A fines de enero de 2017, el nombre del empresario Marcelo Ribeiro de Almeida apareció en varios diarios de Río de Janeiro, en Brasil. Ribeiro, de 46 años, presidente de la compañía Synergye Tecnología da Informação Ltda. estaba siendo investigado por el Ministerio Público carioca, por el delito de fraude, en la aplicación de la licitación de monitoreo de personas condenadas a través del sistema de tobilleras.

Hasta entonces, Synergye había liderado el denominado Consorcio de Monitoreo Electrónico de Sentenciados, que operaba el sistema de vigilancia desde el 2011. El fiscal Mateus Lemos Pinaud, que investigaba el caso, había establecido que durante el 2012 y 2013, el contrato original había sido manipulado por funcionarios de la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado, para pagar un sobreprecio por cada aparato. Según las pruebas presentadas por Lemos, Synergye se habría adjudicado las renovaciones a través de un esquema criminal para que el contrato fuera prorrogado, cobrando R$ 660 por cada aparato (US$ 211), un precio tres veces más caro que su competidora, la compañía Spacecom que cobraba R$ 240 (US$ 76) cuya oferta fue omitida por los funcionarios.

Así, el Ministerio Público estableció que en dos años, la compañía de Ribeiro había perjudicado al Estado de Río de Janeiro en más de R$ 12 millones, unos US$ 3,8 millones. Eso, además de haber recibido US$ 440 mil durante el 2014, cuando los contratos habían finalizado. La fiscalía, además, estaba detrás de cuatro funcionarios de Secretaría de Administración Penitenciaria, a quienes también responsabilizaba del fraude.

Para cuando el caso estalló, Ribeiro se encontraba en conversaciones para cerrar su presentación en otra licitación. Esta vez en Chile, donde junto a las empresas nacionales The Pegasus Group Company S.A. Y Cramick participaría en la presentación de dos ofertas por la adjudicación del “Servicio de monitoreo telemático de condenados”, la segunda que Gendarmería hacía desde que en agosto de 2014 el sistema comenzó a funcionar.

DOBLE OFERTA

La ley que permite el uso de tobilleras para monitorear a condenados que tienen penas sustitutivas, como la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva, fue promulgada en junio de 2012 y al año siguiente comenzó su implementación. Lo primero que se hizo fue licitar el servicio, proceso que se cerró en mayo de 2013. En aquella ocasión, SecureAlert Chile fue la única compañía que cumplió con las bases.

El negocio era millonario. El presupuesto total para el servicio superaba los $ 35 mil millones, dinero con el que se debía implementar dos centros de monitoreo (en Santiago y en La Serena), un sistema de vigilancia, y tener disponibilidad de brazaletes para unos diez mil reos, que según las proyecciones de Gendarmería durante esa licitación deberían haber estado ocupando el aparato para el año 2015. La vigilancia estaría a cargo de un departamento especial, dependiente de la Subdirección Técnica de la institución.

La marcha blanca partió a comienzos de 2014, sin embargo, el sistema comenzó a fallar apenas fue implementado. Según informes de la época, las tobilleras presentaban errores en la ubicación de las personas de al menos 200 metros, se perdía la señal, y el sistema no operaba en subterráneos. Pese a eso, el gobierno decidió mantener el contrato con la compañía. Durante ese año, cerca de 5.500 dispositivos fueron instalados, de los cuales 5.187 casos correspondían a reclusión domiciliaria nocturna.

Las fallas continuaron en los años siguientes. Según un artículo publicado por El Mercurio en mayo de 2016, el monitoreo electrónico había presentado nuevos problemas. Documentos citados por el periódico daban cuenta que el 17 de abril de ese año, por ejemplo, luego de un apagón provocado por las lluvias, la plataforma estuvo 48 horas sin funcionar.

Buscando subsanar esas deficiencias, el 24 de abril de este año Gendarmería abrió un nuevo proceso de licitación, concurso público que el 21 de julio reveló las ofertas económicas de las sociedades participantes. Entre las empresas que se presentaron estaba nuevamente SecureAlert Chile, pero también la compañía de Marcelo Ribeiro de Almeida.

Synergye Tecnología da Informação Ltda. va presente en dos de las cuatro ofertas, por lo que tiene un 50% de posibilidades de adjudicarse la licitación. La empresa de Almeida fue constituida en Sao Paulo el 21 de octubre de 2004 y según los datos presentados a Gendarmería, dicen ser pioneros en el suministro de monitoreo electrónico en Brasil, donde poseen contratos en siete estados (São Paulo, Santa Catarina, Alagoas, Pará, Sergipe, Rondônia y Amazonas), además de uno firmado en Costa Rica. En total, monitorean 17.908 presos.

En la actual licitación, Synergye firmó una declaración de unión temporal (UTP) con dos compañías. En la primera de ellas, concurren acompañados de la empresa chilena The Pegasus Group Company S.A., cuyo gerente general es Bruno Barrera Chevecich y el representante legal es Damir Solar. Y en la segunda, van junto a The Pegasus y Cramick S.A., sociedad de la cual Damir Solar también es representante.

Según comentaron funcionarios de las compañías, las ofertas son distintas por lo que ambas propuestas son válidas. “Es importante precisar que las dos UTP son entidades jurídicas diferentes (distintos RUT, socios, porcentajes de participación, y representantes legales) y además no existe prohibición legal alguna que impida que una empresa pueda participar en más de una UTP”, aseguró Daniel Antilao, ejecutivo de The Pegasus.

En los documentos revisados por The Clinic, sin embargo, las diferencias técnicas son mínimas. Al punto que la gran mayoría de los antecedentes presentados son exactamente idénticos, salvo un punto. Mientras la oferta de Synergye y The Pegasus establece equipamiento para un datacenter con nivel TIER III, que le asegura la posibilidad de hacer mantenimiento sin dejar de proveer el sistema, la que fue presentada en conjunto con Cramick lo hace para dos. Desde The Pegasus aseguran que eso es fundamental: “Los datacenter son de suma importancia, dado a que nos encontramos en un país sísmico y con muchas catástrofes naturales en distintos sectores de Chile, y lamentablemente las compañías eléctricas no entregan las garantías suficientes como a nosotros nos gustaría”.

Desde la empresa aseguraron, además, estar en desconocimiento de la investigación por fraude en contra de Marcelo Ribeiro, quien para efectos legales de la licitación, remitió a Gendarmería certificados donde aparece sin condenas, omitiendo que en Río de Janeiro el Ministerio Publico había iniciado a comienzos de este año una indagatoria por fraude. Ribeiro aseguró desde Brasil que su situación actual “está bajo investigación y sin futuro, ya que se basa en acusaciones falsas. No hay ningún cargo contra mi empresa”, argumentó.

En Gendarmería, en tanto, explicaron que no cuentan con información sobre la investigación que lleva adelante la fiscalía en Brasil, pero que estando pendiente el proceso de evaluación y adjudicación de la empresa que prestará el servicio de monitoreo telemático, “el Director Nacional ha instruido expresamente la adopción de medidas especialmente rigurosas, para cautelar la total transparencia del actual proceso de licitación, a objeto de cautelar que la empresa seleccionada brinde un servicio confiable, responsable y eficiente, rigiéndose por los estándares internacionales de probidad”.
La adjudicación está prevista para octubre de este año y el tiempo del contrato sería de 41 meses. En abril pasado, el Senado aprobó el proyecto que incorpora la tobillera electrónica para autores de violencia intrafamiliar.