Surgen nuevos datos sobre los consejos de guerra que integró Cheyre durante dictadura

El ministro en visita, Vicente Hormazábal, que investiga al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por casos de Derechos Humanos dijo que según información de la institución castrense, el general (r) habría participado de 26 consejos de guerra.

Pues bien, de acuerdo a información publicada por La Tercera que tuvo acceso a dos consejos de guerra en los que participó el general en retiro, en ellos se produjeron fallos que condenaron a personas que hoy aparecen en el Informe Valech.

El pasado 20 de diciembre de 1973, el consejo de guerra emitió un fallo condenatorio contra 16 personas con penas que iban entre los 541 días y 5 años y un día de cárcel.

Allí el tribunal militar integrado por Cheyre acusó tener escondidas municiones y armamento, así como también “efectuar reuniones clandestinas tendientes a destruir el orden social y oponer resistencia al gobierno constituido” y “pertenecer a grupos de combate armado en tiempos de paz”.

De acuerdo al matutino, en otro fallo que data del 26 de octubre de 1973, el ex alto oficial indagado por presuntos apremios ilegítimos y posible cómplice de 15 homicidios en el caso Caravana de la Muerte formó parte de un documento en el que condenaron a Darío Crespo Pinto a 10 años de cárcel y a otras víctimas se les dictó penas de 60 días a cinco años de cárcel.

Ante tal información, el abogado de Cheyre, Jorge Bofill, manifestó que “a la fecha de los hechos imputados se desempañaba como teniente-ayudante del comandante Ariosto Lapostol”. Sobre estos consejos de guerra, dijo que “fue mayoritariamente el oficial de más bajo rango de aquellos que los componían. Por lo demás, los consejos de guerra son meramente propositivos: el proyecto de sentencia que emitían, para un eventual cumplimiento, debía ser aprobado por el general en jefe que ordenó la formación del referido consejo”.

Añadió que “en Chile hubo cientos de consejos de guerra durante la dictadura. Los tribunales los consignan como lícitos y regulados en el Código de Justicia Militar; su legalidad, además, ha sido confirmada recientemente por la propia Corte Suprema (caso Caravana de Copiapó)”.

En otros pasajes, la defensa del general en retiro adelantó que pedirán nuevos testimonios y careos al respecto, así como también requerirá que Hormazábal pida al Ejército información sobre todos los consejos de guerra desde que inició la dictadura.

Por su lado, indicó que “no nos cabe ninguna duda su dolor, así como que fueron sometidos a apremios ilegítimos. Sin embargo, tenemos certeza de que ellos no fueron cometidos por Juan Emilio Cheyre Espinosa (…). Demostraremos en sede judicial que los hechos que le imputan al general son falsos, y que existe una operación sistemática para confundir y desinformar, aportando valor a instancias, documentos, fuera del contexto histórico de horror que vivimos en la dictadura”.