En agosto del año pasado el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre llegó en compañía de su abogado, Jorge Bofill hasta la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad para pedir información respecto a si su nombre figuraba en los registros de la institución que lo vinculen a causas de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet.

Según consigna Reportajes de La Tercera, su solicitud entregada a la secretaria ejecutiva del organismo, María Paz Vergara, desató un quiebre interno inédito debido al resultado de dicho escrito, así como también por pasar por algo a algunos miembros del directorio.

Vale decir que dicha petición del general (r) que fue procesado por su participación como teniente en el regimiento Arica de La Serena en el marco del Caso Caravana de la Muerte, buscaba reforzar en un futuro ante la justicia que el papel que desempeñó se basaba básicamente en un rol administrativo.

Pues bien, Vergara admitió que reaccionó sorprendida, pero que Cheyre, “en honor a la verdad, tenía el derecho a preguntar”. Fue así como tras digerir el hecho, decidió consultarle al presidente del directorio, Javier Luis Egaña, quien dio luz verde a la petición.

El problema fue que el nombre de Cheyre no apareció cuando los encargados de documentación lo buscaron en los archivos referidos a víctimas de la dictadura, información que fue enviada a Cheyre.

“En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, dice el documento.

Lo complicado de la situación es que el ex uniformado sí aparece en al menos 5 informes relativos a fallos de la institución vinculado a Consejos de Guerra de 1973. Allí firma sentencias contra reos del regimiento arica por “ocular armas y explosivos”, “agitación política” y “persona ejecutada”.

Es así como se puede decir que el error radicó en que se buscó el nombre de Cheyre en la base de datos ordinarios de víctimas, y no así en las sentencias donde sí aparece.

En ese sentido, Vergara aclara que “políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”.

De acuerdo a La Tercera, varios miembros del directorio expresaron su molestia por no ser considerados en la decisión de entregarle información a Cheyre, ya que traerá consecuencias inimaginables para la Vicaría. De hecho la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, decidió renunciar de manera indeclinable a su cargo en el directorio.

El resto del directorio hizo sus reparos y concluyeron no entregar información al solicitante, sino que sólo a tribunales.

“Si usted viene a mi casa y me pregunta: ¿Usted tiene algún documento que encuentra que Bernardo O’Higgins atrapó a las tropas argentinas? Y yo le digo que no tengo ningún documento y le doy esa respuesta. Eso no quiere decir que O’Higgins no haya hecho otra cosa. Eso fue lo que pasó. Nos enviaron la carta y nos encontraron de improviso. Fue un simple error de procedimiento”, dice el miembro del directorio, Javier Manterola.

Vergara añade que “yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”.

Desde diferentes organismos han expresado su molestia por lo ocurrido. La presidenta de la Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, Sylvia Castillo indicó que “no tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”.

“Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron en la defensa de Cheyre.

Vale decir que en el caso Cheyre corre el riesgo de recibir una pena efectiva de 10 años.