Columna de Francisco Soto y Yanina Welp: Lecciones del conflicto catalán

 

Para entender lo que hoy se está viviendo en Cataluña resulta fundamental analizar el desarrollo del proceso de descentralización establecido por la constitución del 1978. La recién creada Comunidad Autónoma Catalana participó con entusiasmo en la instalación de la democracia en España. Así, aprobó mediante referéndum su estatuto de autonomía 25 de octubre de 1979, que regulaba su vínculo y compromiso con el Estado español. De ahí en adelante los catalanes, “alumnos aventajados”, buscaron extender y profundizar sus competencias mediante la elaboración de un nuevo Estatuto de autonomía aprobado en el año 2006, por el Parlamento Catalán, el Congreso Español y por un nuevo referéndum en Cataluña, según establece el procedimiento previsto por el artículo 151 de la Constitución Española (CE).

En aquel momento, anterior al estallido de la crisis económica del 2008, la democracia española gozaba de buena salud, de la mano de un Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con arraigo en Cataluña (algo que ahora ha perdido considerablemente) aún sin ser el principal partido según las preferencias ciudadanas. Lo que no se anticipaba era que el Partido Popular (PP) buscaría por todo los medios que el Tribunal Constitucional impugnara el Estatuto aprobado democráticamente. La presiones del PP se extendieron por cuatro años, hasta que el Tribunal Constitucional por un voto mayoritario (6 contra 4), se pronunció contra los artículos clave del Estatuto Catalán en las cuatro mil páginas  que contiene la STC 31/2010.

El proceso fallido del Estatuto catalán del 2006 no sólo tiró por la borda las aspiraciones catalanas, el pacto político y la legitimidad de los partidos que lo defendieron, sino que impactó duramente en el modelo de descentralización propuesto por la Constitución Española. La fórmula catalana fue el último intento de desarrollar las
autonomías dentro de los márgenes constitucionales. De ahí en adelante, la política se desplazó con fuerza a la calle. Mucho más se podría decir con relación al reposicionamiento de los partidos políticos – con una división entre independentistas y no independentistas mediada por el apoyo de Podemos y los comunes al referéndum aunque
no necesariamente a la independencia en el ámbito catalán; el reforzamiento del centralismo en el PP y una marcada ambigüedad del PSOE – o los casos de corrupción que han erosionado la legitimidad política tanto en España como en Cataluña. Aquí nos basta con señalar que en un conflicto con múltiples dimensiones la
ciudadanía ha tomado posiciones. En Cataluña las encuestas señalan que más del setenta por ciento de los catalanes quiere votar, aunque no está claro que exista una mayoría a favor de la independencia: una preferencia que ha estado en crecimiento desde 2010 pero que sólo en momentos álgidos de crisis ha superado el 50 por ciento y por
poco tiempo para volver a retroceder y reubicarse por debajo del umbral de la mayoría simple.  Claramente, hay una necesidad de dialogar y negociar entre esas posiciones en Cataluña (independencia, incremento de competencias, derecho a decidir, encaje dentro de España y la Unión Europea).

Pero la llegada del PP al gobierno español sólo agudizó las distancias entre Cataluña y España. En Cataluña se conformó una alianza entre sectores independentistas agrupada en “Junts pel sí” para las elecciones regionales del 27 de septiembre de 2015,  entre Convergencia Democrática (CDC), partido de de centro-derecha; Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), de izquierda; los demócratas de Cataluña (DC) y el Movimiento de Izquierda (MES). Triunfaron, pero contrario a sus expectativas obtuvieron tan sólo 62 escaños, mayoría absoluta que les permitiera iniciar el proceso. Entonces, “Junts pel sí” llegó a un acuerdo con los radicales pro- independencia de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que tuvo resultados históricos en las elecciones de septiembre, obteniendo 10 escaños a nivel regional. Todos los partidos independentistas juntos sumaron 72 escaños de un total de 135, lo que permitió
la mayoría para iniciar el proceso de “Desconexión” de España prometida por estos partidos durante la campaña electoral.

En consecuencia, el 9 de noviembre de 2015, los partidos iniciaron formalmente el proceso de desconexión. Todos los demás grupos votaron en contra de la declaración: Ciudadanos (Ciutadans, Cs), el Partido Socialista de Cataluña (PSC), el Partido Popular Catalán (PPC) y la alternativa-izquierda coalición Catalunya Sí que es Pot.

Así durante este año, y con una mayoría en el Parlament de Cataluña, los independentistas aprobaron la llamada “ley de transitoriedad” que establece un itinerario constituyente y un modelo de gobierno transitorio hasta que se ponga en funcionamiento el estado; y la Ley de referéndum para regular la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, ambas suspendidas por el Tribunal Constitucional. Desde entonces, En Cataluña el gobierno
autonómico comenzó a implementar su plan pese a que el mismo va contra la Constitución Española. La respuesta del Gobierno de España ha sido cerrar las puertas al dialogo e incrementar la persecución presionando a los tribunales y en última instancia enviando a la Guardia Civil a impedir la consulta del 1 de octubre. El resultado
no pudo ser más catastrófico: la consulta no cumplió con ninguno de los requisitos formales que permitan considerarla como tal, pero el gobierno español no pudo evitar que miles y miles de catalanes tomaran las calles reclamando su derecho a decidir. Las tapas de todos los diarios europeos dieron cuenta de la violencia contra una manifestación mayoritariamente pacífica.

Dos lecciones especialmente relevantes surgen del análisis del callejón en el que se encuentra hoy Cataluña, y también España. La primera es que los Tribunales Constitucionales deben funcionar con independencia y hay que velar por la selección de sus miembros y por su buen funcionamiento. Este es un tema que los chilenos hemos estado debatiendo desde hace tiempo. En segundo lugar, es evidente que los problemas políticos requieren soluciones políticas, es un error apelar a la fuerza como también es un error judicializar los conflictos. En España esto tan sólo ha generado mayor polarización. En estos días más actores han pedido que se recurra a mediadores internacionales. El gobierno suizo ha sido el primero en ofrecerse a ocupar ese rol. El dialogo previo, la discusión de opciones, la promoción de espacios de deliberación bien concebidos podría haber evitado llegar hasta este punto insólito en que se espera que Cataluña finalmente active la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y España suspenda la comunidad autónoma aplicando el artículo 155.

En términos generales, la solución a estos problemas compromete un debate global y supone analizar el tema de
la participación en perspectiva comparada. De ahí, que nos hemos aventurado en la tarea de escribir un libro que recoja cómo se han producido estas tensiones en el Chile actual. (Francisco Soto Barrientos y  Yanina Welp: Los diálogos ciudadanos, Chile ante el giro deliberativo, Ediciones Lom, 2017 http://www.lom.cl/7d8cfc63-19d5- 4f0c-94ed-0ec434b5c971/Los-di%C3%A1logos- ciudadanos.aspx)

El proceso constituyente desarrollado durante el gobierno de la Presidente Bachelet, se inscribe en un esfuerzo por encontrar un lugar para que la participación ciudadana le densidad a la deliberación, la enriquezca y otorgue márgenes de acción a los partidos políticos para que desplieguen sus posiciones a través de amplios acuerdos políticos perdurables y estables.

Los chilenos estamos en un momento crítico, pero todavía podemos construir los consensos necesarios para reconocernos en un orden constitucional compartido y una sociedad democrática e incluyente.