En medio de la Plaza de Armas de Santiago, un grupo de haitianos clama justicia. Llevan velas en sus manos y se turnan el único megáfono que hay disponible para orar: “¡Justice, Justice!”, gritan los que no dominan el español, mientras dan puñetazos sobre sus cabezas.

Al frente, encabezando el círculo, está la familia de Joane Florvil, la joven haitiana de 28 años que falleció, supuestamente, producto de un cuadro hepático fulminante durante la madrugada del sábado 30 de septiembre. La misma que un mes antes había sido acusada de abandonar a su hija de dos meses de edad, y que desde entonces estaba internada en la Posta Central.

Para algunos, esta es la segunda velatón en la que participan. En junio pasado, la muerte de Benito Lalane, un compatriota que agonizó de frío en Pudahuel, los convocó en este mismo lugar. Un triste ritual al que rehúsan acostumbrarse: “Es tiempo de que esto se acabe ya. Es tiempo de que la política tome en cuenta lo que está pasando. Es tiempo que se acabe la discriminación”, vocifera un joven, entristecido y enrabiado por la muerte de Joane.
La gente aplaude. Otros lloran. En el grupo también hay decenas de chilenos. Personas comunes y corrientes, representantes de ONG, y algunos candidatos como Marco Enríquez Ominami, Giorgio Jackson, y Javiera Olivares: “Quisiera saludar a toda la familia, a todas las compañeras y compañeros de Joane. Quiero decirles que nos hemos movilizado para no dejarlos solos, para denunciar esto hasta las últimas consecuencias. Mi nombre es Javiera Olivares y soy candidata a diputada por el distrito 10”, dice.

El grupo estalla en pifias. Le piden que se vaya, que no es el momento de hacer campaña: “El Estado criminal, asesino de Joane”, repiten. Atrás de la primera línea, perdido en la muchedumbre y el caos, se asoma la cabeza de Wilfrid Fidele, pareja de la fallecida y el padre de la recién nacida. Viste una chaqueta de mezclilla y una polera negra. Carga una vela en su mano, tiene los hombros encogidos y tirita de frío. Ya ni siquiera tiene fuerzas para gritar.

Samantha, la hermana de Joane, habla en nombre de la familia. Pone en discusión la ilegalidad que se está cometiendo con su sobrina de dos meses, derivada al hogar Casa Nacional del Niño, dependiente del Sename: “Ustedes pueden entender lo que estoy sufriendo. Nuestra madre está como loca en Haití. Pido justicia y reparación. ¡Que entreguen la niña!”, exige.

Wilfrid convulsiona en el piso. No entiende nada de español, pero el discurso de su cuñada, que ha sido en Kreyòl, lo desmorona. El grupo se abre para desperdigar las velas y armar un altar en una palmera con los carteles de apoyo. Unos jóvenes cantan “Ayiti cheri” en su memoria: “Tenía que dejarte para comprender tu valor, tenía que echarte de menos para poder apreciarte, para sentir realmente qué significas para mí, Haití querido, no hay un país mejor que tú”.

La esperanza

Era una fecha especial. Wilfrid Fidele llegó a Chile el 24 de diciembre del año pasado a pasar la navidad junto a su pareja embarazada. Un sueño que atesoraba hacía meses. La mujer haitiana, madre de su futura hija, Joane Florvil, lo llamaba frecuentemente pidiéndole que viajara al país. “Me siento sola, te extraño, por favor ven a acompañarme”, le suplicaba, cuenta Wilfred a través de un traductor.

Joane se percató de su embarazo pocos meses después de llegar a Chile. Un primo de su pareja, Fidele Widelin, se encargó de cuidar a la mujer. Widelin vivía en Cerro Navia y acogió a Joane junto a un grupo de amigos y familiares -“gente de confianza”, dice- en una casa donde trabajó en su construcción, un enorme inmueble de 7 habitaciones, que el dueño posteriormente se la arrendó.

Wilfrid asegura que Joane fue incentivada por su padre para venir a Chile y que él nunca estuvo tan convencido de viajar al país. Cuenta que en Haití se dedicaba a cambiar dólares y que tenía varias motos que las trabajaba de
taxis. “Allá tenía una casa y aquí vivo en una pieza. Mi vida era mucho mejor en mi país”, afirma.

Joane trabajó todo su embarazo en distintos empleos. Uno de ellos en un lavado de autos en Maipú que Widelin recuerda como muy sacrificado. “Era una pega que hacían puros hombres, pero debía hacerlo porque tenía que enviarle dinero a sus dos hijos que tenía allá”, recuerda. Wilfrid también tenía dos hijas en Haití y se esmeraba en juntar dinero haciendo diversos “pololos”. “He trabajado en la feria, limpiando jardínes, haciendo aseo, pintando, ningún empleo estable”, asegura.

Tras el nacimiento de Wildiana, el 10 de julio de este año, los apremios económicos fueron más exigentes. Cualquier trabajo que les ofrecían lo tomaban. El 29 de agosto Joane venía del consultorio Santa Anita, con su hija en coche, cuando fue abordada por un sujeto en la calle. El hombre le dijo que buscaba dos empleados para trabajar en la OPD (Oficina de Protección de Derechos de la Infancia) de la comuna, pero que era necesario que éstos tuvieran celulares. La mujer sucumbió al clásico “cuento del tío”. Wilfrid y otro haitiano que estaban en la vivienda aceptaron la oferta. “El tipo era alto, se vestía bien, no me generó sospechas”, agrega la pareja de Joane.

Cuando llegaron al inmueble, una antigua casona de corredores y patio central, el sujeto habló con el guardia y luego ingresó con los dos haitianos, alrededor de la una y media de la tarde. A Wilfrid le llamó la atención que se paseara por las dependencias como si fuera un funcionario más. A continuación, asegura, les solicitó que se cambiaran de ropa y que fueran a limpiar el patio trasero, mientras él les resguardaba sus pertenencias. Algunos trabajadores de la OPD les preguntaron qué hacían; ellos les explicaron que les habían ofrecido empleo. Cuando entendieron que todo se trataba de un vulgar engaño se acercaron al guardia a pedirle una explicación. “Nos pusimos a reclamar y nos dijo que se las había llevado el mismo hombre que nos había traído”, recuerda Wilfrid. Luego, asistido por un traductor, agrega que perdió su mochila con ropa, su celular, pasaporte y carné de su hija recién nacida. Su compatriota, a su vez, perdió un moderno smartphone.

La oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lo Prado no respondió a The Clinic si habían interpuesto una denuncia sobre las prácticas del falso funcionario, atendiendo a la gravedad de los hechos que se desencadenaron.

Desesperado por el robo, Wilfrid le pidió a un repartidor de gas que pasaba por el lugar que llamara a carabineros. Al cabo de unos minutos llegó un furgón a las afueras del inmueble, ubicado en calle San Germán 1052. El joven haitiano asegura que intentó explicarles lo sucedido, con ayuda del trabajador, pero que los funcionarios policiales no le tomaron la denuncia. “Sólo fue una conversación”, expone. No recuerda (pues él no efectuó la llamada), si el repartidor llamó al 133 o al plan cuadrante. En cualquiera de los casos, la llamada debió quedar registrada. Altas fuentes al interior de Carabineros aseguran que no tienen antecedentes al respecto y que en los próximos días revisarán si la comunicación realmente existió. Wilfrid cree que esta situación marcó un punto sin retorno: “Si ellos hubieran tomado la denuncia, Joane no hubiera ido al otro día a reclamar a la OPD”, asegura.

-¿Crees que hubo discriminación?
-Sí, sentí que me trataban como una persona diferente a los chilenos.

Joane, efectivamente, acudió el 30 de agosto a las oficinas de la OPD. La ciudadana haitiana contó a sus familiares que intentó comunicarse con el guardia y otras personas del organismo, intentando esclarecer lo que había sucedido el día anterior. “No la entendieron o no quisieron entenderla”, dice Isabel Araya, vecina y madrina de la pequeña Wildiana. Joane, desesperada por no poder comunicarse, le habría comentado al guardia que iría a buscar a un traductor y que volvería enseguida. “En Haití hay una lógica cultural de empatía y reciprocidad. Ella le pasa la guagua al guardia porque en su país la lógica de la autoridad es muy importante. Una persona con uniforme es una persona que nunca te va a joder. Ella pensó que su hija no corría peligro si la dejaba con el guardia, mientras iba a buscar un traductor. Pero la gente que vio esta escena pensó que ella había regalado su guagua”, explica Pilar Phillips, trabajadora social y miembro de la Fundación Fre, que vivió en Haití durante dos años.

A partir de este episodio, las versiones comienzan a enfrentarse. Según el relato de algunos testigos que forman parte de al menos dos informes de instituciones vinculadas al caso, Joane habría dejado a su hija en la puerta del inmueble sin haber solicitado la protección de un tercero. Es en ese instante que Marcelo Sandoval, encargado de la oficina de juventud de la comuna, se habría percatado del hecho y decide seguirla. El funcionario habría sido acompañado por el asistente social Felipe Rivera. Ambos trabajadores habrían registrado videos y fotos donde darían cuenta de la aparente fuga de la mujer.

Con los antecedentes proporcionados por los funcionarios, sin siquiera hablar antes con la mujer haitiana, la Oficina de Derechos de Protección a la Infancia realizó una denuncia en la 44 Comisaría de Lo Prado, poco antes de las seis de la tarde, y tomaron contacto con el Juez de turno del Tribunal de Familia de Pudahuel, Ricardo Morada, iniciando un protocolo por “la gravedad de la vulneración”.

Una vez notificada la Fiscalía, en atención a los antecedentes proporcionados, determinó que la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), perteneciente a la 48 Comisaría de asuntos de familia, investigara el caso por el delito de estado de abandono. Los policías acudieron al domicilio de la familia haitiana, ubicado a unas ocho cuadras de la OPD. Joane, con la ayuda de Widelin, les explicó que jamás intentó abandonar a su bebe. No le creyeron. La mujer fue acusada de abandono y la sacaron esposada de su casa.

La muerte

En su primera imagen pública, Joane Florvil llora. Le rueda una lágrima por su pómulo izquierdo, mientras un par de cámaras de TV la enfocan esposada. Camina custodiada por dos policías rumbo a la entrada de la 48 Comisaría de la Familia y la Infancia. Lanza una frase a medias: “Por qué todos los haitianos…”, dice en un trabado español antes de cruzar la puerta del cuartel. Aunque nadie aún ha escuchado su versión, las noticias la presentan como una criminal: “Lactante de dos meses es abandonada por su madre”, asegura el titular de TVN.

No es casualidad que los medios de prensa la hayan aguardado allí. A las 21:41 de ese día, 30 de agosto, un teniente perteneciente al Departamento de Comunicaciones de Carabineros, les avisó mediante WhatsApp que la vocería estaba fijada para las 22:20 horas. María Fernanda Muñoz, capitán de la comisaría, sería la persona a cargo de las declaraciones: “dejó a su bebé abandonado y se retiró”, aseguró la funcionaria.

Bastaron apenas 20 segundos frente a las cámaras para que la policía y los periodistas que ese día cubrieron la pauta construyeran una realidad: “Va a quedar a disposición de la justicia por abandono de niño, ese es el delito”, dijo un reportero aquella noche. Joane, sin embargo, ignoraba los cargos por los cuales se la acusaba. Desde su detención había insistido en su inocencia, pero nadie había tomado en cuenta su explicación. Adentro del calabozo se desesperó y comenzó a golpear su cabeza contra una pared.

La joven ingresó a las 00:15 de la madrugada a la Posta Central. Tenía heridas de gravedad. Durante toda la noche le hicieron exámenes. A la mañana siguiente, como no estaba en condiciones de ser formalizada, el Ministerio Público pidió la ampliación de su detención. Un policía quedó a cargo de su custodia. Joane pasó todo el fin de semana internada y al lunes siguiente su caso llegó a tribunales. Estaba en la UCI, sedada, y con diagnóstico de “Síndrome de compromiso de conciencia en estudio”.

Aunque su defensa le solicitó al Quinto Juzgado de Garantía constituirse en la Posta Central, el juez que vio la audiencia decidió realizarla sin que ella estuviera presente. “El Ministerio Público pidió que quedara con orden de detención, es decir, esposada en la Posta o con gendarmes afuera. Yo me opuse, porque la información de la carpeta no daba cuenta de un hecho constitutivo de delito”, recuerda Daniela Saba, la abogada de la defensoría que tomó el caso. Saba logró que Joane quedara apercibida de la investigación, pero no formalizada, con el compromiso de que apenas estuviese bien de salud se realizaría una audiencia. El primero de septiembre se declaró su libertad.
La derrota más triste, sin embargo, se dio en el tribunal de familia, donde un juez determinó la internación de la niña en un centro de menores. Argumentó que aunque Wilfrid reclamaba su idoneidad para hacerse cargo, como había perdido sus documentos, no existía forma de comprobar que era el padre. La explicación parecía absurda. Tanto así que devastó el ánimo de Joane.

Fue entonces que recibió la visita de su defensora. Siete días después de su detención, por primera vez la joven contó su versión delante de un intérprete proporcionado por una institución estatal. Dejó testimonio del robo sufrido por su pareja, de su imposibilidad para darse a entender, de los golpes que se había dado en su desesperación, y de un empujón que un funcionario policial le había propinado. Este último punto en cuestión fue descartado desde la institución: “Hay cámaras de seguridad que están a disposición del Ministerio Público. Ella se empezó a agredir”, cuenta una alta fuente al interior de Carabineros.

Los informes de la Posta al tribunal se volvieron casi diarios. En uno fechado el 8 de septiembre, el doctor Mario Reyes Aliaga afirmó que Joane sufría de un cuadro de epilepsia recién diagnosticado, y estableció un alta probable entre los días 11 y 13 de ese mes. Pero eso nunca ocurrió. Con los días, la enfermedad se fue complicando: “Yo la fui a visitar tres veces y la última ella ya casi no hablaba”, recuerda la defensora Daniela Saba.

A las lesiones en su cabeza y la epilepsia, sumó una complicación hepática, que obligó a trasladarla a la Clínica de la UC. Joane entró a ese centro asistencial en lista de espera para un trasplante de hígado, situación que le habría causado la muerte. Su familia cree que ella se contagió de Hepatitis B adentro del hospital, pero el resultado de su autopsia aún no es concluyente. Tampoco la causa de su deceso. “Nada está claro. No hay acá un proceso lógico. Todo es irregular de comienzo a fin. Hubo discriminación, falta de tino, y un mal manejo respecto a cómo deben tratar los funcionarios públicos a los migrantes que no entienden nuestra lengua”, explica Vicky Palma, abogada de la agrupación Acción, Mujer y Madre, institución que asumió la defensa del caso a comienzos de esta semana.

Aquellas mismas negligencias institucionales fueron las que llevaron al médico y poeta haitiano Jean Jacques Pierre a escribir unos versos de protesta en memoria de Joane:

Cuando te mataron en África
Dijeron que era por costumbre
Cuando te mataron en Estados Unidos
Dijeron que era por autodefensa
Cuando te mataron en Chile
Dijeron que era por ser una mala madre.

Jacques Pierre está convencido que en lo más profundo de este caso está incubado el racismo, la imposición de una cultura por sobre la otra: “¿Qué hubiese ocurrido si Joane hubiese sido una alemana o de otra nacionalidad europea? Estoy seguro que la cadena de acción habría sido distinta. Eso es algo que duele, porque esta es una muerte absurda”, se lamenta.