Bastante tensa sigue la semana entre el Senado y el Ministerio Público por el anuncio de la revisión de las asesorías externas de los parlamentarios, esto tras el caso de los insumos copy-paste por lo que pagó el senador Alejandro Guillier,

Temprano esta mañana trascendió que el titular del órgano persecutor, Jorge Abbott, reveló que luego de enviar el oficio a la Corporación para pedir los contratos e informes que respaldaran las asesoría externas (la figura legal que se investiga es fraude al fisco), el presidente de la Cámara Alta, senador DC Andrés Zaldívar, lo llamó para hacerle ver su “inquietud y molestia sobre el particular”.

En esas circunstancias es que es tarde el Senado en pleno hizo llegar a la Fiscalía un oficio en donde rechazan las condiciones de la petición, pese a que el organismo dice estar “plenamente disponible para entregar la información pública que se requiera, en la forma prescrita por la Constitución y la ley”.

“La base argumentativa sobre la cual la fiscalía fundamenta el requerimiento indiciariamente desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello, lo que junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño de imagen a la corporación”, dice el texto.

“Este proceder crea un manto de sospecha sobre la actividad de los parlamentarios, que atenta seriamente sobre el principio de no culpabilidad”, plantean los senadores.

“Si bien el Ministerio Público puede poner en ejecución todas las diligencias que estime pertinentes, las mismas deben ejecutarse al amparo de la legalidad vigente y en el contexto de nuestro Estado de Derecho, siempre cautelando la dignidad de las personas, pues {este es el espíritu de nuestra constitución “, sostiene.

El Senado subraya que “no se trata de ocultar información ni de pretender dificultar una investigación de carácter penal, sino únicamente de llamar la atención sobre una medida absolutamente desproporcionada, que excede ampliamente las facultades y potestades de quien ejerce la persecución penal que se aleja completamente de la investigación de un hecho preciso y determinado y que surge de la denuncia en referencia y que más bien pretenden dar notoriedad y relevancia pública a quien así la ordena”.