La aguda crisis del VIH/SIDA en Chile desatada luego del informe de ONUSIDA que sitúa a Chile en el ranking de notificaciones positivas en América Latina ha visibilizado múltiples dificultades en el sistema público de salud, entre los que se destaca la breve e ineficaz campaña comunicacional de prevención del VIH/SIDA, la sensible atención integral a las personas que vivimos con VIH/SIDA que seremos trasladadas desde hospitales especializados a la atención primaria (consultorios) y la entrega parcelada de medicamentos antirretrovirales en farmacias hospitalarias en Santiago y regiones.

Respecto de este último punto, existen serias denuncias de entrega incompleta de medicamentos antirretrovirales como las expresadas públicamente por Marcela Silva de ICW Chile que agrupa a mujeres viviendo con VIH/SIDA, así como mi propio reclamo formulado al Ministerio de Salud y la Contraloría General de la República.

Un poco de historia

El pasado 6 de septiembre de 2017, denuncié formalmente en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias del Ministerio de Salud OIRS la entrega parcelada e incompleta de mi tratamiento mensual para el VIH/SIDA. En aquel reclamo, señalaba: “En vez de recibir la dosis normal por 30 días de Nevirapina 200 mg, solo me entregaron un frasco sin sello por 10 días debido a ‘problemas con el proveedor’. Los mismos profesionales me explicaron que estaban a la espera de “un barco con medicamentos” para el VIH/SIDA que no ha llegado a Chile, cuando las personas entendidas en la materia sabemos que las compras de medicamentos son anuales y se planifican con tiempo y presupuestos rigurosos. ¿Qué pasa si el barco con medicamentos no llega al país o el barco se hunde? ¿Nos hundiremos las personas viviendo con VIH/SIDA en Chile? ¿Se hunden las políticas públicas de tratamiento en el VIH/SIDA de la presidenta Michelle Bachelet? Las explicaciones recibidas no son razonables y representan una burla a la inteligencia y la dignidad de las personas que vivimos con VIH/SIDA en Chile”.

En la misiva de protesta afirmaba que los profesionales de farmacia, técnicos y profesionales del Hospital San José cumplen su función cordialmente, “pero creo que estas explicaciones no pueden ser admitida ni por ellos, ni mucho menos por las personas directamente afectadas. La interrupción del tratamiento o la entrega parcelada del mismo altera mi estado emocional, psicológico y de salud. El tratamiento no se puede suspender porque afecta la adherencia y su entrega está estipulada en la Ley AUGE. No es normal que una situación así ocurra, mucho menos cuando el Estado de Chile ha suscrito las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS que hablan de 90% de exámenes positivos, 90% de tratamiento entregados y 90% de personas indetectables”.

La carta al Contralor General

Frente al silencio del Hospital San José, conociendo de otras denuncias del mismo tipo y buscando llegar más lejos en las responsabilidades políticas y administrativas por la parcelación de medicamentos para el VIH/SIDA, escribí una carta acusatoria al Contralor General de la República denunciando los hechos irregulares y solicitando su intervención fiscalizadora. La Contraloría General acogió a tramitación mi denuncia y el 27 de septiembre exhortó al Hospital San José a responder por escrito la demanda. El 11 de octubre, el director del Hospital San José, después de más de un mes de realizada la denuncia original en la OIRS del Ministerio de Salud, respondió mi justa denuncia como usuario y ciudadano afectado e indignado, derecho a reclamo, protesta y denuncia estipulado por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.

La respuesta, tardía e insuficiente, resulta de todos modos importante porque reconoce que el hecho denunciado es “lamentable" y responsabiliza formalmente de la entrega parcelada e incompleta de medicamentos para  el VIH/SIDA a la Central Nacional de Abastecimiento de Centros de Salud CENABAST, servicio público dependiente del Ministerio de Salud encargado de las adquisiciones y distribución de los fármacos, insumos médicos y bienes del sistema público de salud. La respuesta del Hospital San José, señala textual: “Lamento que usted haya sufrido de la entrega fraccionada de medicamentos antirretrovirales. Esto ha ocurrido por la falta de adquisición del medicamento por parte de la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST). Dicha situación no responde a omisión del Hospital San José, el cual cumplió con solicitar el fármaco”.

El documento firmado por José Miguel Puccio Huidobro, director del Hospital San José, confirma nuestras denuncias y sospechas iniciales. La entrega parcelada de medicamentos para el VIH/SIDA no representa casos aislados como el mío propio y el de otros tantos usuarios de los programas de atención en VIH/SIDA del país, sino un problema estructural del sistema público de salud en Chile que agudiza la grave crisis del VIH/SIDA en nuestro país. Médicos especialistas que trabajan directamente en los programas de atención a personas viviendo con VIH/SIDA como el doctor Carlos Beltrán del Hospital Barros Luco de la comuna de San Miguel, confirmó los graves problemas de desabastecimiento de tratamientos en reunión sostenida con activistas del VIH/SIDA.

En la cita realizada en Redes de Orientación en Salud Social RED OSS de Conchalí, reconocida ONG que se ha reunido con candidatos presidenciales como Carolina Goic (DC) y Marco Enríquez-Ominami (PRO), el doctor Carlos Beltrán afirmó categórico: “En Chile se están dando tratamientos obsoletos que producen efectos secundarios diversos y además con problemas graves de desabastecimiento. En el año 2017, desde la Corporación Sida Chile, preguntamos a 35 farmacias de los centros de atención a personas viviendo con VIH/SIDA, obteniendo 29 respuestas. En el 13.8% de las farmacias hubo personas que se quedaron sin medicamentos porque no había tratamientos disponibles, estamos hablando de medicamentos antiguos. Por otra parte, en el 80%  de las farmacias se fraccionó la entrega de medicamentos, dando terapia para 6 o 7 días en vez de entregar para 30 días.

En mi propio hospital, producto del fraccionamiento, hubo dos pacientes que se quedaron sin su tratamiento porque no podían regresar a buscarlo y por otras razones atendibles, esos pacientes subieron su carga viral. Por otra parte, el 56% de los centros tuvo que acudir a la compra directa, el mismo hospital compró medicamentos a los laboratorios porque no les llegó de la CENABAST. Finalmente, el 72% de los centros tuvo que hacerse préstamos de fármacos entre ellos mismos. Esto es inaceptable. Lo peor del caso es que los medicamentos sí estaban, el problemas es la distribución. Esta dificultad ha sido especialmente crítica entre agosto – septiembre y en noviembre existen medicamentos para el VIH/SIDA que se acabarán”.

¿Qué dice la Ministra de Salud?

Está claro que la denuncia en la OIRS del 6 de septiembre 2017 hizo posible reconocer una situación grave e inaceptable, sobretodo en el momento de mayor crisis del VIH/SIDA en Chile. Hoy, enfrentados a la dura realidad, las denuncias acumuladas, los documentos que confirman las responsabilidades políticas – administrativas y el estudio realizado por la Corporación Sida Chile, nos urge una respuesta formal e institucional de la Ministra de Salud y de las más altas autoridades comprometidas en la materia. No es aceptable el silencio y la mentira descarada. En un país donde se respetarán los Derechos Humanos de las personas, las autoridades políticas, en este caso de salud, debieran renunciar a sus cargos por grave abandono de deberes. Las personas viviendo con VIH/SIDA tenemos derechos garantizados y haremos uso de todas las  instancias legales, públicas e institucionales para ser escuchadas e incorporadas en las políticas públicas que afectan nuestra propia salud, derecho consagrado en la Constitución Política del Estado de Chile.