A mediados del siglo XIX, la “chilenidad” era todavía un concepto muy vago para los chilenos que vivían en el campo, y el 80% de los chilenos vivía en el campo. Por eso un problema del censo de 1854 –realizado, como el de la semana pasada, un 19 de abril– fue que muchos censistas entendieron por “nacionalidad” la provincia en que había nacido la persona encuestada, y hasta alguno se quejó por escrito de que la gente, interrogada por su nacionalidad, no mencionaba el nombre de su provincia… sino el de su hacienda.

Acostumbrados a figurarnos esa época según las hazañas de los próceres y el proyecto unificador de Portales, y a remitir al “huaso” la genealogía del orgullo patrio, nos cuesta asimilar que en ese territorio, hasta muy entrado el siglo XIX, el común de los mortales oía hablar de Chile como de un más allá; algo así como el nuevo nombre de esa lejana metrópolis que antes se llamó Reino de España. De acuerdo a un testimonio anónimo de esos años, el huaso “ha oído hablar de godos y patriotas y sabe que los unos y los otros se hicieron la guerra, pero no tiene ninguna idea, ni interés, respecto a quiénes eran o por qué pelearon […] y si fuera transportado a París o Londres y allí fuera interrogado por el país de su nacimiento no nombraría a ‘Chile’, sino Peldehue, Chacabuco, Huechún o Chocalán. […] Ha escuchado hablar de españoles e indios, pero no imagina haber tenido contacto con esas razas ni que su sangre circula por sus venas”.

Ese era el panorama que la joven república necesitaba modificar, sobre todo una vez que la Constitución de 1833 descartó la idea de un país federado y consagró una nación “única e indivisible”. Si hoy son las provincias las que declaran su rebeldía contra una larga tradición centralista, entonces estábamos en el otro extremo del ciclo: el centro era incapaz de imponer su proyecto integrador a las potentes identidades locales. Fernando Urízar Garfias, al publicar los resultados del censo de 1835, lamentaba “las ridículas preferencias que se disputan los pueblos de las diferentes provincias entre sí”, lastre que atribuía a los “restos del sistema colonial al que desgraciadamente estuvieron sujetos”. Pues bien, los censos se iban a convertir en una herramienta maestra para cambiar los muros de la hacienda por las fronteras del país.

DE ALMAS A CIUDADANOS

Los primeros censos de la república fueron un fiasco sólo comparable al sufrido en 2012 por las parkas rojas. El casi nulo despliegue del Estado en los interminables potreros de la nación obligó a requerir el concurso de la Iglesia, única institución que realmente ocupaba el territorio y tenía experiencia empadronando a sus fieles (la división administrativa de Chile, de hecho, era básicamente la heredada del obispado de Santiago, que iba de Copiapó hasta el Maule). A los problemas logísticos se sumaba el escaso compromiso de los primeros censistas o “comisionados”. En 1813, año del primer censo, hubo que meterles miedo: “Cualesquiera a quien se comisione estas diligencias, será responsable a la execración pública, y a las penas que merece el que contribuye el que contribuye a la infelicidad de su patria, si no cumple con los encargos que se le hacen”, decía una circular remitida por la Junta Gobierno. Días después la misma Junta publicó una proclama en El Monitor Araucano, el periódico dirigido por fray Camilo Henríquez: “Chilenos: observad la exactitud de los que desempeñasen sus encargos; […] fiscalizad a los negligentes; acusadlos y abandonadlos al eterno desprecio de la patria y de los hombres beneméritos”.

El censo de la Patria Vieja fracasó a tal punto que los resultados (823.685 “almas”) ni siquiera se publicaron. Además de los contratiempos ya mencionados, se presentó un problema que sería recurrente durante casi todo el siglo: la gran cantidad de campesinos que corrieron a esconderse de los comisionados, pues asumían que el objetivo de la operación era cobrar tributos o reclutar milicianos. La Corona rara vez los visitó con otro fin, y quizás tenían razón en sospechar de ese nuevo bien supremo llamado nación, pues su primer censo aún clasificaba a la población por castas: blancos, indios, mestizos, mulatos y negros. Un progreso muy modesto respecto de los conteos que se intentaron en la Colonia, que además de distinguir esas castas anotaban por separado a “vecinos” y “almas”: los primeros, propietarios de tierras con incidencia en los asuntos públicos; los segundos, simples fieles a la Santa Iglesia y por su intermedio, a Su Majestad. Para 1813, ya todos eran almas.

En 1835 se realizó el primer censo validado como tal, ahora sin distinción de castas, pero todavía muy precario. Disponer de un censo decente se fue volviendo una urgencia práctica para gobernar el país. Manuel Rengifo, ministro de Hacienda, se quejaba en 1843: “Ni sobre la población, ni sobre los productos o consumos nacionales hay dato alguno de confianza […] todo se hace por mero instinto”. Para enmendar el rumbo se creó la Oficina de Estadísticas, primera versión del actual INE, a través de una ambiciosa ley que le encomendaba recolectar una infinidad de datos sobre el país: la geografía física y política, los usos y costumbres culturales, las más variadas características de la población, la descripción de cada actividad económica. Como en Chile siempre hemos confiado en el poder de nuestras leyes, para acometer todas esas tareas la institución fue dotada de cuatro funcionarios. El censo de 1843 contó a 1.085.801 habitantes, subestimando al menos en 200 mil la población real.

Fue durante la segunda mitad del siglo XIX que la chilenidad se fue ganando el corazón de los chilenos, en sincronía con el carácter de gesta nacional que fueron adquiriendo los censos. Intensas campañas previas ensalzaban el patriotismo en los diarios, en los informativos de las plazas y puntos de encuentro de cada pueblo y ciudad, y por supuesto, en los sermones dominicales de las parroquias. Un Estado más maduro y más astuto supo ver en los censos un arma de alto potencial homogeneizador. De ahí, por ejemplo, que en 1865 el director de la Oficina de Estadísticas explicara que nuestro censo no necesitaba –como los de Europa o Estados Unidos– preguntar por la lengua o la religión, ni por la raza, pues en Chile “la creencia como el lenguaje son unos mismos para todos sus hijos” y “felizmente en nuestro país existe una raza única, libre e igual lo mismo en el color de su tez que en sus derechos y deberes políticos”. Esto iba de la mano con una mayor estandarización de los cuestionarios, usando “cuadros más pequeños y menos hermosos pero que consultan mejor la uniformidad de la obra”.

Hacia fines de siglo, los censos ya eran grandes eventos cuyos preparativos se seguían con ansiedad, generando una identificación colectiva que incluso ayudaba a expandir la conciencia sobre el territorio nacional. La sola noticia de los trabajos para concretar la tarea en la Patagonia, en los canales fluviales del sur o en el altiplano nortino ponía a los lectores en contacto con zonas remotas de las que apenas tenían noticia. En 1895, se decretaron dos días festivos –previos a la fecha de realización– para asegurar que la información sobre el censo llegara cada rincón del país.

Sin embargo, el censo de ese año arrojó resultados decepcionantes. La población había crecido mucho menos de lo esperado, variable que, en aquella época, se suponía proporcional al progreso de una nación. Se activaron las alarmas de lo que sería el pesimismo característico de la década siguiente. “¿Qué somos en el día de hoy? Me parece que la mejor respuesta es el silencio”, dijo Enrique Mac Iver en su famoso “Discurso sobre la crisis moral de la República”, pronunciado el 1 de agosto de 1900 en el Ateneo de Santiago. Tanto importaba el resultado de un censo que muchos quisieron atribuir la crisis a que el de 1895 había sido mal realizado, opinión desmentida por el propio Mac Iver en su discurso del Ateneo.

A partir del siglo XX, en una sociedad abrumada por irrupción de la cuestión social y de las migraciones masivas del campo a la ciudad, los censos tendieron a combinar su vocación uniformadora con una mayor preocupación por diferenciar las necesidades sociales de cada grupo. Y al mismo tiempo, se empezó a respetar un poco más la propia visión de cada individuo sobre sí mismo, pagando poco a poco la deuda de los censos con su más antigua víctima: la diversidad cultural.

INDIOS, PAGANOS, TULLIDOS

En 1818, un decreto firmado por Bernardo O’Higgins instruyó para todo documento oficial: “Respecto de los indios no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos”. Ignoramos cuál fue el parecer de los afectados por la medida, si es que acaso supieron de ella. Lo claro es que el Estado la interpretó de un modo sumamente discrecional, dándoles trato de indios o de chilenos según como más conviniera al objetivo de despojarlos. Esto también se reflejó en los censos, que fluctuaron entre el extremo de no reconocer en absoluto su pertenencia étnica y el de registrarlos en una lista completamente aparte. En 1920, por ejemplo, se utilizó un boletín blanco para “el común de la población chilena o extranjera” y otro de color para anotar a los “indios araucanos”. Recién el censo de 1992 instaló el criterio de que una persona podía ser chilena e indígena al mismo tiempo. En 2002, fueron casi 700 mil lo que dijeron pertenecer a alguna etnia originaria, el 87% de ellos a la etnia mapuche.

También es digno de hacer notar que, para efectos de la categoría Religión, las creencias de los pueblos indígenas se agruparon por mucho tiempo bajo el rótulo indistinto de “paganos”. Hasta 1875, se asumía que los chilenos eran católicos por defecto, de tal modo que sólo se consultaba por “Parroquia a que pertenece”. En 1885, con las Leyes Laicas del presidente Santa María recién promulgadas, se distinguió entre católicos, protestantes, sin religión y paganos, definidos estos últimos como indígenas que profesaban las “supersticiones heredadas de sus antepasados” (en 1907, por ejemplo, había 24.100 paganos en la Araucanía). Lo cierto es que abrir la puerta a estos caprichos liberales dio lugar a una preocupante anarquía teológica. Ya en 1895 se debió a cuantificar entre otros a budistas, griegos cismáticos, judíos y mahometanos, e incluso a “libre pensadores” y “racionalistas”. La escalada relativista tocó techo en 1940, cuando el formulario contempló 28 credos posibles, incluyendo a puritanos, “brahamanes”, positivistas o teósofos. En lo sucesivo, para contener la avalancha de deidades, se fue limitando el cuestionario a las religiones mayoritarias y agrupando a las demás en “Otras religiones”. Las cosas como son: las religiones profesadas en Chile por más de cien mil personas –según el censo de 2002– son la católica, la evangélica, los testigos de Jehová y los mormones. Hay otras, pero son delirios.

Por último, llama la atención la temprana atención de los censos por los discapacitados, ya fuera para afinar las políticas asistenciales o, con menos inocencia, para dimensionar la mano de obra y la reserva militar disponibles (por algo se les llamaba “imposibilitados”). En 1843 se tomó nota de ciegos, sordos, mudos, paralíticos, tullidos, dementes y baldados (tuberculosos). En 1854 se contó además a tuertos, jorobados, “cojos impedidos”, “locos y mudos”, “tullidos y sordos”, entre otros. Todo indica que la variedad de diagnósticos fue redundando en descriterios, porque el instructivo del censo de 1920 debió advertir lo siguiente: “No son defectos para los efectos del Censo los que no influyan en las aptitudes físicas o morales del censuado [sic], como feo, gordo, calvo, etc.”. Ese año, un censista anotó: “Luisa Pérez, la segunda hija, es MUJER, de 14 años, SOLTERA, CHILENA, CATÓLICA, NO sabe leer y no ejerce ninguna profesión. NO tiene propiedad raíz y, aunque sus padres no lo confiesen la muchacha es IDIOTA, sin duda alguna”. El nombre de la muchacha, por si acaso, no se copiaba en los resultados oficiales. El censo de 2002, más comedido, consideró como discapacidades: ceguera total, sordera total, mudez, lisiado/parálisis y deficiencias mentales. Las personas con una discapacidad o más fueron 334.377, el 2,2% de la población total.

Como se verificó el pasado miércoles, los censos todavía hacen patria en Chile. Hasta los más irascibles críticos de “este país” se alzaron contra toda actitud díscola, y no pocos voluntarios recibieron trato de héroes anónimos. Más de algún dirigente político se habrá preguntado cómo darle a la empresa una mística más duradera. Revisando bibliografía de distintas épocas acerca de la historia de los censos y, sobre todo, de las reacciones públicas a sus resultados, da la impresión de que la propia modernización del proceso ha conspirado contra esa posibilidad. No siempre ocurrió que los resultados, una vez conocidos, pasaran sin escalas a manos de la tecnocracia de las políticas públicas y todo su narcótico lenguaje: desarrollo integral de políticas, programas y proyectos, enfoques multidimensionales, asignación de recursos destinados al área social, desafíos en materia de ciudadanía y participación, o aquellas dos palabras capaces de anestesiar a un león hambriento: temáticas y problemáticas. Es difícil exaltar así el alma de una nación, o al menos dotar al Estado de un carisma mayor que el de sus logos.

ASÍ NOS MULTIPLICAMOS

1835: 1.103.036
1843: 1.083.701
1854: 1.439.120
1865: 1.819.223
1875: 2.075.971
1885: 2.507.005
1895: 2.605.625
1907: 3.249.279
1920: 3.730.235
1930: 4.287.445
1940: 5.023.539
1952: 5.932.995
1960: 7.374.115
1970: 8.884.768
1982: 11.329.736
1992: 13.348.401
2002: 15.116.435
2012: Mejor censo de la historia.

El libro “Retratos de nuestra identidad: Los Censos de Población en Chile y su evolución histórica hacia el Bicentenario” (INE, 2009), principal fuente utilizada para esta nota, puede descargarse acá: