La Asociación de Funcionarios Fiscalía Metropolitana Occidente (ASFFRO) denunció el doble estándar del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, con el distinto trato que tendría con sumarios administrativos a algunos fiscales, como contra el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, versus otras situaciones al interior del Ministerio Público.

La asociación destaca que el persecutor nacional señaló públicamente que no tenía ningún tipo de rivalidad y que la investigación administrativa obedece a las denuncias que realizaban los intervinientes.

Por ese motivo, los funcionarios señalan “encontrarnos sorprendidos y decepcionados por como el Fiscal Nacional resuelve situaciones similares con una vara totalmente distinta, pues desde el mes de diciembre esta directiva ha denunciado reiteradamente malos tratos laborales al interior de la Fiscalía Occidente, reclamos dirigidos en un primer momento al Fiscal Regional Occidente, señor José Luis Perez Calaf y ante su nula respuesta y solución, se escaló el conflicto y se presentó un reclamo formal al Fiscal Nacional con fecha 31 de Marzo de 2017, denunciando dichos malos tratos laborales y no recibiendo ninguna respuesta de la autoridad nacional a la fecha”.

“Consideramos impresentable y nos llama profundamente la atención, ya que la máxima autoridad es enfática en dar una pronta respuesta a los representantes de los intervinientes en una investigación penal en curso, pero se es totalmente permisivo y pasivo para dar respuesta a los representantes de los trabajadores, más cuando las situaciones denunciadas puedan afectar derechos fundamentales de nuestros representados”, agregan los trabajadores.

Según la asociación, las denuncias realizadas corresponden a prácticas antisindicales, malos tratos por parte de una jefatura de unidad y un caso de interceptaciones telefónicas al interior de la misma Fiscalía Occidente, recibiendo esta directiva la denuncia de que se habrían intervenido los teléfonos institucionales de diversos funcionarios con la finalidad de grabar la totalidad de sus conversaciones telefónicas.

“De dicha denuncia, derivó en una presentación por Ley de Transparencia y que fue rechazada por el Director Ejecutivo Regional, señor Rodrigo Lazo Parada, mediante oficio DER N° 006/2017 y por lo cual se interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que lo declaró admisible, solicitó un informe al Director Ejecutivo Regional y fijó alegatos para este viernes 16 de Junio de 2017”, señalan.

Por ese motivo, la ASFFRO le dio su apoyo al fiscal Emiliano Arias “pues en concordancia con lo declarado por la Asociación Nacional de Fiscales, creemos que estos artilugios legales solo buscan debilitar su autonomía en la persecución penal, perjudicar directamente su labor, añadiendo preocupaciones indebidas a su función y que en nada ayudan a fortalecer la autonomía con la que los fiscales deben investigar los delitos, independiente el color político o el poder económico de los involucrados, sin mencionar que el Fiscal Arias no es el único que ha sido víctima de este poder absoluto que ostenta el Fiscal Nacional y su mal entendida Autonomía del Ministerio Público”.

Los trabajadores además señalan que la actual presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público, Paulina Ruiz Tapia, vivió un hecho similar con una investigación penal y fue citada a dependencias del Ministerio Público por una entrevista prestada el 1 de Agosto del año 2016 en CNN Chile “que no gustaron en nada a las autoridades asentadas en el edificio de General Mackenna, hecho que posteriormente fue denunciado en tribunales por prácticas antisindicales y que dio paso a un acuerdo histórico entre FENAMIP y el Fiscal Nacional, quien se comprometió a iniciar una mesa de trabajo para tratar las dos recomendaciones de la Organización del Trabajo (OIT) ante las dos quejas presentados por esta federación, comprometiéndose además a solucionar los problemas de clima organizacional y prácticas antisindicales que ocurren al interior de la institución”.

Finalmente, los funcionarios señalaron que seguirán defendiendo a sus asociados y reclamaron por fiscalización laboral externa para el Ministerio Público.