Sí, en la mira. Así estuvieron esas instituciones durante los 17 años que duró la dictadura. Se las intervino con rectores delegados, la mayoría de ellos con uniforme militar y hasta con bototos y paracaídas, y a las dos que entonces existían –la Universidad de Chile y la Técnica del Estado- se las despojó de sus sedes regionales para constituir con estas universidades independientes. Se las privó también de presupuestos suficientes –sobre todo a aquellas de regiones que resultaron de esa división- y se expulsó a un número importante de académicos, estudiantes y funcionarios. La fragmentación de la Chile y la Técnica del Estado se hizo en nombre de la regionalización, pero la verdad fue otra: se trataba de desarmar a dos prestigiosas instituciones extendidas a lo largo del país y con estamentos mayoritariamente contrarios al régimen y potencialmente subversivos. Fue la doctrina de la seguridad nacional, es decir, la seguridad del régimen y de Pinochet, no la regionalización, el verdadero motivo de la creación de los nuevos planteles.

Sin estar hoy en la mira del Estado, sino bajo la atención de este, las universidades estatales, de cara al actual proyecto de ley que pretende apoyarlas, se sienten no obstante en la mira del gobierno, es decir, creen que vuelven a estar bajo fuego estatal enemigo, no más que ahora en democracia, y lejos de ver en dicha iniciativa lo que realmente es –una oportunidad que los planteles estatales estaban esperando desde 1990-, la denuncian como una grave amenaza a su autonomía.

¿Y eso por qué? Solo porque el proyecto contempla una importante participación de personas externas a las universidades estatales en la integración del organismo directivo superior de estas. En eso ven los planteles un atentado a su autonomía, en circunstancias de que, financiadas preferentemente por el Estado, como quiere el mismo proyecto, parecen aspirar a manejarse solas, sin que nadie las mire y examine, entregadas por completo a los intereses propios que en cada una de ellas tratan de hacer valer los distintos estamentos y, en el caso del estamento académico, las distintas facultades, escuelas y demás unidades que tratan de captar la mejor parte posible en la distribución del presupuesto de cada institución. Entré a una universidad estatal cuando tenía 17 años y nunca salí de ella. Fui rector de esa misma universidad y creo que mi deber no es contar ni contarme cuentos: dentro de cada universidad hay intereses sectoriales, algo de lo que no corresponde avergonzarse, aunque tampoco negarlo en nombre de una pretendida alma mater compartida amplia y generosamente por todos. Las universidades –nos ufanábamos en nuestro tiempo de estudiantes- son la conciencia crítica de la nación, cuando la verdad es que a veces no son siquiera conciencia crítica de sí mismas.

Por tanto, es bueno que en la dirección superior de las universidades estatales haya agentes externos a ellas y que, además de idóneos en otros aspectos, sean y se comporten de manera independiente frente a las contiendas de poder, influencia, prestigio y dinero que se dan inevitablemente al interior de ellas. Miradas externas al interior de una universidad pueden enriquecer las deliberaciones que tienen lugar en estas y privilegiar las decisiones que cautelen el bien general de la institución y no los intereses o expectativas de uno de sus estamentos o de alguna de sus unidades académicas en particular. Esas miradas externas ofrecen mayores garantías de que las universidades estatales no repitan los desatinos en que algunas de ellas incurrieron hace algunos años: instalación de sedes por doquier, incluso a miles de kilómetros de sus casas centrales; apertura de carreras para complacer a grupos de académicos en vez de hacerlo con los estudiantes y la sociedad en general; y endeudamiento fuera de escala que estuvo asociados a tales desatinos.

Sí, el Congreso Nacional, y el propio Ejecutivo por medio de indicaciones, tendrán que mejorar el actual proyecto; por ejemplo, equilibrando mejor la proporción de agentes externos y representantes internos y, desde luego, no perjudicando la forma particular de gobierno que adoptó ya la Universidad de Chile. Sí, el proyecto tendrá que ser cuidadoso al autorizar nuevos estatutos para las universidades del Estado, porque la mayoría de esos planteles sigue teniendo los mismos estatutos -¡sí, los mismos!- que la dictadura dictó para ellos hace más de 30 años. Sí, el proyecto tiene que incluir suficientes mayores recursos para que las instituciones estatales puedan mejorar la calidad y magnitud de la muy exigua proporción del 15% de la matrícula que representan hoy en el sistema de educación superior del país. Sí, un proyecto como este, en ese y otros puntos, podrá ser mejorado, puesto que por ahora se trata de eso –de un proyecto- y no de una ley que estuviera ya aprobada y vigente. Sí, todos podrán ir a las comisiones de ambas cámaras y argumentar a favor de los cambios que quieran, como ocurre con cualquier iniciativa legal importante, que en eso consiste la democracia parlamentaria.

El proyecto sobre universidades estatales tiene que verse como una oportunidad y no como una amenaza. Una oportunidad que no se había producido en 27 años de democracia y que menos cabría esperar de un muy posible nuevo gobierno de derecha. Mejorar el proyecto y hacerlo avanzar, no torpedearlo. Esa debería ser la estrategia de las estatales, puesto que intentar echarlo abajo solo provoca la complaciente e indisimulada sonrisa de las universidades no estatales y la de los sectores políticos y económicos que con la legislación de la dictadura en materia de educación superior vieron producirse lo que esa legislación pretendía: sustituir a las universidades del Estado por oportunidades de negocios educacionales para inversionistas privados y, de pasadita, fortalecer a universidades confesionales que tenían el mismo credo religioso del general y los otros integrantes de la Junta de Gobierno.