La querella por prevaricación que presentó el Comité de Defensa de Caimanes el pasado 13 de febrero, contra sus exabogados Ossa y Cía., y que fue acogida por el Poder Judicial y traspasada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, podría ampliarse en contra de los dueños de la minera Los Pelambres, de propiedad de Antofagasta Minerals, perteneciente a su vez al Grupo Luksic.

El documento firmado por 12 pobladores acusa que la compañía de juristas, antiguos defensores del colectivo, actuó en contra de sus intereses al pactar el “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca” con Minera Los Pelambres. La negociación se selló en abril del 2016 y, entre otros puntos, estableció que la minera pagaría $2.400 millones a Ossa y Cía. por concepto de honorarios y $700 millones por los gastos incurridos en juicio, válido por los ocho años que duró su defensa. A cambio, Los Pelambres exigió “llevar al término los juicios actualmente existentes”, lo que fue aceptado por parte de la comunidad mediante sufragio. Sin embargo, una facción del colectivo contrató al abogado Esteban Vilchez -quien en el pasado trabajó con el estudio de Ossa en representació de Caimanesy se separó debido a las discrepancias posteriores- como su nuevo representante, para impugnar el pacto.

-La investigación se encuentra en etapa desformalizada con el fiscal Marcelo Carrasco, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad. Se está citando a declarar a todas las personas que tienen alguna incidencia, que pueden tener información, para saber cuál fue la forma en que se llegó al acuerdo que significó para la minera Los Pelambres obtener el desestimiento de juicio y para Ossa y compañía recibir de la minera $3100 millones. Estamos esperando a ver qué antecedentes aparecen a raíz de esa investigación-, asegura Vilchez respecto del avance de la indagatoria.

¿Quiénes han sido citados a declarar?
Hasta ahora han declarado excolaboradores de Ossa y compañía. Una periodista, un profesional, el fiscal jefe de minera Los Pelambres, dos abogados que no son del estudio -que son los señores Felipe Mahaluf y Fernando Saenz-, pero que aparecen firmando como abogados asesores de la comunidad. En el futuro, el fiscal está evaluando la declaración de más personas, varias de ellas vinculadas a la minera, y esperamos que cite a declarar también tanto a Andrónico Luksic como a Jean Paul, porque nos parece porque ellos necesariamente estaban en conocimiento de una situación que es relevante para la minera Los Pelambres, el asunto más relevante de hecho según el fiscal de la empresa.

¿Qué pretende la querella?
Nos parece que hay una pretensión de justicia. Si hay abogados que en opinión de sus clientes, a quienes yo represento, traicionan el deber de lealtad, no pueden quedar impunes. Ya ha habido una declaración en algún momento de la Corte Suprema en el sentido de que hay una intención de investigar estas conductas con la mayor rigurosidad posible, porque esto no sólo afecta a los abogados, que quedan desprestigiados, sino a ciudadanos vulnerables como los de Caimanes. Lo segundo, es desmitificar este acuerdo que ha sido presentado por minera Los Pelambres como un ejemplo de transparencia, de participación ciudadana, cuando es todo lo contrario. Aquí ha habido, por ejemplo, un sicólogo contratado por minera Los Pelambres para contener emocionalmente cualquier desborde en la Asamblea; ha habido abogados de la minera, que han actuado en conjunto con Ossa y compañía, para convencer a las personas de que no hay que luchar contra las empresas grandes, que hay que resignarse y aceptar lo que ellos ofrezcan; se les convenció de que las resoluciones emanadas de la Corte Suprema que los beneficiaban eran inviables, que no tenían futuro, y que, por lo tanto, lo mejor era resignarse con lo poco y nada que ofreció Los Pelambres. Lo que ha ocurrido aquí es un gran triunfo para la empresa y un tremendo perjuicio para la comunidad.

Desde Ossa y Compañía han defendido los pagos con el argumento de que se trata de un cobro por años de representación de la comunidad de Los Caimanes, ¿qué no te calza de esta explicación?
No me calza porque si se trata de honorarios por ocho años, esos honorarios deberían haber estado reflejados en contratos que nadie conoce. Ellos en algunas asambleas aseguraban ser abogados de 470 personas, pero nunca exhibieron documentos. Si se habla de costas y gastos, esos hay que acreditarlos. Se deberían haber acompañado boletas, facturas, lo que fuera y, sobre todo tratándose de procesos judiciales, sentencias que hubieran obligado a pagar costas. Lo que hay acá es una cifra enorme de $3100 millones que se acordó entre Pelambres y estos abogados que no tiene respaldo documental y no tiene justificación razonable. El acuerdo se hace para buscar el desestimiento de la causa y lograr que los habitantes de Caimanes acepten un acuerdo que es muy perjudicial para ellos.

¿Qué ganan las familias de la zona?
Lo que hay para las familias son $28 millones de pesos por grupo familiar. Entonces en lo que llaman el Fondo Familiar de la Comunidad, en total hay $10 mil millones de los cuales Ossa tiene un tercio.

¿Cuál sería, a tu juicio, un pago justo para los habitantes de la zona?
Hablamos de un monto que permita a la gente irse de Caimanes, comprarse un terreno, iniciar un negocio y tener ahorros, y además una indemnización por perjuicios. Ese monto habría que calcularlo, pero evidentemente $28 millones por familia es insuficiente, irrisoria para lo que la gente necesita. Hace unos días, el fiscal de Pelambres declaró que no sabía si alguien se había trasladado del lugar con los $28 millones, pero yo creo que él sabe que con $28 millones ninguna familia se puede trasladar a ninguna parte. Hace un tiempo,
Ossa había hablado de un piso de $100 millones por familia. El piso no puede ser, en ningún caso, menor que eso.

¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a la empresa en la prevaricación?
La idea es investigar también esa responsabilidad. Nosotros tenemos certeza de que si hay una prevaricación y hay abogados que han recibido dineros para actuar en contra de los intereses de sus clientes, la primera responsabilidad recae en esos abogados que traicionan obligaciones profesionales y de lealtad básicas. Pero evidentemente hay personas que han pagado. Aún no avanzamos en esa línea, pero sin duda, si los antecedentes arrojan que hay participación de ellos, vamos a ampliar la querella hacia quienes resulten responsables.

¿Está hablando de los dueños de la empresa?
Si los antecedentes demuestran que aquí ha habido un acuerdo para perjudicar a la gente de Caimanes y nublar la voluntad de los abogados, nosotros vamos a ampliar la querella. Si lo que hizo minera Los Pelambres es sólo una actitud descuidada y éticamente reprobable, pero que no es delito, seguiremos el juicio sólo contra Ossa.

¿Rescata algo positivo del proceder de la minera?
Ha sido desastroso desde el comienzo hasta hoy: instalaron el tranque más grande de Latinoamérica, que contiene deshechos que son relaves de una fundición de cobre, a 8 kilómetros de un pueblo. Quitaron los recursos hidrícos, los contaminaron completamente, generaron una sensación de inseguridad terrible para los que están viviendo hacia abajo, fracturaronn el pueblo, porque cuando se ven amenazados de perder su inversión el año 2006 hacen exactamente lo que están haciendo ahora: entregarle plata a la comunidad para dividirla. Hoy además enmascaran todo esto bajo una supuesta negociación, pero lo que se hizo fue una manipulación. Si un abogado civilista lee el acuerdo marco, le va a costar entenderlo, porque tiene una jerga de tipo legalista enormenente compleja, porque tiene cláusulas con condiciones suspensivas que no se comprenden. Eso no tiene ninguna posibilidad de ser entendido por una persona de Caimanes, ni siquiera por un periodista o por un médico. Aquí se ha mostrado una codicia insaciable. Minera Los Pelambres obtiene utilidades limpias de US $100 millones al mes y tiene una explotación de cien años, entonces han mostrado un nivel de egoísmo que no tiene nombre. No es relevante ir a tomar té a la casa de una persona en Estación Central. Lo que importa es saber qué hacen con un pueblo, qué hacen con un valle y qué compasión tienen con personas que están sufriendo.

¿Cuál es la calidad de vida hoy de los habitantes de Caimanes?
Miren, las personas compran agua envasada. Son personas de escasos recursos, pero tiene que comprar agua envasada. Frente a cualquier lluvia o temblor, sufren una incertidumbre enorme. Algunos han perdido contacto familiar, porque sus familiares no se atreven a ir para allá. Es un pueblo fracturado entre quienes aceptaron los $28 millones, que probablemente nunca en su vida vieron tanto dinero, y quienes estaban peleando por no aceptar cualquier cosa, entonces el pueblo se desintegró. Hasta el día de hoy, no tienen alcantarillado. Este es un compromiso que asumió Pelambres en la Resolución de Calificación Ambiental en 2004, y a la fecha no tienen alcantarillado. Son muy malas condiciones de vida.

¿Y qué responsabilidad tienen en esto los Luksic?
Toda la responsabilidad del mundo y si tratan de eludirla, nadie les va a creer. Lo que hicieron fue poner un tranque a 8 kilómetros de un pueblo. Yo me imagino, y no por un tema de resentimiento social, que si colocamos un tranque de estas dimensiones en San Carlos de Apoquindo, finalmente no se haría. Pero como se trata de un pueblo en el norte de gente de escasos recursos, le ponen este tranque que tiene una cortina que mide lo que mide la torre del Costanera Center. Si eso cae, llega en 5 minutos a Caimanes y lo sepulta. Y en 15 minutos se afecta al 70% de Los Vilos con un nivel de muertes y destrucción que sería probablemente la más alta en Chile.