El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, junto al persecutor Sergio Moya, concurrió hasta el Juzgado de Garantía de Rancagua para presentar las acusaciones contra los ocho imputados por el caso Caval, la compraventa de 44 hectáreas en Machalí de la pyme de Natalia Compagnon y Mauricio Valero materializada con presuntas irregularidades.

Para la nuera de la Presidenta Bachelet el Ministerio Público solicita una pena de cuatro años de presidio. Esto por declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas.

En el caso de Valero, se piden un total de 8 años de pena deglosado entre declaraciones incompletas o falsas y soborno.

En palabras de Arias, “en relación con todas las penas, el criterio es solicitar dentro del marco legal la pena más alta posible”.

Según precisó al respecto, “son todas penas efectivas” y “los beneficios dependerán de la decisión del tribunal”.

Hay penas que admiten la concesión de beneficios, pero esto no es resorte de la Fiscalía, complementó.

“Estamos pidiendo las penas que se establecen en el código penal”, reiteró, descartando en su naturaleza las penas incluyan beneficios.

De ahora en adelante, el tribunal tiene 45 días para la preparación del juicio oral.

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