Birmania: La insurgencia rohinyá que con palos y machetes desencadenó una crisis

La mañana del 25 de agosto, armados con palos, machetes y pocas armas de fuego, unos 6.500 rohinyá asaltaron 30 puestos policiales y desencadenaron la respuesta contundente del Ejército birmano, a la que continúa una grave crisis humanitaria.

El ataque lo reclamó ese mismo día el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), también conocido como Harakah al-Yaquin (“el movimiento de la fe”, en árabe), el ultimo grupo rebelde en alzarse en armas contra Naipyidó, que hace frente también a organizaciones armadas de otras minorías étnicas.

Financiado y liderado por la diáspora rohinyá en Arabia Saudí, según la organización de estudios Crisis Group, el grupo armado de esa minoría musulmana se ha multiplicado en número en menos de un año.

“La situación desesperada de los rohinyá en Birmania (Myanmar) es uno de los factores que explica este crecimiento”, señala Crisis en un reciente informe sobre el conflicto desatado.

Previamente, al ARSA, fundado en 2012 y que ha actuado de manera esporádica en el occidental estado de Rakhine (antiguo Arakán) donde se asienta la población rohinyá, solo se le conocía una acometida coordinada.

Fue realizada en octubre de 2016 contra tres puestos de la policía fronteriza cerca de Bangladés y en la que actuaron unos 400 guerrilleros, según datos del Gobierno birmano.

Este incidente también propició una dura respuesta del cuerpo castrense, al que se acusó ya entonces de asesinatos, quemas de casa, saqueos y violaciones, entre otros delitos.

En la primera ofensiva simultánea, ARSA tenía como objetivo un depósito de armas donde se apropió de medio centenar de rifles y unas 10.000 rondas de munición.

Se desconoce, no obstante, el objetivo de la última acometida planificada.

Los insurgentes están liderados sobre el terreno por Ata Ullah, identificado por el gobierno birmano como Hafiz Tohar, un descendiente de rohinyá nacido en la ciudad paquistaní de Karachi y criado en la saudí Meca.

Flanqueado por hombres encapuchados, Ullah, de 27 años, aparece en los vídeos publicados en las redes sociales instando a la “defensa” de los rohinyás ante la opresión “brutal” del Ejército birmano, al que califica de “colonialista”.

En pequeñas hornadas en campamentos en Bangladés, los efectivos del ARSA han sido instruidos en la guerra de guerrillas (algunos con experiencia en los conflictos de Afganistán y Pakistán) y tienen en su punto de mira a las fuerzas del Estado.

El Ejército, que califica a los insurgentes de “extremistas terroristas bengalíes”, acusa a los rebeldes rohinyás de ser responsables del asesinato de un número indeterminado de civiles, alegaciones que el ARSA rechaza.

Crisis apunta que, aunque podrían ser responsables de ataques contra civiles, las autoridades no cuentan con pruebas suficientes para evidenciar la ejecución de locales, que según las autoridades serían de credo budista, hinduista y musulmana, estos últimos supuestos informadores para los soldados.

“Las alegaciones sobre ataques contra civiles deben ser tomadas muy en serio”, dijo Lilianne Fan, directora de la Fundación Geutanyoe de ayuda a los rohinyá, al pedir una investigación realizada por organismos independientes, durante una conferencia en el Club de Corresponsales de Bangkok.

La experta en conflictos destaca que “todavía no ha suficientes evidencias de que ARSA ataque sistemáticamente a civiles” y su modus operandi no coincide con el criterio de la definición internacional para terrorismo.

Tampoco hay evidencias que vinculen ARSA (con apoyo en Bangladés, Pakistán, Arabia Saudí e India) a grupos yihadistas ni posea una agenda islamista, aunque, según Crisis, corre el riesgo de radicalizarse tras la “operación de limpieza” gubernamental.

Se desconoce el número real de miembros de la guerrilla, que cuenta con una capacidad limitada por su escaso arsenal al que se suma el ensamblaje de artefactos explosivos de fabricación casera.

El Ejercito asegura que, en las dos acometidas, ha abatido más de 400 insurgentes y detenido a alrededor de un centenar, y que el grupo armado mató entre ambas a 21 policías y soldados.

Desde octubre de 2016, cerca de 400.000 rohinyás de Birmania -casi la mitad de la población de esa comunidad- han cruzado a Bangladés huyendo de la violencia desatada.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, advirtió el lunes que en Birmania puede estar produciéndose una “limpieza étnica” contra los rohinyá, además de “posibles crímenes contra la humanidad”.

ARSA declaró el domingo una tregua temporal para permitir la entrada de asistencia humanitaria que Naipyidó rechazó.

Se estima que más de un millón de rohinyás vivían en Rakhine víctimas de una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012, que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, ya que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.