Luis Jara es un hombre tenaz. Es oriundo de Concepción, vive en Alto Hospicio, tiene 59 años, y los últimos diez se los ha pasado peleando contra la Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC), de propiedad de la multinacional BHP Billiton. Su lucha es por el agua que la empresa utiliza para la producción del cobre, la que es extraída –según dice- desde un terreno que no le pertenece: “Yo soy dueño del 25% de la Hacienda Cancosa, donde la compañía tiene más de 40 pozos y solo 4 de ellos están autorizados”, explica.

Jara ha dado esta pelea desde el año 2007, luego de enterarse de la existencia de este territorio gracias a su nuera: “Ella es familiar de la sucesión Vilches Navarro, los herederos. Ubiqué a los dueños y los ayudé a regularizar el territorio, porque hasta ese momento no les habían reconocido sus títulos”, agrega.

Para lograr el reconocimiento, Jara se pasó una larga temporada buscando documentos que acreditaran la propiedad de la familia. Lo primero que halló fue un comprobante de contribuciones del año 1938, donde se establecía que el lugar quedaba exento del pago por la crisis del salitre. El documento tenía un rol asociado a la propiedad. Con ese número fue al Servicio de Impuestos Internos (SII) y se demoró cuatro años en el trámite, hasta que en el 2012 inscribió la propiedad en el conservador de bienes raíces de Pozo Almonte. En ese año le adquirió el 25% a Sergio Vilches Villanueva, uno de los herederos. Jara recuerda haber firmado más de ocho escrituras y pagar cerca de $70 millones por 27.500 hectáreas de desierto, en el límite con Bolivia.

Desde entonces se ha transformado en una molestia para la minera. Jara los acusa de realizar extracción de agua de su territorio y la compañía argumenta que su dominio es una superposición del territorio indígena, que pertenece a la comunidad aymara de Cancosa, con la cual han firmado dos acuerdos.

La defensa de la minera, sin embargo, no ha sido suficiente para detener sus motivaciones. La última pelea comenzó el 12 de junio pasado, cuando los denunció por extracción ilegal de agua y usurpación de terrenos. Tras un patrullaje por el desierto, en el sector denominado Pampa Penjamo, se encontró con dos trabajadores que extraían agua. Dos días después, un grupo de carabineros llegó hasta el lugar. Según el parte policial, los trabajadores dijeron pertenecer a la empresa AVT Construcciones y Servicios, y uno de ellos reconoció que estaban sacando agua para la faena: “El 40% está destinado al bofedal y el 60% a Cerro Colorado”, aseguró a los policías.

El bofedal que mencionó el trabajador se llama Lagunillas, y es un humedal de altura que hasta el año 2002 era un oasis, pero repentinamente se secó. Un desastre ambiental por el cual Cerro Colorado recibió una multa de $40 millones, que no impidió que siguiera operando, y menos que a fines de 2015 recibiera la aprobación para extender la producción por siete años más.

Aunque Luis Jara participó de aquella discusión, sus argumentos no fueron tomados en cuenta. Desde entonces se la pasa deambulando todos los meses por el desierto en busca de pozos. Cada vez que encuentra uno nuevo denuncia a la compañía: “Yo no me opongo a que exploten el mineral, pero que lo hagan con agua de otro lado. Esto le pertenece a todos los chilenos. Es agua dulce en la zona más árida del mundo. Debería estar protegida, pero a nadie le importa”, se queja.

LA DISPUTA POR CANCOSA

Antes de la Guerra del Pacífico, Cancosa era una hacienda peruana. Desde el año 1877, sus dueños han sido la sucesión de la familia Vilches Navarro, pero por diversas circunstancias el territorio quedó sin reclamar luego de la guerra. Estuvo en esa situación por varias décadas, hasta que a mediados de los 80, la comunidad aymara de Cancosa lo inscribió.

Por entonces, Cancosa era una aldea cordillerana compuesta por aproximadamente 80 familias, y Cerro Colorado un proyecto minero de la empresa canadiense Río Algom, ubicado a poco más de 50 kilómetros y en reciente implementación.

La primera vinculación entre ambos lugares data desde el 15 de octubre de 1982, cuando la Dirección General de Aguas (DGA) autorizó a la compañía a extraer 300 litros por segundo desde el subsuelo de ese lugar. Tres años más tarde, el 9 de julio de 1985, Augusto Pinochet y René Peri, ministro de Bienes Nacionales de ese momento, firmaron el decreto 321 en el que se autorizó a Cerro Colorado a construir un acueducto de 50 kilómetros. El documento establecía que la propiedad por donde pasarían las cañerías era fiscal, pero un plano confeccionado por la seremi de Bienes Nacionales en el año 1989 lo declaró territorio privado, sin especificar a quien pertenecía.

Luis Jara muestra esos papeles para decir que la propiedad no es fiscal y exhibe otros para demostrar que pertenece a la sucesión Vilches Navarro. Dice tener más documentación histórica que la que posee la comunidad, a quienes acusa de haber autorizado a la minera a extraer agua con fines lucrativos a través de dos acuerdos. El primero de ellos realizado en 1991, por medio del cual le arrendaron la servidumbre del territorio para que pudieran instalar allí los pozos, a cambio de un pago de 6 mil dólares anuales por 30 años, dinero que debía ser utilizado en proyectos de desarrollo. El segundo se concretó el 13 de noviembre de 2008, cuando la minera recibió varias denuncias por haber secado la laguna del bofedal, luego de dos décadas de drenaje: “Cerro Colorado tenía varias denuncias y con ese convenio salieron del paso. BHP se comprometió a pagar mucho dinero a los indígenas a cambio de que les siguieran arrendando el desierto para sacar agua. De esta manera le dieron un maquillaje de legalidad a toda la extracción”, se lamenta Jara.

LA SEQUÍA DEL BOFEDAL

Los bofedales están protegidos por la legislación chilena desde el año 1997, mediante la resolución 909 de la DGA, que estableció la restricción para extraer agua de ellos. Eso no evitó, sin embargo, que Cerro Colorado siguiera extrayendo agua. Hasta que en el 2002 tuvo los primeros problemas ambientales, cuando los aymaras denunciaron que las cinco vertientes que tributaban al bofedal se habían secado. Un par de años más tarde, todo el ecosistema corrió la misma suerte. La sequía trajo consigo la migración de la comunidad, que no tardó en denunciar a la empresa.

En el 2004 recurrieron a la Corema de Tarapaca, que luego de dos años de investigación determinó que Cerro Colorado había incumplido la Resolución de Calificación Ambiental y aplicó una sanción de $40 millones. La resolución establecía que la compañía no había protegido el bofedal. La minera optó por mitigar el impacto a través de una extraña operación: reponer el agua de la laguna a través de un sistema de riego permanente. Para ello, traerían agua desde las napas, las mismas que habían sobreexplotado, para luego verterlas en la superficie.

La Corema consideró que eso era una buena idea y no envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. La medida no dejó conforme a la comunidad y en abril de 2006 sus miembros los demandaron por US$ 40 millones. Al año siguiente, pusieron otra querella, esta vez por daño ambiental. Argumentaban perjuicio moral, psicosocial, y patrimonial.

La arremetida judicial obligó a Cerro Colorado a buscar una salida alternativa, la que finalmente llegó en noviembre de 2008 mediante una “Transacción extrajudicial”. El nuevo acuerdo mejoraba sustancialmente las condiciones económicas para los aymaras y hacía hincapié en que las partes habían decidido “entrar en una nueva etapa de relaciones, poniendo término a las diferencias que habían mantenido en el pasado”.

El ‘nuevo trato’ obligaba a la comunidad a terminar anticipadamente los juicios, a reconocer que Cerro Colorado tenía el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal de 300 litros por segundo, y autorizaba a la minera a realizar cambios en los puntos de captación de agua las veces que fuese necesario. Todo esto a cambio de la creación de tres fondos que la compañía depositaría directamente a la cuenta de la comunidad durante 22 años: US$ 350 mil anuales para financiamiento de programas de desarrollo, US$ 150 mil para becas, y US$ 105 mil para un plan de cooperación. El acuerdo, además, incluía US$ 575 mil para implementar los apoyos económicos, fondos que en total sumaban más de US$ 11 millones hasta el 2030.

El trato fue firmado en la misma época en que Luis Jara comenzó el trámite para inscribir la Hacienda Cancosa a su nombre y al del resto de los herederos: “A los aymaras les pagaron para que se quedaran callados”, asegura.

LOS POZOS DE CERRO COLORADO

Desde que compró parte de la propiedad, Luis Jara ha recorrido la hacienda decenas de veces. La ha explorado con un GPS y ha registrado cada una de las instalaciones que en ese lugar ha construido Cerro Colorado. Dice haber encontrado cerca de 40 pozos y asegura que la mayoría son ilegales. En sus diez años de pelea contra la minera, Jara los ha denunciado ante cuanto organismo ha podido: cuatro veces en la DGA, una vez en el Segundo Tribunal Ambiental, una ante la Superintendencia del Medioambiente, y ahora último en el Ministerio Público de Pozo Almonte, donde acude cada vez que encuentra un nuevo pozo.

En la DGA sus reclamos han sido rechazados continuamente, pero en todas las otras instancias los procedimientos continúan abiertos. Hace dos años hizo sus descargos ante la comisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que analizó la solicitud de la minera para extender sus faenas hasta el 2023. Allí presentó todas sus objeciones y argumentó que su lucha no era por dinero, sino que por la protección del medio ambiente. Sus reclamos, sin embargo, no fueron acogidos por las autoridades. A fines de 2015, los seremis de la región aprobaron la continuidad de Cerro Colorado.

Para compensar el daño ambiental, aceptaron que la minera continuara regando el bofedal hasta el 2100. Jara cree que eso es absurdo. El punto más cuestionable –agrega- es que Cerro Colorado riega la laguna con la misma agua que está debajo de ella, un proceso circular que no augura buenos resultados: “cuanto deje de hacerlo, todo nuevamente quedará seco”, explica.

Fue precisamente eso lo que denunció ante el Ministerio Público hace algunos meses, cuando descubrió un pozo cuyo 40% de agua se iba al bofedal y el resto a la faena minera. Desde la Compañía Minera Cerro Colorado dijeron estar al tanto de la denuncia y que ya se pusieron a disposición de la fiscalía para realizar las diligencias. Aclararon que “efectúan sus labores en el marco de la legalidad y que poseen todos los derechos y permisos ambientales necesarios para la extracción de agua y el monitoreo del acuífero”. Aseguraron que ninguna de las acciones interpuestas en su contra por Luis Jara ha tenido éxito, porque su dominio “se trata de una inscripción superpuesta sobre otras inscripciones de titulares que detentan la posesión de los terrenos”.

Aquellas otras inscripciones corresponden a las de la comunidad aymara con los cuales la minera aún mantiene vigente la “Transacción extrajudicial”. Antonio Mamani, exdirector regional de la Conadi y expresidente de la comunidad que firmó el trato, aseguró que la compañía ha ido cumpliendo con la reparación del daño y que los dineros recibidos se han ocupado en proyectos de desarrollo y fomento cultural. Actualmente –dice- en Cancosa hay cerca de 20 personas establecidas, la misma cantidad que determinó el Censo del año 2002, quienes hacen soberanía en el territorio pretendido por Jara: “Él no ha poseído nunca eso, ni conoce este lugar. Lo único que tiene es una escritura que dice que esto era herencia de la sucesión Vilches Navarro, pero sólo quiere sacar plata”.

Luis Jara desmiente que aquella sea su motivación. En el 2011 -cuenta- los ejecutivos de Cerro Colorado le ofrecieron dinero para que firmara un acuerdo por el uso de la servidumbre del acueducto, pero él se negó: “Me iban a pagar $120 millones al año y querían meter en ese acuerdo todos los pozos que tienen. Les dije que esas instalaciones eran ilegales y me mandaron a la cresta”. Jara asegura que su pelea hoy se ha vuelto personal: “Yo soy obsesivo compulsivo y jamás abandonaré esta causa. Este bofedal está destruido, mataron el medio ambiente, y aun así continúan dándole permisos a Cerro Colorado. Lo que ha ocurrido es que el Estado se ha prostituido por una transnacional”, concluye.