Los emails que muestran la negligencia del BancoEstado para frenar el mega fraude en Carabineros

El 26 de agosto de 2014, más de dos años antes de que la Fiscalía iniciara por oficio la investigación sobre el millonario desfalco en Carabineros, el BancoEstado recibió una información clave que pudo frenar el fraude en la entidad que ya bordea los $28 mil millones. Ese día, se rechazó un abono de $68.836.668 al Banco Falabella a la cuenta del capitán Felipe Rubén Ávila Pérez, quien entre 2013 y 2015 estuvo a cargo de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de la Región de Magallanes.

El capitán tenía un sueldo a esa fecha de $1.703.451 y ese mes había recibido dos transferencias extras desde el convenio identificado con el número 9640100338, correspondiente a remuneraciones, de $15.134.480 y $24.609.307. Un tercer monto adicional había generado una alarma.

No se trató en aquella ocasión, ni tampoco posteriormente, de la pericia de los analistas bancarios detectando un movimiento sospechoso. La situación era más simple. En ese momento, tal como ocurrió 16 meses después en diciembre de 2015, cuando banco Falabella inició una indagatoria, el equipo a cargo del desfalco, dependiente del general Flavio Echeverría -formalizado como líder de la banda- cometió un error. Los sistemas de pagos de los sueldos operan con una base de datos adscritos, que envía el cliente. En ese archivo figuran las claves para el depósito: Rut, Cuenta de destino, Banco de destino. En este último ítem estaban duplicados el BancoEstado y el Banco Falabella. El rechazo no fue por el elevado monto, sino por la inconsistencia de información.

Si algún funcionario de BancoEstado hubiera mirado someramente la nómina en agosto de 2014 para revisar el rechazo, habría notado la cantidad de veces que en un mes el capitán Ávila Pérez recibía su “sueldo” y los montos asociados. Y habría notado, sin ser experto, que se estaba ante un fraude.

Nada de ello ocurrió.

The Clinic indagó por varias semanas y con distintas fuentes cómo operó el BancoEstado y qué circunstancias permitieron que la máquina diseñada en la Intendencia de Carabineros para robar pasara inadvertida en la institución financiera a cargo de realizar los pagos.

Así se logró reconstruir en detalle la crisis desatada en diciembre de 2015, cuando, tras la alerta de Banco Falabella de rechazo a una transacción destinada a Ávila Pérez por cerca de $30 millones, se desarrolló una indagatoria interna en BancoEstado. En la recopilación de antecedentes, se determinó que el capitán había percibido más de $600 millones en un periodo de 2 años. Frente a una cadena de correos electrónicos, en que se pide una revisión a fondo y se explicita lo anómalo de la situación, Felipe Galarce González, gerente de Negocios Transaccionales de BancoEstado, detalla explícitamente que no existe interés alguno en su área de indagar qué ocurre. Más aún, afirma no comprender el alboroto “Este tema no lo entiendo. Carabineros hace los abonos que quiere a las cuentas que quiere. Nosotros como banco no tenemos opinión al respecto”, escribió Galarce González el jueves 9 de diciembre de 2015 a las 9.18 horas.

Por su cargo, Galarce González, quien desestima que el BancoEstado deba hacer algo ante la evidencia expuesta de abonos irregulares al capitán Ávila Pérez, es el experto en pago de remuneraciones y el responsable de esta área.

El currículo del personero detalla que es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad Católica de Lovaina. Además, tiene más 25 años de experiencia en la industria financiera. En una ficha de un seminario organizado por el Diario Financiero sobre Cash Management y banca empresas, se destaca que Galarce González “ha desempeñado un importante papel para consolidar a BancoEstado como líder en servicios de Cash Management tanto para instituciones gubernamentales como para importantes segmentos del mercado corporativo en Chile, con tasas de crecimiento anual superiores al 15% en los últimos años”.

En la cartera del profesional, figuran las cuentas de Carabineros.

UNA CADENA DE ERRORES

El principal activo de la Gerencia de Negocios Transaccionales (GNT) es la administración de los pagos de las empresas tanto a sus empleados -salarios, cotizaciones-, como a los proveedores. Con dependencia de la llamada Gerencia de Banca Institucional, para BancoEstado el manejo de los convenios con instituciones como Carabineros, la Cámara de Diputados o el resto de las Fuerzas Armadas, es clave.

Se trata de organismos que manejan presupuestos enormes de miles de millones de pesos. El banco tiene disponible estos fondos para inversiones y en paralelo tiene acceso a toda la información financiera de quienes forman parte de determinada institución. Se generan, por ende, una serie de negocios asociados para quienes son clientes del Banco -préstamos de riesgo cero, porque se descuentan de inmediato cuando se depositan las remuneraciones- y para quienes podrían serlo: ofertas dirigidas de acuerdo a sus ingresos. El “mapa” del cliente es un activo en sí mismo.

En la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Galarce González dio cuenta de la magnitud del mercado. “Operamos con cerca de 3.000 empresas e instituciones. Probablemente, respecto de las instituciones, somos el banco más importante de la plaza. En relación con la operación de los convenios de pago, Carabineros opera un volumen muy importante de transacciones mensuales, cerca de 130.000 transacciones mensuales de pago. Estos convenios operan bajo una plataforma de alta seguridad”, adujo.

Ante esta misma instancia, el actual ministro de Economía y ex Presidente del Directorio del BancoEstado, Jorge Rodríguez Grossi, destacó que, pese a la relevancia de estos convenios, “cuando surgía alguna duda se preguntaba a los responsables de la institución, quienes contestaban y punto. Desde el punto de vista legal no había un mandato al banco, ni a ningún otro banco para que haga una fiscalización como la que hoy parece obvio que hay que hacer al respecto”.

Galarce González, por lo que figura en los mails a los que accedió The Clinic, consideraba en diciembre de 2015 que era innecesario incluso consultar con Carabineros, aunque se estaba frente a una situación a todas luces anómala.

La cadena de correos, desatada luego del rechazo de Banco Falabella a un abono salarial de más de $30 millones a Ávila Pérez, es la siguiente:

El 7 de diciembre de 2015, a las 11:16 horas un analista dependiente de la Gerencia de Procesos Transaccionales le envió al encargado del área un mail que contenía adjunto un archivo excel. “Jefe, según lo conversado, adjunto detalles de los pagos efectuados con Estado, Medio de Pago, Banco y Cuenta de Destino”.

Era una bomba de tiempo. El archivo adjunto detallaba 77 transacciones en la cuenta corriente de Ávila en dos años, 19 de los cuales -el 24,6%-, correspondía a abonos fraudulentos desde la cuenta de Remuneraciones de Carabineros. En el periodo analizado del 21 de junio de 2013 al 24 de noviembre de 2015, a través del convenio identificado con el número 9640100338, Ávila había recibido $613.164.887, correspondientes a montos desfalcados de la policía uniformada. Una revisión rápida del documento daba cuenta de las inconsistencias: el 21 de junio de 2013, Ávila había percibido su sueldo, $1.519.104 y dos extras: $10.861.776 y $24.609.307. En julio, nuevamente figuraba su sueldo; y en agosto de ese año, su salario y otros dos extras por $15.134.480 y $24.609.307. Los montos de los recursos adicionales fueron variando en el periodo, con “suplentes” que bordeaban los $44 millones o $59 millones.

En agosto de 2014, ya había ocurrido algo similar a lo que ahora estaba bajo la lupa. Ese mes, Ávila había recibido su sueldo, $1.703.451; dos depósitos de $15.860.957 y $32.497.680, todos a BancoEstado; y un cuarto abono de $68.836.668 Este último tenía como destino el Banco Falabella y había sido rechazado por inconsistencia de información: el destino era el mismo BancoEstado y además el Banco Falabella.

El sistema, por esta razón, indicó rechazo en agosto de 2014 y nuevamente en diciembre de 2015. Sólo en esta última ocasión, un funcionario de Falabella se detuvo a observar qué había ocurrido. Encontró 25 transferencias en los últimos 16 meses, algunas por más de $60 millones. Se activó una alerta en Falabella y lo mismo ocurrió en BancoEstado.

El día 9 de diciembre de 2015, la cadena de información llegó a otros departamentos del BancoEstado. Desde la Gerencia de Procesos Transaccionales se contactó al departamento de Gestión y Proyectos vía email. Ese correo, enviado a las 11.31 horas, señala “Adjunto detalle de transacciones que afectan al rut 14.156.046-8 durante el período comprendido entre junio/2013 a la fecha. Agradeceré canalizarlo al área de riesgo operacional para su análisis y revisión”. Esa misma mañana, la planilla con el detalle de las operaciones llega a la Unidad Integral de Fraudes con detalles ya explícitos en el texto: “Te informo abonos realizados a un mismo rut, durante dos años más de MM$600. Se adjunta excel más abajo con detalles de los abonos”.

Desde Fraudes, el mail es enviado a Negocios Transaccionales. Hasta aquí, la información es manejada sólo por funcionarios de menor rango de BancoEstado.

Un ejecutivo de Negocios Transaccionales traspasa la información a Banca Institucional y a los gerentes de su área. Ese mail de las 15.43 horas va dirigido a Alejandro Cobian, el nexo del general Flavio Echeverría con BancoEstado, y entre quienes reciben los datos figuran Verónica Hevia Lobo, entonces gerente de BI (fue removida hace algunas semanas de su cargo y asumió otras funciones); Jorge Miguel Cortés González, subgerente de BI; y Felipe Galarce González, Gerente de Negocios Transaccionales. “De la unidad de Riesgo Integral de Fraude nos piden indagar con el cliente pagador (Carabineros) respecto de los abonos que recibe un funcionario hace dos años, son más de MM$600 a través del convenio 9640100338. Se adjunta detalle de los abonos”, reza este mail.

“Averiguo y les informo”, responde Cobian a las 16.13 horas. Un minuto después, Hevia realiza una pregunta clave: “Dado los altos montos, ¿no deberían saltar antes las alertas?”.

La inquietud no es de cualquier personero. Hevia, como Gerente de BI y encargada comercial de los convenios debería haber estado al tanto de cómo funcionaba el área que dirigía. No lo estaba.

El siguiente mail es del jueves 10 de diciembre a las 9.18 horas. En él, la máxima autoridad de Negocios Transaccionales, responde a Hevia.

“Este tema no lo entiendo. Carabineros hace los abonos que quiere a las cuentas que quiere. Nosotros como banco no tenemos opinión al respecto. Salvo que el abonado sea V Hevia, J Cortés, F Galarce, etc. Pero en general, no revisamos eso. Son controles ex-post que el cliente pone”.

¿Qué es lo que Galarce no entiende y qué mensaje está entregando al asegurar que el Banco no opina sobre estos movimientos sospechosos?

Como sea, Cortés González hace caso omiso de Galarce González y plantea a las 10.08 horas. “Dado los montos ‘anormales’ para algunas cuentas, se pide investigar de manera reservada. Con estos controles se han detectado muchas cosas, tales como negocios informales, etc”.

La incógnita que introduce Cortés González es que, a diferencia de lo señalado por Rodríguez Grossi en la Comisión, el subgerente de BI afirma que sí existían procedimientos para este tipo de casos. De ser así, nadie explica por qué no se aplicaron en agosto de 2014, frente al primer rechazo bancario, con Ávila Pérez.

El siguiente mail es del viernes 11 de diciembre a las 11.26 horas. Cobian Rojas, el nexo operativo del Banco con Carabineros, y que había, según declara el general Echeverría, realizado una llamada de consulta el 9 de diciembre, escribe: “Estimados, Analizado el caso por la Dirección de Finanzas de Carabineros, el cliente indica que ‘determinadas cantidades fueron pagadas erróneamente debido a los problemas derivados del sobrepoblamiento de datos contenidos en el Sistema Calculador de Remuneraciones, el cual comenzó a generar inconsistencias desde hace algún tiempo a la fecha, situación que se está regularizando internamente para lograr la recuperación de los montos mal percibidos. Por este mismo contexto, y por instrucciones del señor director de Finanzas, el departamento III Tesorería ha iniciado una revisión exhaustiva y ampliando la muestra a otros períodos con la finalidad de detectar otros casos que pudieran derivarse del problema antes descrito, información que una vez que sea analizada en forma interna, será dada a conocer a esa entidad bancaria con la finalidad de parear los datos y eximir de responsabilidad al BancoEstado”.

Esta respuesta es reenviada a la Unidad de Riesgo Integral de Fraude y a la Unidad de Pagos.

Un año más tarde, la Fiscalía inicia la investigación que desbarata la banda criminal en Carabineros a raíz de una Alerta de la Unidad de Análisis Financiero, que había recibido un Reporte de Operación Sospechosa respecto de Ávila Pérez por parte del Banco Falabella.

The Clinic realizó durante dos semanas una serie de consultas a BancoEstado sobre el manejo de este tema. Entre otros asuntos se preguntó por cuál es la tasa general de fallas del Banco en operaciones con sus clientes en los últimos cinco años y cuál es tasa en las cuentas de Carabineros; si se aplicaron o no soluciones de seguridad y segregación de funciones con las cuentas de Carabineros; y si se realiza “minería de datos” (acumular movimientos para cada cuenta que recibe sueldo e identificar movimientos sospechosos) en las cuentas.

En lo específico, también se inquirió respecto de la situación de Galarce y Cobian.

Desde el Banco sólo indicaron que no pueden referirse al tema por ser motivo de investigación en el Ministerio Público.

Consultado por este medio, Galarce no desmintió la información por la cual fue consultado y derivó las preguntas al Departamento de Comunicaciones. Respecto a los correos se limitó a decir que no los había entregado a la fiscalía.

NEGLIGENCIA

El 10 de julio de este año, Galarce, junto al entonces presidente del directorio del Banco y actual ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi; el vicepresidente de la institución financiera, Enrique Marshall; el director de Cumplimiento, Álvaro del Barrio; el subgerente de Cumplimiento, Carlos Molina; y la jefa de Unidad de Control, Lorena Contreras, acudieron a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados e intentaron explicar por qué el Banco no detectó movimientos sospechosos en las cuentas de Carabineros.

Al respecto, Rodríguez Grossi señaló que hubo una modificación relevante en 2015 de la ley que creó la unidad de Análisis Financiero, el año 2004. Este cambio se tradujo en que “los bancos debemos estar atentos e informar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier caso sospechoso que encontremos.

Eso ha significado un cambio brutal, desde el punto de vista de la operación, porque, desde el 2004 hasta febrero del 2015, la atención principal del Banco y de los bancos, ha sido pesquisar operaciones de lavado de dinero que involucran operaciones de narcotráfico y de financiamiento de actividades terroristas. En cambio, desde el año 2015 en adelante, el foco se amplía y hace incluir, dentro de lo que son las fiscalizaciones que se realizan, la mirada sobre instituciones públicas que no se estaba haciendo antes de esa fecha”.

También adujo, en cuanto a Carabineros, que “no había un control, mandatado por ley, para ese tipo de instituciones y para las personas que trabajan en ellas” y añadió que existe una investigación interna para determinar responsabilidades frente a eventuales problemas a la hora de requerir información a Carabineros: “Si un funcionario llamó a un oficial para preguntar qué pasaba con estas cifras y este se quedó tranquilo con la respuesta, si así lo determina la investigación que lleva adelante la fiscalía, no les quepa la menor duda de que vamos a tomar acciones al respecto, porque no forma parte de nuestro método de trabajo cifrar confianza en una simple llamada telefónica. Sin embargo, no puedo afirmar que lo señalado sea cierto o falso ni tampoco que después de esa llamada telefónica se haya enviado la información a la Unidad de Análisis Financiero, lo que también podría haber ocurrido. No puedo afirmarlo ni negarlo”, aseveró.

Lo cierto es que no hubo sólo una comunicación telefónica de Cobian con Echeverría, sino que Cobian informó vía mail de los resultados de sus pesquisas a otras tres personas con poder en la institución y ninguno de ellos reaccionó frente a una respuesta deficiente. Peor aún, antes incluso de esta respuesta, un gerente -Galarce González-, dejó por escrito que el Banco no tenía opinión sobre los hechos.

La justificación de Del Barrio, de la Unidad de Cumplimiento, frente al megadesfalco, es que se quebró “un cristal” de confianza. “Ya no se puede tener la confianza de la que se ha hablado en la comisión, es decir, que teníamos confianza en la Contraloría y en la Dirección de Presupuestos. BancoEstado ya no confía en esto; hoy tenemos una forma diferente. Ante cualquier funcionario que reciba un depósito muy superior a lo que es su sueldo, hoy vamos a tener que tomar el camino que quizá a la Unidad de Análisis Financiero no le gusta, es decir, hacer un reporte de operación sospechosa pragmático, que no era el espíritu que tenía la norma. Hoy un reporte pragmático podría deberse a que excede equis monto”, postuló.

Ese “cristal” al que hace referencia debió, en rigor, romperse el 26 de agosto de 2014, cuando se produjo el rechazo de más de $68 millones al abono en Banco Falabella.

Galarce González, en tanto, añadió en la reunión que “fundamentalmente, la responsabilidad del banco es que esa plataforma sea extraordinariamente segura. A través de eso, el banco ofrece a Carabineros, así como a otras instituciones, todos los mecanismos de seguridad para que opere de forma que las transferencias ocurran transmitidas desde la institución, sin ningún tipo de intervención por parte del banco. Eso implica que el banco ofrece una plataforma que puede ser operada desde la institución, en distintos niveles de seguridad. Ese sistema se ha ofrecido, tanto a Carabineros como al resto de las empresas e instituciones, de tal manera que la institución pueda disponer de mecanismos para que, dentro de ella, distintos niveles de seguridad puedan preparar los archivos a través de sistemas computacionales, otras personas distintas puedan autorizar la información y, luego, otras personas distintas puedan autorizar los fondos involucrados en las transferencias. Esas personas pueden ser distintas, obviamente, dispuestas por la institución, con los mecanismos de seguridad. En general, pueden ser seis personas distintas que preparen la información, que obtienen desde los sistemas computacionales, y autoricen las nóminas, nóminas de proveedores, nóminas de abonos varios y nóminas de remuneraciones”.

Agregó que “en el proceso de pago mensual, el banco notifica lo que llamamos la rendición de los pagos. Es decir, los pagos que se verificaron correctamente, las cuentas que se pudieron abonar y las que fueron rechazadas. Además, entrega un detalle pormenorizado, un archivo electrónico, que es devuelto a la institución e inyectado a los sistemas. Algunas cuentas pueden haber sido cerradas por los beneficiarios, por lo tanto, entrega un detalle de lo que se pudo y de lo que no se pudo abonar. Por ejemplo, en el caso de Carabineros, hablamos de abonos mensuales de, aproximadamente, cuarenta mil millones por remuneraciones. Montos grandes. Como banco hacemos cerca de nueve millones de abonos mensuales a clientes y, en el caso de Carabineros, el convenio de remuneraciones es de 100 mil abonos mensuales. Los funcionarios de Carabineros deben ser aproximadamente 60 mil; por lo tanto, debe ser un volumen de quincena y otro de fin de mes. Es un convenio bastante grande dentro de los que tiene el banco”.

The Clinic exhibió una carpeta con estos antecedentes al diputado Leonardo Soto, quien forma parte de la Comisión Investigadora. El parlamentario explicó que “cuando vinieron a la comisión una cadena de gerentes, fue poco y nada la información que entregaron. No dieron cuenta de los procedimientos y protocolos y tampoco justificaron debidamente la acción que tuvieron con relación a estas operaciones”.

Ellos vinieron a ampararse en el secreto bancario y en la reserva que tienen que tener sobre los clientes para poder negarnos información que para esta comisión investigadora era muy relevante. Hoy día existe un tremendo signo de interrogación respecto de cómo el Banco Estado por los procedimientos, protocolos, y departamentos que actúan en estas transacciones millonarias, nunca pudo percatarse de lo que estaba ocurriendo. Ellos hoy día no responden ante nada, ni ante la opinión pública, ni ante la Superintendencia de Bancos ni tampoco frente a nuestra comisión investigadora. Se declaran irresponsables en todo lo ocurrido. Creo que ellos debían, si hubiesen hecho el trabajo que les correspondía, haber tenido la diligencia que se espera de una institución pública que maneja cuentas públicas, sin duda ellos podrían haber evitado parte del perjuicio que se le ha causado al fisco, que es el más grande de la historia de este país. A mí me parece que su irresponsabilidad declarada en la comisión investigadora puede tener caracteres negligentes, a lo menos- aseveró.

Consultado respecto de por qué la cadena de correos electrónicos que describió este medio no fue materia de la sesión del 10 de junio, Soto argumentó que “este tema lo vamos a estudiar en profundidad”.

-Hablan de 600 millones de pesos durante dos años, dejando en evidencia que un funcionario fiscal no gana esa cantidad naturalmente. Hablan también de la Unidad Integral de Fraudes, que es un departamento que está destinado para este tipo de controles, les piden indagar a un cliente por estos abonos que son inusuales e indicaciones concretas de un fraude. Incluso otro personaje acá dice por qué no saltaron antes las alertas de esta operación. Era una operación de una envergadura que sin duda desde la primera mirada te indica que hay un riesgo concreto de fraude. Sin embargo, al final de esta cadena de correos, el jefe máximo –sin mayores antecedentes y justificaciones- y con un nivel de desidia e indolencia, dice: nosotros como banco no tenemos opinión al respecto cuando toda la cadena de sus trabajadores le indica lo contrario. Me parece gravísimo la ética con que finalmente se resuelven los temas, la ética comercial, personal-, argumentó.

El diputado, además, arguyó que “si estos funcionarios del Banco Estado, me refiero a los de alto rango, porque los de rango mediano hicieron su trabajo, y los directivos de esta área hubieran tenido un mínimo de diligencia y de cautela y control de los recursos públicos, probablemente hubiésemos evitado este fraude con mucha anticipación y le habríamos evitado al Estado un perjuicio como el que hoy día estamos conociendo, que es el fraude más grande de la historia de las defraudaciones públicas”.

– ¿Van a exigir más responsabilidades? Hay un depósito de agosto del año 2014, dos años antes de que se iniciara la investigación de la fiscalía, a este mismo capitán de $68 millones que es rechazado por el banco Falabella y no se activa ninguna alerta, nada sucede en el BancoEstado.
-Sin duda vamos a tener que reevaluar el trabajo que hemos hecho. Aquí hay indicios concretos que no teníamos con anticipación, pero que hoy día dejan en evidencia claramente que existía responsabilidad política y administrativa de parte de nuestro sistema bancario y en particular de un sector del BancoEstado en orden a tener una negligencia inexcusable en el control de los recursos públicos. Incluso si uno pudiera profundizar la investigación, no sorprendería que hubiera un grado de complicidad en estos temas. Porque es tan evidente en las decisiones que se tomaron con respecto a estas transacciones que pareciera que la única forma de entender es que hubiera una cierta complicidad. Y esto me parece tremendamente grave para una institución como el BancoEstado. Esperamos que en esta comisión podamos contar con estos antecedentes formalmente, yo mismo voy a pedir que volvamos a citar a toda esta área del Banco Estado en conjunto con la unidad de análisis financiero porque este hecho tiene que aclararse hasta el último detalle.

*The Clinic se contactó con todos los funcionarios del Banco Estado que aparecen mencionados y copiados en la cadena de correos electrónicos. Ninguno respondió las consultas.