En 2014, el contador auditor del departamento de finanzas de Carabineros, Eduardo Pardo Muñoz, compró una propiedad en la comuna de Las Condes. Pagó $280 millones al contado. La extraña adquisición fue detectada durante el sumario interno de Carabineros que indaga a los involucrados en el millonario desfalco a la institución, ya que el patrimonio no calzaba con sus remuneraciones. Pardo Muñoz fue llamado a declarar frente a los uniformados para que explicara el origen de los dineros que le permitieron adquirir la propiedad y entregara todos sus movimientos bancarios. El contador se rehusó y negó de paso cualquier participación en los ilícitos, pero las cifras no cuadraban: además de la cuantiosa propiedad en Las Condes, según los registros de Dicom, Pardo Muñoz posee una propiedad en Sánchez Fontecilla, posee un Mercedez Benz del 2011 y es propietario de la Sociedad Comercial Logistics Limitada.

En pocos días se reveló algo más:  Pardo Muñoz era uno de los eslabones más relevantes en la defraudación, que ya se empina en los $17 mil millones, porque el funcionario manejaba a la perfección el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SigFes) ya que se desempeñó en el Ministerio de Hacienda cuando se diseñó el programa que se utiliza para llevar la contabilidad en Carabineros y otros organismos estatales.

La institución uniformada informó al Ministerio Público sobre el sospechoso incremento patrimonial de Pardo. Con una orden judicial, la Fiscalía levantó el secreto bancario y descubrió cinco depósitos en su cuenta personal el año 2011 por un total de $123 millones: el 24 de marzo recibió $13.110.158; el 22 de junio, $15.735.288; el 22 de julio, $18.145.862; el 22 agosto, $27.364.215, y el 19 de septiembre, $48.801.650. Pero, tal como ocurrió con el jefe de Finanzas, el General (r) Flavio Echeverría, quien recibió vía bancaria un total de $175 millones, es decir, sólo un 40% de los $420 millones mal habidos que asegura haber obtenido a través del fraude, se sospecha que Pardo obtuvo mucho más dinero a través de la repartición de recursos en efectivo, porque el contador no sería sólo uno más en la cadena. Así, el grueso de sus recursos provendría del 90% de efectivo que se repartían entre los cabecillas de la banda, -entre ellos, Jaime Paz, Héctor Nail Bravo, Pedro Valenzuela y Flavio Echeverría-, luego que los llamados “cuenta correntistas” (funcionarios y civiles que facilitaban sus cuentas en el banco) retiraran los fondos del banco a cambio del 10% de comisión.

¿Por qué un civil llegó a tener tal relevancia? Según la investigación del Ministerio Público, Pardo Muñoz fue una figura clave que habría ideado la fórmula para maquillar la contabilidad y que la defraudación no fuera detectada. Su rol sería más relevante, incluso, que el de los ingenieros informáticos que modificaban los llamados “archivos planos”: nóminas de remuneraciones que debían ser aprobadas y enviada al banco para el pago de sueldos. En la organización criminal, Pardo operaba como la cabeza intelectual para que el desfalco de dineros públicos fuera indetectable. Era el “mago de Intendencia” y mano derecha del Coronel (r) Jaime Paz.

Pardo llegó a trabajar a la dirección de finanzas de Carabineros en el 2007. Justo antes, el contador se desempeñó en el Ministerio de Hacienda, donde ayudó en el diseño e implementación del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SigFes). El mismo programa que se utiliza para llevar la contabilidad en Carabineros y otros organismos estatales. Gracias a esta experiencia laboral previa, Pardo conocía las claves del sistema, los mecanismos para modificar computacionalmente las cifras ingresadas y hacer cuadrar los balances. Todo sin levantar sospechas.

Eso hasta que fue descubierto y el 7 de abril pasado fue despedido de Carabineros. The Clinic Online intentó ubicarlo en su celular y se le envió además un mensaje a su Facebook. Hasta el cierre de esta edición, no pudo ser contactado.

INVESTIGACIÓN

En los últimos días, mientras prepara nuevas formalizaciones, la Fiscalía tuvo acceso a las cajas de seguridad bancarias del eniente coronel (r) Héctor Nail y del capitán Francisco Estrada, dos de los imputados. Ello luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía acogiera la petición del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien ahora deberá revisar el contenido de las cajas.

La diligencia es una de las tantas que busca determinar dónde fue a parar el dinero robado, ya que entre propiedades y adquisiciones de los imputados aún no se suman los recursos que, hasta ahora, aparecen sustraídos de forma irregular. De hecho, los imputados aún no precisan cuáles eran los criterios con que los líderes de la banda se repartían el dinero en efectivo.

En tanto, la Fiscalía Centro Norte abrió una carpeta de investigación luego de que en sus tres declaraciones el general (R) Flavio Echeverría, formalizado en la indagatoria, insistiera en que hubo malos manejos financieros en los gastos reservados del alto mando.

Al respecto, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, aseguró a The Clinic Online que “hay quienes denuncian tantas cosas que vieron, que percibieron, que conocieron y no las denunciaron. Se tendrán que hacer cargo, yo no puedo anticipar opiniones. En todo caso, sería bueno no darle tanto crédito a quienes están imputados por delitos graves” y aseveró que este tipo de imputaciones hacen “el daño natural que puede hacer un comentario mal intencionado, una mentira, buscando salvar su endeble honra”.