La Procuraduría colombiana suspendió hoy provisionalmente a un teniente y a un subintendente de la Policía que estaban al mando del grupo que atacó a una misión humanitaria cuando trataba de llegar al lugar donde fueron asesinados seis cultivadores de coca en el suroeste del país el pasado 5 de octubre.

Los dos policías son el teniente Juan Camilo Jiménez Pomeo, comandante de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación CASEG-6, y el subintendente Didier Leandro Grajales Marín, comandante de un grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), indicó la Procuraduría en un comunicado.

Ambos fueron suspendidos por tres meses.

El hostigamiento, en el que también se lanzaron granadas aturdidoras, ocurrió el pasado domingo en cercanías de la aldea de Tandil, que forma parte de Tumaco, en el departamento de Nariño, una convulsa región del suroeste del país, según denunciaron los afectados.

De la misión formaban parte miembros de la Diócesis de Tumaco, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de los Estados Americanos (MAPP-OEA).

Tanto la Misión de la ONU en Colombia como la OEA aseguraron que la misión humanitaria contaba con los permisos correspondientes para moverse por la zona.

Al llegar al lugar de El Playón, el grupo encontró que en la zona ya había organizaciones de derechos humanos, periodistas e indígenas Awá, entre otros.

En ese área, que forma parte del municipio de Tumaco, murieron al menos seis cultivadores de coca durante una manifestación en la que se produjo un confuso ataque que fue atribuido inicialmente a una disidencia de las FARC.

En este sentido, la Procuraduría detalló que a la investigación también fueron vinculados el capitán Camilo Andrés González Cano, y los patrulleros Anderson Estiven Sánchez Castillo y Brian David Palma Restrepo, también miembros de la compañía CASEG-6.

El pasado martes, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó al director de la Policía el cambio de 102 miembros de esa institución destinados en Tumaco por excesos cometidos en las operaciones antinarcóticos a su cargo.