobierno de Aylwin. Es cierto que desde un comienzo el empresario privilegió sus vínculos directos con la jefatura de Carabineros. Pero así y todo tenía contacto fluido con el ministro del Interior, y no sólo eso: altos funcionarios de gobierno participaban todos los viernes a la tarde de un comité de crisis en que se discutían los avances del caso. Todo cambió a partir del bochorno de la policía civil.

Edwards Eastman excluyó al gobierno y la policía de las tratativas con los secuestradores. En cambio, confió por completo en sus asesores personales y en la Inteligencia de Carabineros, que no se tomó la molestia de informar al gobierno. Esa desconfianza complicó la investigación, que desde un comienzo estuvo enrevesada.
No sólo Carabineros llevaba su propia investigación a espaldas del gobierno. Al interior de la policía civil había dos grupos que rivalizaban entre sí y rendían cuentas por separado. Uno de ellos reportaba a la Oficina, organismo de Inteligencia antisubversiva creado tras el asesinato de Jaime Guzmán y cuyo jefe era el ahora diputado Marcelo Schilling. El otro grupo estaba a cargo del comisario Jorge Barraza y debía obediencia al subsecretario del Interior Belisario Velasco, que recelaba del papel de la Oficina. Así las cosas, no fue extraño que las diligencias iniciales estuvieran marcadas por desaciertos y conflictos.

Primero fue la inculpación a Sergio Olea Gaona, delincuente de poca monta que nada tenía que ver con el caso. Luego vino la confusión con el hermano del secuestrado. Y cuando por fin la Oficina dio con un informante de fiar, que confirmó que Cristián Edwards se encontraba en poder de una fracción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), esa información no llegó al grupo de Barraza, que a la vez había dado con una pista crucial que permitió seguir a quienes suponía eran los secuestradores.

Para enredar más las cosas, cuando todo eso ocurría, Edwards había comenzado un mañoso regateo con los secuestradores, sin dar cuenta al gobierno.

La idea de retrasar las negociaciones fue de Hugh Bicheno, ex agente del Servicio de Inteligencia Británico y experto en secuestros, quien se instaló en Chile para asesorar a la familia Edwards. Bicheno decía que había que mostrarse duro con los secuestradores y no ceder a lo que consideraba “chantajes emocionales”. De ahí que pese a las cartas de súplica del secuestrado, que pedía a su familia hacer “todo lo posible por mí, porque mi vida está en sus manos y estoy sufriendo mucho”, el padre no daba su brazo a torcer.

El asesor sabía que esas cartas las suelen dictar los secuestradores, como ocurrió en este caso. Pero el secuestrado no exageraba: por cinco meses permaneció encerrado en un cubículo de dos por tres metros, sometido a sedantes y la exposición permanente de un foco de luz y música a alto volumen. En la causa judicial consignó que “permanentemente sufría alucinaciones, calambres, vómitos, temblores y ataques de nervios”.

El cura Renato Poblete, que ofició de mediador, dijo más tarde que la madre “hubiera pagado altiro”. Pero el padre sólo seguía los consejos de su asesor británico.

Por fin en noviembre, la familia Edwards hizo la primera oferta, mediante un mensaje publicado en clave en la sección Instrumentos Musicales de los avisos económicos de El Mercurio. Ofrecía 420 mil dólares. De vuelta los secuestradores, que pedían tres millones de dólares, hicieron saber que la oferta era “miserable”.

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El gobierno se enteró tarde –y de manera indirecta– de que la familia estaba negociando. Un funcionario de la CIA asentado en Chile se lo contó al ministro Enrique Correa. El gobierno protestó y exigió explicaciones a la familia Edwards. También el juez de la causa, que tampoco estaba al tanto. Entonces, en medio de la presión, Edwards decidió retirarse a su campo en Graneros y monitorear desde allá las maniobras de Bicheno.

Hugh Bicheno siguió otro mes con los regateos. Pero en enero de 1992 los secuestradores perdieron la paciencia y lanzaron un ultimátum: “Daremos publicidad a toda la negociación, dejando al descubierto la actitud insensible de ustedes. Será un gran escándalo. Luego de eso aparecerá el cadáver de Cristián”.

Dos semanas después fue publicado un nuevo aviso económico de El Mercurio donde la familia ofrecía un millón de dólares. El trato quedó cerrado.

El 1 de febrero de 1992, una vez que el dinero fue entregado, Cristián Edwards se reunió con su familia después de 145 días de cautiverio. Sólo entonces la brigada del comisario Barraza fue tras la captura de los secuestradores, pero varios lograron escapar. Barraza alegó haber sido víctima de una conspiración digitada desde el gobierno, según la cual este habría dejado ir a varios de los secuestradores por una razón política: entre ellos habría estado el exyerno de Raúl Castro, Juan Gutiérrez Fischmann, con quien habría negociado un repliegue del FPMR.

Agustín Edwards jamás se ha referido de manera pública a esto último. Pero a partir de la amplia resonancia que ha dado desde entonces a la tesis del excomisario Jorge Barraza, podría concluirse que pudo sentirse tan burlado como esa vez que dos policías llegaron hasta su casa para acusarlo de inventarse el secuestro de su propio hijo.