El abogado que representa a la Fundación Ciudadano Inteligente en los casos Penta y SQM, Mauricio Daza Carrasco, fue incluido en una lista elaborada por la Fiscalía Regional de Aysén en noviembre pasado para buscar coincidencias entre la contabilidad de empresas investigadas en la causa FIPES por tener algún grado de relación directa o indirecta con el diputado DC Iván Fuentes Castillo.

La investigación es parte de la causa iniciada el 17 de agosto de 2016, que comenzó por oficio luego de la emisión de un reportaje de Informe Especial de TVN donde se dio a conocer que el diputado Fuentes habría recibido aportes irregulares para su campaña por parte de empresas pesqueras.

A pesar de que el propio diputado reconoció haber recibido dinero en ese mismo reportaje, la Fundación Ciudadano Inteligente no se ha hecho parte como querellante en la causa de pesqueras de Aysén como sí lo hizo desde marzo de 2015 en adelante, en los casos Penta, SQM y Corpesca.

Para todas esas acciones legales la fundación pro transparencia ha sido representada por juristas miembros del Estudio Soto, Horvath, Daza, Farachi & Orthusteguy abogados. Específicamente con Daza, Orthusteguy y el abogado miembro del estudio Carlos Hidalgo Guerrero, según lo detalla su propio sitio web.

Pero Daza ha litigado por Ciudadano Inteligente en todas esas causas -incluida Corpesca, aunque luego renunció a ese patrocinio- al mismo tiempo en que representaba a ejecutivos de empresas que también eran investigadas por el Servicio de Impuestos Internos, compañías que son parte del grupo empresarial liderado por el empresario Francisco Javier Errázuriz, indagado por supuesta evasión tributaria de más de 48.000 millones de pesos y directo competidor de Soquimich.

FIPES

Las diligencias de la causa FIPES (Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral) buscaban revisar y analizar la documentación contable contenida en las evidencias levantadas en Santiago y Puerto Montt a empresas como Salmones Friosur S.A., Pesquera Friosur S.A. y Nippon América Latina S.A., con el fin de verificar si existen movimientos u operaciones contables inconsistentes o de interés.

La lista elaborada por fiscalía y periciada por la Policía de Investigaciones (PDI) incluye a Daza y a otros familiares directos del senador Antonio Horvath, como su hija Valentina Horvath, socia del Estudio HDFO y esposa de Daza; y Antonio Horvath Gutiérrez, el hijo ante el cual el parlamentario se querelló por falta de rendiciones de cuenta en una sociedad conjunta y posibles irregularidades en venta de viviendas.

Además, aparecen funcionarios de la oficina parlamentaria del senador Horvath pagados por el Congreso como asesores, periodistas, administrativos, secretarias y hasta encargados de limpieza. La lista también incluye al diputado Iván Fuentes, dos de sus hijos y a la pareja del parlamentario, así como también al exdirigente social en las movilizaciones de Aysén de 2012, Misael Fuentes, y a su hijo del mismo nombre.

Junto a ellos también aparecen altos ejecutivos de las empresas involucradas como Eduardo Bruce, gerente general de Friosuper S.A., y Carlos Vial Izquierdo, vicepresidente de Friosur y expresidente de Salmón Chile.

La lista también incluye al senador de Aysén Patricio Walker, sobreseído en enero pasado en este mismo caso, y otros siete hermanos Walker Prieto, incluido el diputado por Coquimbo, Matías Walker. Entre ellos, aparece Tomás Walker Prieto, quien es socio de Raúl Valdivia Ojeda -también en esa nómina- en Walker y Valdivia Abogados.

En esa firma trabajó el abogado Alejandro Correa Rivera, quien giró boletas a nombre de Salmones Frio Sur S.A. y Nippon Suisan América Latina S.A. Según la declaración que prestó un director de Friosur, Claudio Pumarino Bontempi, esas boletas fueron las que recibió para justificar el pago del dinero en ayuda a la campaña de Fuentes.

La aparición de Daza en la lista a periciar por la PDI se podría dar por el nexo familiar, pero también porque el abogado penalista ha actuado como asesor externo del senador por Aysén, su suegro, en varias oportunidades los últimos años, entre ellas indicaciones durante la discusión de la Ley de Pesca, en diciembre de 2012.

Al respecto, consultado por esta investigación, el abogado Daza respondió vía correo electrónico a este medio que “se está investigando a un grupo de personas vinculadas con los miembros de la comisión de pesca del Senado durante la época en que se tramitó esa ley, y como es de público conocimiento, estoy casado con una hija del senador Horvath. Además, tengo la calidad de asesor legislativo externo del Senado hace más de 15 años, labor que realizo desde antes de casarme”.

“En este contexto resulta natural que aparezca en la lista; más allá que no tuve mayor intervención en la discusión de la ley de pesca, salvo impulsar de manera puntual que se estableciera que los recursos hidrobiológicos son bienes públicos, además de instar a que se prohibiera la pesca de arrastre, lo que se concretó en una propuesta formal de indicaciones que hice en ese sentido”, agregó el jurista.

Daza además señala que “obviamente nunca emití boletas ni trabajé para Corpesca, FIPES, ni las empresas que la integran o que están involucradas en alguna denuncia por cohecho o financiamiento ilegal, por lo que es natural que no exista ningún antecedente en ese sentido. De hecho, me parece excelente que se indague a fondo a todos por igual, a fin de avanzar con la investigación, lo que es aplicable a cualquier persona. En todo caso, al no tener el carácter de imputado y al no existir ningún indicio o antecedente en mi contra, no hay inhabilidad alguna, más allá que no soy el único abogado que trabaja en las causas relacionadas con la ley de pesca, siendo parte de un equipo bajo la supervisión del directorio de la Fundación”.

Finalmente, el abogado señala que “cabe destacar que una parte importante de la información que dio origen a aristas tales como ASIPES (Asociacion de Industriales Pesqueros Región del Biobío) la proporcionamos nosotros dentro del contexto de la investigación de Corpesca, por lo que seguiremos impulsando las acciones criminales que se han presentado en esta materia, a fin de que investigue en profundidad hasta esclarecer la verdad de todo lo sucedido en relación al financiamiento ilegal de la política y los delitos de cohecho que se han imputado, no sólo con ocasión de la discusión y aprobación de la ley de pesca, sino que respecto a todas las demás aristas que están pendientes en esta materia”.

Sobre esto último, el mismo el abogado reconoce que su estudio proporcionó información a la causa Corpesca. En esa causa, el abogado litigó y representó a Ciudadano Inteligente, aunque ya renunció a su representación dejando en ese caso al también jurista de su estudio, Carlos Hidalgo.

Una de las teorías que utiliza Daza para defenderse y señalar que hay un intento por enlodar el trabajo que han realizado es que la empresa de comunicaciones de Enrique Correa, Imaginacción, estaría el interés de atacarlo personalmente. Al respecto agrega que “siempre ha existido un interés de atacarme personalmente por el rol que he desempeñado en las causas donde, junto a un equipo de abogados, representamos a la Fundación Ciudadano Inteligente, como una forma de enlodar de alguna forma el importante trabajo que se hemos hecho. Tengo la convicción que esto deriva de una estrategia articulada y financiada desde hace un buen tiempo por quienes están detrás de las defensas de los imputados, y que se ejecuta por medio de encargos a agencias de comunicaciones, siendo la más destacada “Imaginaccion” de Enrique Correa”.

Cabe señalar además que luego de conocerse el intercambio de correos electrónicos de Jacqueline Van Rysselberghe con el expresidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, Daza señaló en una entrevista sobre el caso Asipes que “se está empezando a conocer los antecedentes que ratifican esa hipótesis inicial, de que aquí estamos frente a una red de corrupción que es importante y transversal”.

En septiembre pasado, el abogado Mauricio Daza dijo a The Clinic Online que su estudio no tenía nexos con ningún director de alguna empresa vinculada a Asipes, pero luego reconoció que sí lo tenían: su socio Pedro Orthusteguy es defensor de Néstor Velásquez, ejecutivo de la Pesquera Bahía Coronel S.A. y director de Asipes, en la causa iniciada por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) después incautar más de 7.500 toneladas de harina de pescado en septiembre de 2015, en la comuna de Coronel.

Dicha pesquera, además, es parte del grupo Inverraz, liderado por el empresario Francisco Javier Errázuriz Ovalle, con el que Daza tiene una relación de larga data, incluso defendiéndolo en el caso por trata de personas.

En esa oportunidad además, Daza explicó que era su socio quien tenía patrocinio en la causa y representaba a una persona natural, no a la empresa, y que en ese momento aún no se les había encargado desde la Fundación Ciudadano Inteligente en contra de alguna sociedad vinculada a Asipes.

Pero además agregó que las querellas de la fundación no pueden ser en contra de las empresas, directores o funcionarios de ellas, sino que “solamente podemos ir en contra de los empleados públicos, por condición legal. Entonces, la inhabilitación se daría si fuéramos parientes o amigos, familiares de algunos de estos funcionarios públicos que tratáramos de amparar”.

Por su parte, desde la Fundación Ciudadano Inteligente señalaron a The Clinic Online que “nos parece adecuado que se investiguen profundamente todos los antecedentes relativos a la tramitación de la Ley de Pesca. Creemos que sólo una investigación profunda de todos los hechos nos va a permitir llegar a la verdad en los casos de cohecho y financiamiento ilegal de la política”.

“Junto al conjunto de abogados que nos representan tanto en la querella vinculada al caso Corpesca, como a las otras de Penta y SQM, hemos acordado un esquema de trabajo que permite que nuestro rol como representantes de la sociedad civil en las causas de financiamiento ilegal se cumpla a cabalidad. Esto quiere decir que seguiremos empujando porque las investigaciones sean profundas, exhaustivas, y se castigue a quienes cometieron irregularidades como corresponde, sin importar el color político”, agregó Pablo Collada, directo ejecutivo de la fundación.

Finalmente, Collada señala que “sobre cuestionamientos particulares a nuestros abogados representantes, sólo tenemos que decir que la decisión de cuándo y en qué casos querellarse ha sido enteramente de Ciudadano Inteligente, y que ellos siempre han respondido con una voluntad activa para que se investigue a fondo y sin excepciones”.

Nota de la redacción:

Una vez publicado este artículo, la agencia Imaginaccion Consultores hizo llegar a este diario el siguiente comentario:

“Con respecto a las afirmaciones del abogado Mauricio Daza Carrasco reproducidas en el día de hoy en el medio que usted dirige, en un artículo sobre el caso FIPES en que afirma que nuestra empresa tiene ‘un interés en atacarlo personalmente’, Imaginaccion Consultores rechaza tajantemente las acusaciones del Sr. Daza Carrasco por ser completamente falsas”, señalaron.