Víctimas de la dictadura presentaron hoy una querella contra los militares y civiles que formaban parte de la directiva de la Pesquera Arauco, por su presunta responsabilidad en casos de detenidos desaparecidos durante el régimen de Augusto Pinochet.

La organización Londres 38 -que agrupa a exdetenidos, sobrevivientes y familiares de desaparecidos durante la dictadura militar- afirmó al presentar la querella que se trata de la primera medida de este tipo en Chile que busca identificar a responsables de crímenes de lesa humanidad en una empresa y sus directivos.

Los querellantes sostienen que camiones frigoríficos de la pesquera Arauco fueron utilizados para trasladar a opositores que fueron detenidos después del golpe de Estado de septiembre de 1973.

Según la denuncia, los detenidos subían con los ojos vendados y las manos atadas en los camiones en Londres 38, un recinto de detención y tortura, y eran llevados a bases militares donde se les perdió el rastro.

La empresa Pesquera Arauco fue una filial de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), una agencia estatal. Después del golpe de Estado, la firma pasó a manos de Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y sus directorios fueron asumidos por militares y civiles afines a Pinochet.

La querella apunta a los exagentes de la DINA, que formaron parte de la directiva de la pesquera, que son Pedro Espinoza Bravo, Alejandro Burgos de Beer, Humberto Olavarría, Orlando Jorquera y Gerardo Godoy.

También a ocho civiles miembros del directorio y a todas las personas que sean cómplices o encubridores de los presuntos delitos que se denuncian.

Por Londres 38, una casa ubicada en pleno centro de Santiago, pasaron cerca de 2.000 personas entre 1973 y 1975, en su inmensa mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de las que 96 todavía permanecen desaparecidas.