Decretan orden de captura para tres militares en retiro condenados por secuestro calificado que están prófugos

La justicia decretó hoy orden de captura para tres agentes de la dictadura, que se encuentran prófugos después de no presentarse en un recinto penitenciario para cumplir una condena por crímenes de lesa humanidad.

El juez a cargo del caso, Mario Carroza emitió las órdenes de “arresto inmediato” para los militares en retiro Luis Sanhueza y Roberto Rodríguez y del ex funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) Juan Orellana, condenados a purgar penas de entre cinco y diez años de cárcel.

Los prófugos son parte de un grupo de 34 sentenciados por el delito de secuestro calificado de cinco opositores al régimen militar en el año 1987, de los cuales 13 están cumpliendo su condena en el recinto penitenciario Colina I, que alberga a presos comunes y que por primera vez, tiene entre sus rejas a violadores de derechos humanos.

Las víctimas de los apremios ilegales son Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, de quienes no se han encontrado sus restos mortales.

Uno de los abogados defensores, Raúl Maza señaló entender la decisión de los prófugos, debido al temor que existe por parte de los condenados frente a las condiciones deplorables en que se encuentran las cárceles comunes y al no poder ver garantizadas condiciones mínimas de seguridad personal.

Hasta ahora los condenados por violaciones a los derechos humanos cumplían sus condenas en el penal Punta Peuco, recinto construido en 1995 en las cercanías de Santiago, definido por las víctimas como una cárcel cinco estrellas, con canchas de tenis, terrazas y amplios comedores, pero que ya copó su capacidad tras recibir a ocho de los condenados por este caso.

“Hoy estamos en un escenario que es histórico. Por primera vez, personas condenadas por violación a los derechos humanos van a iniciar un cumplimiento de condena en una cárcel común”, señaló Maza a los periodistas .

Añadió que “ni el Poder Judicial ni Gendarmería de Chile les entregan las suficientes garantías respecto a su seguridad personal y a su integridad física, además algo muy relevante que han invocado algunos internos, que es la seguridad personal de algunas visitas”.

El abogado de los familiares de las víctimas, Nelso Caucoto aseguró que “la fuga era un tema predecible, uno lo entiende del punto de vista natural de que a nadie le gusta estar preso, pero cuando se cometen delitos de esta envergadura y de esta naturaleza la gente tiene que asumir también que eso tiene sus consecuencias”.

“El tema del resguardo de la integridad física de cada una de las personas que sea condenada en las cárceles chilenas, sean que estas se llamen Punta Peuco o sea que se llame Colina, es una responsabilidad del Estado y éste debe garantizar que nada les pase a fin de que cumplan las sentencias que la justicia les ha asignado”, apostilló el defensor de derechos humanos.