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Mundo

24 de Mayo de 2017

Justicia aceptó la jugada de Temer para no declarar ante la policía por caso de corrupción

El escándalo que tiene a Temer contra las cuerdas estalló el pasado miércoles con la divulgación del audio de una conversación que tuvo con un empresario en su residencia oficial, en la que parece consentir diversas maniobras ilegales.

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La Corte Suprema de Brasil atendió hoy una petición de la defensa del presidente brasileño, Michel Temer, para evitar que el jefe de Estado sea obligado a prestar testimonio ante la Policía en la investigación que le fue abierta por corrupción, informaron fuentes oficiales.

El recurso fue presentado al máximo tribunal luego de que un escribano de la Policía Federal entrara en contacto con uno de los bufetes encargados de la defensa del mandatario para intentar definir una fecha para el testimonio.

En respuesta a la petición de la defensa, el magistrado Edson Fachin, el instructor en el Supremo Tribunal Federal de la investigación contra Temer, aclaró que hasta ahora no ha autorizado a la policía a escuchar el testimonio del mandatario.

La Corte Suprema abrió el pasado viernes una investigación contra el gobernante por los delitos de corrupción y obstrucción a la justicia para intentar aclarar las denuncias de un empresario que lo salpicó directamente en diferentes corruptelas.

La denuncia está basada en la grabación de una conversación del empresario con Temer, pero la defensa del presidente alega que la prueba es inválida porque el audio fue editado, y le pidió a la Corte Suprema que suspenda la investigación hasta que peritos oficiales se pronuncien sobre su validez.

En la petición enviada este miércoles a Fachin, los abogados de Temer alegan que el gobernante no puede prestar testimonio mientras la Policía Federal no determine si la grabación fue editada y si es válida como prueba.

Los abogados consideran que la petición para que el presidente preste declaración es “inadecuada y precipitada mientras aún está pendiente la conclusión de la pericia del audio grabada por el delator, diligencia muy necesaria ante las dudas gravísimas generadas por tres pericias divulgadas”.

En su respuesta, Fachin dijo que la única diligencia que ha autorizado hasta ahora en la investigación contra el presidente es la pericia de la grabación, por lo que la Policía Federal no cuenta hasta ahora con un mandato que le permita llamar a Temer para que preste testimonio.

La defensa de Temer agregó en su petición que, en el hipotético caso de que el presidente tenga que rendir testimonio, ese procedimiento debe ser realizado por el propio magistrado instructor y no por la policía.

“Pedimos licencia para reiterar que si el presidente de la República tiene que ser escuchado, que lo sea por vuestra excelencia (el magistrado Fachim) o que pueda responder por escrito a preguntas elaboradas previamente”, piden los abogados.

El escándalo que tiene a Temer contra las cuerdas estalló el pasado miércoles con la divulgación del audio de una conversación que tuvo con un empresario en su residencia oficial, en la que parece consentir diversas maniobras ilegales.

El empresario era Joesley Batista, uno de los dueños del gigante cárnico JBS, quien grabó la conversación con Temer para presentar pruebas en el marco de un acuerdo de cooperación con la Justicia por el que busca una reducción de condena por delitos de corrupción.

Batista y otros directivos de JBS afirman, entre otras cosas, que le pagaron sobornos a Temer desde 2010 y que en los últimos años financiaron en forma ilegal a 1.829 políticos.

El escándalo puso a temblar el Gobierno de Temer, cuya renuncia es demandada por diversos grupos, y provocó una ruptura en la mayoritaria coalición partidaria que lo apoya en el Congreso.

Las peticiones de renuncia fueron reforzadas hoy por una manifestación convocada por sindicalistas en Brasilia y que reunió a entre 40.000 personas, según la policía, y 150.000, para los organizadores.

Temer ha descalificado las acusaciones y ha dicho, en dos mensajes dirigidos al país desde el pasado jueves, que no renunciará al cargo que ocupa desde mayo de 2016, cuando comenzó el proceso que acabó con la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff.

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