Calificado como uno de los líderes de la banda delictual que por años operó al interior de Carabineros, sindicado como el oficial que invitó al General Flavio Echeverría a unirse al fraude institucional y mencionado como la pista clave que pudo haber frenado el desfalco en el año 2011, el Coronel R, Arnoldo Rivero Gerdes, “el Huaso”, es hoy uno de los principales rostros de la Mafia de la Intendencia que extrajo de forma irregular más de $22.500 millones.

Tal como reseñó hace unos meses The Clinic Online, Rivero era conocido en el mundo del rodeo: tiene caballos inscritos por su criadero, Santa Beatriz, que hacen gala de la pureza de sangre como Patrullero, Qué Luna, Cardenal y Quemaíto, entre ellos, animales que se transan en varios millones y que compiten en los torneos locales.

Además, como adelantó este medio, fue parte del departamento de adquisiciones, en momentos en que la compra de indumentaria no tenía un manual y las asignaciones eran discrecionales. Precisamente existe una indagatoria que conduce la fiscal Macarena Cañas -que también dirige la arista por gastos reservados- por el presunto pago de coimas por parte del histórico proveedor de la institución, el empresario Carlos Capurro Bahamondez, a 19 funcionarios policiales responsables de los proceso de adjudicación de licitaciones y ayer Rivero estaba citado a declarar en calidad de inculpado en este proceso. Según información recabada por The Clinic Online, su rol en esta causa sería igual de clave que la que jugó en el megafraude.

Ello porque existen versiones de que el cuantioso patrimonio del Huaso -que posee una parcela con medialuna y caballerizas en el sector de Alto Jahuel-, creció de forma explosiva durante sus años en Compras y siguió aumentando de manera desenfrenada cuando se desempeñó como funcionario del Departamento de Tesorería y Remuneraciones de la policía.

De hecho, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el caso se reveló que en el año 2011 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) derivó al Ministerio Público un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que alertaba que Rivero había recibido depósitos por $48 millones en un año, cuando su salario bordeaba el millón de pesos. La alerta no prosperó ya que la Fiscalía aceptó como cierto un informe suscrito por Echeverría, que aseguraba que tras una pesquisa interna, se daba por descartada cualquier irregularidad.

EL ORIGEN
En uno de sus testimonios en Fiscalía, donde omitió información relevante, Rivero bosquejó cómo se había fraguado el robo en la Intendencia. Dijo que en 2004 el mayor Nelson Valenzuela reunió a Diego Valdés, a Randy Maldonado y a él, y les propuso abultarse los sueldos y que al Coronel Francisco Reyes Momberg de Contraloría institucional de Carabineros, también se le abultó el sueldo con la finalidad de que cuando revisaba no informara sobre las anomalías. Ya que los recursos se repartía entre muchos funcionarios, se optó por entregar un Rut en el que se depositaba, luego se recolectaba y se repartía; y que todo esto se hacia “en coordinación con el señor Hugo Zúñiga Pailamilla de Hacienda”. Acotó además que todo esto lo disponía el general Pizarro (Konga), quien no figuraba en los listados porque el mayor Nelson Valenzuela le pasaba el dinero en efectivo y que el general Pizarro se quedaba con el 80%.

En su declaración agregó que el Coronel Fernando Pérez Barría y el Mayor Nelson Valenzuela le dijeron que tenían todo arreglado con el Ministerio Hacienda, que tenían un contacto que era Hugo Zuñiga Pailamilla, quien además era amigo de Julio Pizarro Konga, entre ellos arreglaban las cosas entre Carabineros y Hacienda, desviaban fondos. Finalmente añadió que el Coronel Fernando Pérez Barrio, el General Julio Pizarro Konga y Hugo Zúñiga realizaban almuerzos privados.

Lo que no contó Rivero es que a través de su cuñado -en cuya cuenta depositaba los dineros la organización defraudadora-, habría recibido pagos ilícitos por un total de $975 millones a partir del 2008.

CONGELAR DESAHUCIOS
Cerca de mil millones de pesos que permanecen en la cuenta 901815-8 del Banco Estado, con la que se pagan las indemnizaciones de los uniformados y que corresponde a dinero ahorrado por carabineros, serán congelados por el Fiscal Eugenio Campos como una forma de recuperar parte de los recursos que fueron robados de la institución por la llamada “Mafia de la Intendencia”.

Fuentes de la investigación del Ministerio Público señalan que el personal que ha sido dado de baja o ha pasado a retiro en la institución en el marco de la indagatoria de esta causa no ha hecho uso aún de este dinero que se recibe en un solo cheque por varios millones y que es independiente de la jubilación. Los montos, apuntan estas mismas fuentes, son considerables dado que responden a ahorros personales realizados durante todo el periodo en que se vistió el uniforme. Por ejemplo, un General como Flavio Echeverría, que se desempeñó en Finanzas, recibe en promedio $91 millones; un coronel como Héctor Nail, uno de las cabecillas del fraude, $77 millones; y un Teniente Coronel, como Mauricio Saldaña, también partícipe del roblo, $59 millones.

Hasta ahora, Carabineros ha dado de baja a más de 60 oficiales por su vinculación con la causa, ya sea por estar a cargo de la máquina defraudatoria o por haber facilitado sus cuentas corrientes a cambio de una comisión, por lo que la suma de los desahucios de los involucrados superaría los mil millones de pesos. Cabe recordar que esta cuenta, correspondiente a dinero de sus compañeros de armsa, fue una de las usadas por los delincuentes para su desfalco junto con la de Gastos en Personal, sindicada con el número 901813-1, donde se giran todos los recursos relacionados con el ajuste y pago de las remuneración; la de Tesorería, identificada con el número, 900413-1, donde van a parar dineros de reintegro y de licencias Médicas; y la de Gastos Operacionales, que corresponde a la cuenta 901306-7 y que cubre gastos e inversiones originados por la Dirección de Finanzas y distintos departamentos.

Además, ayer se reveló la existencia de una nueva arista en la causa ya que existen dos transferencias injustificadas a la cuenta personal del general en retiro de Carabineros, Félix Flores Santis, quien se desempeñó como jefe del Departamento de Cuarteles entre el 2012 y 2013, realizadas en marzo y abril de 2012 el coronel (r) Fernando Pérez Barría, hoy en prisión preventiva en el marco de la indagatoria por el millonario fraude.

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al que tuvo acceso The Clinic Online y que está en poder del Ministerio Público detalla un depósito de $478.425 y otro por $1.500.000 que realizó el exjefe de planificación presupuestaria del Departamento de Presupuestos y Finanzas de Carabineros a Flores Santis y que se detectó en la investigación sobre las irregularidades en la adjudicación de la construcción de cuatro retenes policiales, que terminaron destruidos en el terremoto, a la empresa CGM Limitada. El contrato con la compañía fue por $1.152 millones de pesos, lo que significó un exceso de pagos que provocó un perjuicio fiscal de alrededor de $500 millones. En la época, Flores Santis estaba a cargo de estas licitaciones.

Fuentes de la investigación apuntan a que se estaría ante una nueva arista que abre la interrogante respecto de si otras reparticiones, distintas a la Intendencia, están vinculadas de alguna forma al megafraude. Es decir, si las irregularidades no estaban enquistadas sólo en el departamento de Finanzas, como se ha conocido hasta ahora.