En una histórica cantidad de audiencias, un total de 135 representantes de organizaciones civiles darán esta semana su testimonio a favor y en contra ante el Tribunal Constitucional (TC), tras el requerimiento presentado por la derecha para impugnar el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales aprobado por el Congreso.

Anoche se informó que estos argumentos serán expuestos entre el miércoles y jueves, ante los ministros del TC y que el viernes serán citado diputados y senadores, tanto oficialistas como de oposición, para presentar sus alegatos.

Se trata de una cifra inédita de participación en las audiencias públicas que el Constitucional viene realizando desde el debate por la entrega de la píldora del día después en 2007.

El TC considerará primero las exposiciones de cada una de las agrupaciones y representantes de diferentes segmentos de la sociedad chilena que no podrán extenderse por más de diez minutos, antes de escuchar los alegatos jurídicos sobre la constitucionalidad del proyecto del gobierno que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

En las intervenciones, según la resolución informada por el TC esta noche, los integrantes del tribunal no formularán preguntas y no serán admitidas réplicas de los expositores. Tampoco está permitido el uso de apoyo audiovisual.

Debido a la inédita participación, se definió un cronograma estricto que contemplará escuchar a los 135 interesados, entre el miércoles y jueves, en tres bloques horarios que parten a las 9 de la mañana y terminarán a las 12 de la noche.

El órgano jurisdiccional admitió la semana pasada a trámite un recurso presentado por legisladores derechistas para impugnar dicho proyecto que despenaliza el aborto en tres circunstancias, que fue aprobado seis días antes por el Congreso.

El recurso se basa en el principio de que el Estado debe proteger la vida de las personas desde la concepción hasta la muerte natural.

En ese contexto, sostiene que el proyecto de ley, que despenaliza el aborto en casos de inviabilidad fetal, peligro de muerte para la mujer y embarazo por violación, “no despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, sino que legaliza el aborto directo o provocado”.

Para defenderse del requerimiento presentado por los parlamentarios de la opositora coalición Chile Vamos, el Gobierno presentó ante el Constitucional un documento de 106 páginas en el que expresa que “el proyecto de ley no legaliza el aborto libre, despenaliza en tres causales extremas”.

Los argumentos gubernamentales tienen como eje central que la iniciativa emblema de la presidenta Michelle Bachelet no transgrede la Constitución y que existe una “incorrecta” interpretación de parte de la oposición”.

En la documentación también se da cuenta de que en los últimos diez años hubo 322.814 interrupciones de embarazo, un argumento más del Gobierno para rebatir el intento de Chile Vamos por declarar inconstitucional la modificación aprobada en el Congreso.

En términos de persecución por delito de aborto ilegal, el Ministerio Público explica en el informe que las mujeres formalizadas por el delito de aborto y aborto sin consentimiento fueron 378 mujeres en esos años.

La documentación concluye que la sanción penal del aborto no es la respuesta adecuada para las niñas, adolescentes y mujeres de Chile que pueden encontrarse en una de las tres causales que la ley contiene.

Rodrigo Pica, secretario del Constitucional, confirmó a los periodistas que la audiencia con alegatos tendrá lugar el 18 de agosto, aunque indicó que aún no está clara la fecha en que el TC podría entregar su fallo