Nueva denuncia en caso Basura complica a Piñera

Después de cuatro años atando cabos, recolectando informes y separando “la paja del trigo”, uno de los querellantes en el caso basura, el exconcejal de Ñuñoa Pablo Vergara, presentará hoy una denuncia por fraude al fisco ante el Ministerio Público, agregándole más caldo a una olla a presión a punto de explotar.

Vergara asegura que existió, durante el gobierno de Sebastián Piñera, un pago ilegal a las empresas recolectoras de basura disfrazado como una compensación a los municipios. En rigor, asegura, se trataba de un subsidio al sector privado para mejorar los salarios de sus trabajadores. Los antecedentes proporcionados, según Vergara, darían cuenta de una malversación de caudales públicos. Para comprender el caso, es necesario remontarse varios años atrás.

En Julio del año 2013, los recolectores de basura amenazaban con dejar en la calle 12 mil toneladas de desperdicios repartidos en cuatro regiones del país. La federación de recolectores de basura, encabezada por el dirigente Armando Soto, buscaba equiparar los sueldos de quienes trabajaban en la empresa privada con los entregados por los municipios.

Luego de dos días de paralización, el 31 de julio de 2013, en dependencias de la Municipalidad de Ñuñoa, bajo la mediación del alcalde Pedro Sabat; los trabajadores, representantes del gobierno y las empresas involucradas (Starco-Demarco, Servitrans y Dimensión) llegaron a un acuerdo.

A las 4:30 de la madrugada, según consignaron varios medios de comunicación, el Presidente Sebastián Piñera habría visado la negociación: el pago de un bono de 80 mil pesos a cada funcionario, cancelado por las empresas, y la propuesta de una mesa técnica para crear un nuevo marco regulatorio para el sector. 60 días fue el plazo contemplado para intentar resolver el entuerto.

Sabat, quien mantenía una relación cercana con Soto cuando fue Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, aseguró a los medios que había que “estar pendientes para cobrarles la mano a los parlamentarios, al gobierno, a los alcaldes”. El exedil de Ñuñoa, consultado por The Clinic, declinó referirse al tema.

El 30 de septiembre de ese mismo año, el presidente Piñera anunció el proyecto de Ley de presupuestos del sector público para el año 2014. En uno de sus puntos, la Partida 5, se incluyó un acápite con el pago de más de 15 mil millones de pesos a las municipalidades por concepto de compensación por predios exentos “del pago de derechos del aseo existentes en cada comuna”.

El destino de los 24 millones de dólares incorporados en la glosa presupuestaria, que en un comienzo figuraban como dinero dirigido a los municipios, asegura Vergara, fueron ocupados en otro objetivo que el Ministerio del Trabajo se encargó de aclarar con posterioridad.

En el portal de la repartición pública, el 9 de diciembre de 2013, se especifica que “los alcaldes firmantes, en representación de sus respectivas Asociaciones de Municipalidades, se comprometen a destinar los recursos complementarios de la glosa señalada a mejorar las condiciones de remuneraciones de los trabajadores de aseo”. Lo mismo estipula la circular N° 0017 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, emitida el 14 de febrero de 2014.

El entonces ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, señaló incluso que se trataba de un “acuerdo histórico”. Lo que parecía una simple transacción de dineros fiscales a los municipios, según consta en la denuncia a la que accedió The Clinic, terminaría en un inédito traspaso de capitales desde el Estado a las empresas privadas para mejorar las remuneraciones de sus trabajadores.

Para el denunciante, la maniobra disfrazaría “la entrega de un subsidio al sector privado, como una compensación realizada al sector público”. “Las empresas recolectoras de basura son entidades con fines de lucro. La huelga pretendía mejorar las remuneraciones del sector privado y en una gestión del entonces alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat; el gobierno, a través del Presidente Sebastián Piñera, da el visto bueno a la negociación, encubriendo el traspaso de dinero como un fondo a las municipalidades por los predios exentos de derechos de aseo, pero que en realidad es utilizado para subsidiar a las empresas de basura”, asegura.

GATO POR LIEBRE

El entorno de Sebastián Piñera, al ser consultado por este pasquín, nos remitió a quien encabezó las negociaciones, el abogado Miguel Flores, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el gobierno del presidente que hoy aspira a repetirse el plato. Flores asegura que uno de los acuerdos de las mesas de trabajo fue “traspasar los recursos a las municipalidades y éstas, libremente, sin ningún tipo de condiciones, vieran como contribuían a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores recolectores de basura, tanto de las propias municipalidades como de aquellos que lo hacen en empresas privadas”.

Flores aclara que en la ley de presupuesto del año 2014, durante el gobierno de Piñera, “se agregó dentro del fondo de compensación de exenciones tributarias, aparte de las compensaciones de los predios exentos que ya existían, y que formaban parte del compromiso del gobierno de Piñera, una cantidad adicional para compensar los derechos de aseo. Eso es todo. Nada más”, asegura.

El abogado, fundador de la UDI junto a Jaime Guzmán en el año 1983, agrega que “nunca hubo conversaciones con las empresas privadas, jamás se conversó con ellas. Hay dictámenes de la Contraloría. No veo que se pueda configurar delito. Incluso durante el gobierno de la presidenta Bachelet se materializaron esos traspasos de recursos a través de una ley que complementó la ley de presupuesto del año 2014”.

En efecto, la complementación de una ley corta para solucionar el pago a los recolectores de basura, propuesta enviada por el ejecutivo apenas dos semanas después de asumir la presidenta Michelle Bachelet, el 27 de marzo de 2014, fue realizada porque el objetivo de la glosa presupuestaria hacía improcedente cualquier transferencia que los municipios pudieran realizar.

El recién asumido Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Ricardo Cifuentes, señaló en los medios que con el envío del nuevo Proyecto de Ley (20.744), que faculta excepcionalmente a las municipalidades a transferir recursos a empresas, “estamos solucionando una falta de rigurosidad tremenda en el traspaso de los fondos a los municipios que realizó el gobierno de Sebastián Piñera. Si bien el dinero fue transferido, no existió la metodología que permitiera hacer este traspaso a las empresas, y no especificó la forma adecuada para que las municipalidades pudieran operar, generando un vacío que terminó perjudicando a los trabajadores”.

La discusión en el Congreso tampoco estuvo exenta de controversias. El senador Andrés Allamand, aseguró en la discusión que se dio en la cámara alta su más absoluto rechazo a la nueva normativa, pues la consideraba “completamente absurda”. Digna de un “razonamiento a lo Ionesco”, agregó. “Si en ocho meses más se produce un conflicto laboral en empresas contratistas -estoy inventando- de los distintos ministerios en el ámbito del aseo, y esto deviene en una movilización, en una toma y en una paralización laboral, ¿qué razón habría para no proceder exactamente de la misma manera en que se está actuando aquí, es decir, traspasando recursos públicos a empresas privadas para que estas cumplan determinadas obligaciones que tienen con sus trabajadores? Eso va a ocurrir si aceptamos pasivamente esta solución ¿Con qué argumento esta sala podría sostener que en ese futuro hipotético, no debiéramos aceptar esa modalidad sin chistar?”, argumentó el senador de Renovación Nacional.

De ahí las dudas de Vergara con la aprobación del proyecto de ley. “Los diputados y senadores aprobaron el presupuesto engañados. La glosa de presupuesto dice que es un subsidio para las municipalidades, a través de los predios exentos, pero no para las empresas de basura, así que aprobaron ese presupuesto sin saber que esa plata iba a ir a parar a las empresas de aseo. Eso es un fraude”, asegura.

Este viernes los antecedentes serán entregados al Ministerio Público. El organismo persecutor será el encargado de resolver si investigará o no la denuncia efectuada por uno de los querellantes del denominado caso Basura.

N. de la R.: La denuncia finalmente ingresó este viernes 13 de octubre durante la mañana.