“Ese documento no lo elaboré yo”, es lo primero que aclara el coronel (r) Marcelo Zúñiga Bestard a The Clinic Online al revisar la nómina que aparece firmando y que uno de los líderes de la llamada Mafia de la Intendencia, el coronel (r) Jaime Paz, entregó a la Fiscalía. Se trata de un documento, fechado en 2007, con 62 nombres de personas que habrían recibido estos recursos como una forma de sobresueldo. En total, los dineros suman más de $23 millones.

Entre los supuestos receptores, como publicó La Tercera, está la actual integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Javiera Blanco, quien entre 2007 y 2010 se desempeñó como subsecretaria de Carabineros.

Esta arista del fraude millonario a Carabineros –que superaría los $25 mil millones- es indagada por la fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas. La causa se abrió luego de que el exdirector de Finanzas de Carabineros, el general (R) Flavio Echeverría, también imputado en la investigación por desfalco, declarara ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, sobre eventuales irregularidades en la forma en que se usaban estos montos en la compra, por ejemplo, de relojes para el alto mando cuando pasaban a retiro.

Según precisa Zuñiga Bestard, si bien queda registro de la repartición de los fondos –que son declarados secretos por ley-, éstos no se anotaban de la forma que aparecen en el documento entregado por Paz ni se destinaban a personas ajenas a la institución. El oficial debe declarar este viernes ante la PDI por el texto en el que se vincula a numerosos funcionarios, entre ellos el fallecido director general José Bernales Ramírez.

En tanto, en la lista de diciembre de 2010 –que suma $23 millones- y que también fue entregada por Paz, aparece mencionado el actual director general Bruno Villalobos, que en la época cumplía funciones en la Dipolcar.

Consultada la dirección de comunicaciones de Carabineros, adujo que desconocía el origen de la lista y que no responde a un documento oficial. En cualquier caso, la legislación ampara el uso de los gastos reservados que están contemplados en la operativa de distintas reparticiones.

Fuentes de la institución aseguran que lo más probable es que la filtración de ambas nóminas responda a una estrategia distractiva de parte de los funcionarios acusados de corrupción con el objetivo de lograr la “colaboración efectiva” que les permitiría evitar la cárcel a costa de “ensuciar” a otros personeros, aún sin contar con pruebas para ello. En especial porque el monto de lo robado por los oficiales sigue al alza.

Robo superaría los $25 mil millones
Tal como publicó The Clinic Online, en los últimos días se ha descubierto en la indagatoria interna que lleva a cabo Carabineros y en la investigación de la Fiscalía, una nueva arista que podría empinar los montos del millonario fraude por sobre los $25 mil millones.

Diligencias y declaraciones apuntan al uso de una segunda cuenta corriente de la institución uniformada, que fue usada por los cabecillas de la llamada “Mafia de la Intendencia” –el general R Flavio Echeverría y los oficiales Jaime Paz, Héctor Nail Bravo, Pedro Valenzuela, Robinson Carvajal y Nelson Valenzuela- para acrecentar su patrimonio a costa de recursos públicos y de ahorros de sus compañeros de armas. Se trata de la cuenta “Gastos Operacionales” a donde van a parar todos los saldos del presupuesto anual de Carabineros, que supera el billón de pesos. Los remanentes o recursos presupuestarios que no son utilizados por distintos motivos, como la buena gestión en un área, van a parar a esta especie de millonaria “caja chica” que se usa para cubrir gastos imprevistos o emergencias. Por ejemplo, reemplazo de vehículos en caso de accidentes, reparaciones, mantenciones, entre otros varios.

Pues bien, la revisión de los años 2013 y 2015 de esa cuenta, arrojó el robo de $4 mil millones, que se suman a la cifra oficial de $17 mil 533 millones. Es decir, ya son $21 mil 533 millones defraudados. Y queda pendiente la exhaustiva revisión de cinco años más.

Para concretar el robo sin levantar sospechas, usaban el mismo mecanismo que en el caso de la cuenta de remuneraciones: Alterar la contabilidad y el sistema de gestión financiera estatal, (software donde se ingresan los datos).