Conocedores en detalle de cómo operaba el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SigFes), que se utiliza para llevar la contabilidad en Carabineros y otros organismos estatales, a través de la pericia del contador auditor Eduardo Pardo Muñoz –quien trabajó en el ministerio de Hacienda en el diseño e implementación del modelo- y aliados con los ingenieros informáticos que hacían invisible el desfalco, los oficiales líderes de la llamada “Mafia de la Intendencia” no sólo sustrajeron recursos de las cuentas de Remuneraciones y Desahucios.

Según información recabada por The Clinic Online, en los últimos días se ha descubierto en la indagatoria interna que lleva a cabo Carabineros y en la investigación de la Fiscalía, una nueva arista que podría empinar los montos del millonario fraude por sobre los $25 mil millones.

Diligencias y declaraciones apuntan al uso de una segunda cuenta corriente de la institución uniformada, que fue usada por los cabecillas de la llamada “Mafia de la Intendencia” –el general R Flavio Echeverría y los oficiales Jaime Paz, Héctor Nail Bravo, Pedro Valenzuela, Robinson Carvajal y Nelson Valenzuela- para acrecentar su patrimonio a costa de recursos públicos y de ahorros de sus compañeros de armas. Se trata de la cuenta “Gastos Operacionales” a donde van a parar todos los saldos del presupuesto anual de Carabineros, que supera el billón de pesos. Los remanentes o recursos presupuestarios que no son utilizados por distintos motivos, como la buena gestión en un área, van a parar a esta especie de millonaria “caja chica” que se usa para cubrir gastos imprevistos o emergencias. Por ejemplo, reemplazo de vehículos en caso de accidentes, reparaciones, mantenciones, entre otros varios.

Pues bien, la revisión de los años 203 y 2015 de esa cuenta, arrojó el robo de $4 mil millones, que se suman a la cifra oficial de $17 mil 533 millones. Es decir, ya son $21 mil 533 millones defraudados. Y queda pendiente la exhaustiva revisión de cinco años más.

El lunes pasado, en su exposición ante la Cámara de Diputados, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, ya había advertido que la cifra defraudada -principalmente en el periodo de su predecesor, Gustavo González Jure-, podría superar los $20 mil millones, pero que todo dependía de los años analizados.

OPERACIÓN CAJA CHICA

Uno de los principales remanentes en Carabineros se produce debido a la gran cantidad de uniformados que cada año pasa a retiro o son dados de baja (aproximadamente dos mil funcionarios por año). En estos casos, el presupuesto original contempla sus remuneraciones para los doce meses del año. Si dejan la institución en el mes de septiembre, quedan 3 meses de pago ya destinado en presupuesto, dinero que es redestinado a la cuenta de gastos operacionales para solventar costos no cubiertos o imprevistos. Los otros remanentes disponibles provienen de recursos que se ahorran en instancias como Logística, porque se obtienen, por ejemplo, mejores condiciones en las licitaciones.

La organización criminal vio en esta instancia una mina de oro. La forma de operar con estos montos habría sido similar al que usaban en remuneraciones: captar cuentacorrentisas, transferirles, entregarles una comisión y luego repartir en efectivo entre los cabecillas. En el caso de los falsos jubilados, a quienes se les entregaban dineros destinados al retiro de carabineros, se usaba a personas de escasos recursos sin productos bancarios quienes retiraban millones en el Banco Estado con su carnet de identidad. Ellos eran reclutados por el oficial Mario Alexis Yerkovic Matus.

Para concretar el robo sin levantar sospechas, usaban el mismo mecanismo que en el caso de la cuenta de remuneraciones: Alterar la contabilidad y el sistema de gestión financiera estatal, (software donde se ingresan los datos). En este último delito, ejercía un rol clave, Eduardo Pardo Muñoz, contador y exempleado del Ministerio de Hacienda, que conocía las vulnerabilidades del sistema, tal como este medio consignó en una nota anterior.

Los encargados de la investigación han revisado la contabilidad de la cuenta corriente de gastos operacionales de los años 2015 y 2013, en los cuales, como ya se dijo, se robaron $4 mil millones. Sin embargo, todavía queda pendiente revisar cinco años más: el 2010, 2011, 2012, 2014 y 2016, lo que fácilmente podría elevar el monto defraudado de $21 mil 533 actuales a los $25 mil millones.

De todos modos, por el momento, la investigación interna de Carabineros se mantiene acotada entre los años 2010-2016. Aún se está a la espera de los reportes bancarios entre 2006 y 2010 para analizar ese periodo. Por su parte, la Fiscalía ya cuenta con los antecedentes de 2008 y 2009.

Sin embargo, según fuentes de la investigación, es poco probable que se pueda establecer cuánto fue el total del dinero robado y desde cuándo operaba el fraude. Esto porque no existirían registros históricos de los movimientos bancarios anteriores al año 2006.

Según el artículo 155 de la Ley General de Bancos, las entidades bancarias sólo están obligadas a respaldar la información y guardar los archivos durante 6 años. Algunos bancos tienen respaldo hasta diez años, pero no más atrás. A eso se suma, la prescripción de las causas.

En tanto, si bien algunos de los formalizados se han ofrecido devolver el dinero defraudado y otros invirtieron en bienes inmuebles, aún se desconoce el paradero de miles de millones de pesos en efectivo de los que no existe registro alguno y que estarían en poder de los cabecillas del grupo, todos ellos en prisión preventiva a la espera del juicio.