La Justicia chilena acogió tres nuevas demandas por la responsabilidad del Estado en la muerte de 17 personas en la zona de Constitución como consecuencia del tsunami que se produjo el 27 de febrero de 2010 después de un devastador terremoto de 8,8 grados de magnitud.

Según informaron hoy fuentes judiciales, las demandas fueron presentadas por las familias de las víctimas y acusan al Estado de falta de servicio por no haber alertado debidamente a la población del riesgo de tsunami.

Los jueces del Segundo y el Cuarto Juzgado Civil de Talca desecharon en sus fallos las excepciones expuestas por el Fisco de caso fortuito, fuerza mayor, exposición imprudente de las víctimas y otros argumentos.

Asimismo, los magistrados decidieron acoger las demandas de indemnización de perjuicios por daño moral de unos 2,85 millones de dólares, que debería pagar el Estado de Chile a los familiares de 17 fallecidos en el tsunami.

Entre los antecedentes aportados por los abogados demandantes se encuentran siete sentencias dictadas por diversos tribunales chilenos relacionados con las víctimas del terremoto y posterior tsunami de 2010.

En 2016 seis exfuncionarios de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) fueron considerados responsables de una fallida alerta de tsunami.

En tanto, en 2015 el exjefe de turno de la Onemi Osvaldo Malfanti fue condenado a 541 días de pena remitida por el cargo de cuasidelito de homicidio por su responsabilidad en la muerte de 74 personas como consecuencia del fallo en la alerta de la emergencia.

El terremoto, de magnitud 8,8 en la escala de Richter y con epicentro en la región del BioBío, fue seguido de un tsunami que mató a 156 de las 526 víctimas del cataclismo, que arrasó con viviendas e infraestructuras en seis regiones del sur y centro de Chile.