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Opinión

6 de Septiembre de 2017

Editorial: Dominga

"Lo concreto es que Bachelet, esta vez, no optó por la lógica de la rentabilidad evidente. Supeditó el negocio a la política, las virtudes del crecimiento a una idea de desarrollo sostenible y la utilidad veloz (bienvenida en tiempos de vacas flacas) a la vida de unos pingüinos y unos cetáceos en peligro de extinción".

Patricio Fernández
Patricio Fernández
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Es cierto que el gobierno actuó desprolijamente y que debió alinear a los ministros antes del famoso comité. Pero los secretismos, los actos de desdén, las emociones y simpatías o antipatías infiltradas en la racionalidad política no son algo nuevo en la administración de Michelle Bachelet. Tampoco lo es ese aire de superioridad incontestable que tienen los ministros de Hacienda a la hora de dictaminar lo que corresponde o no hacer. A veces da la impresión de que un asunto de clase se filtrara en la relación que los miembros del comité económico tienen con el resto. En Chile, los economistas admirables suelen ser blancos, tener amistades entre los ricos y compartir códigos con ellos que van desde la manera de vestir hasta los libros que leen en verano. Uno que venga de abajo debe aprender a hablar de nuevo si quiere ganarse la confianza de los grandes dueños del capital. La lengua de ellos no marca la “ch”, desprecia las pausas largas y los adjetivos, es rica en resultados y pobre en digresiones. Lo suyo son las respuestas a la vista, las consecuencias comprobables. Cuando invierten, saben perfectamente lo que quieren de vuelta.
Son muchas las explicaciones que circulan –depende de dónde uno las busque- para justificar la no autorización de la mina Dominga y la caída del equipo económico: que el proyecto no consideró la “Línea de Base” ni propuso suficientes medidas de cuidado para la rica biósfera de la zona; que la hija de Bachelet se compró un sitio por ahí cerca y quisieron evitar otro Caval; que como el Choclo Délano, Cristian Wagner y hasta el mismo Piñera habían participado del negocio les pretendieron rayar la pintura; que operaron los dueños de la CAP, propietarios de un puerto vecino; que Valdés ya había comprometido su palabra con los inversionistas de la mina y no estuvo dispuesto a escuchar razones que lo obligaran a quedar mal; que Céspedes es un taimado; que éste fue el desenlace de una ya larga historia de desencuentros entre el ministro de Hacienda y la presidenta (quienes antes criticaban a Valdés por no meter goles, ahora lo alaban porque los atajaba); que la Ana Lya, que el fanatismo de Mena, que el legado de la presidenta. Y muchas de estas razones, sino todas, pueden tener algo de verdad. Es frecuente que en la actividad política los grandes dilemas encuentren soluciones pasajeras en intereses menores.
Lo concreto es que Bachelet, esta vez, no optó por la lógica de la rentabilidad evidente. Supeditó el negocio a la política, las virtudes del crecimiento a una idea de desarrollo sostenible y la utilidad veloz (bienvenida en tiempos de vacas flacas) a la vida de unos pingüinos y unos cetáceos en peligro de extinción. Falta información concreta para concluir si en este caso particular la medida se justifica. De hecho, apostaría que pronto este yacimiento será explotado, pero para conseguirlo pondrá muchísima más atención al entorno. Si hay que tomar un bando, tomo el suyo.

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