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Opinión

8 de Noviembre de 2017

Gabriela Cabellos, jefa del Departamento de Extranjería y Migración: “Un Estado no puede cegarse en pensar que puede escoger a quienes entran”

En los últimos dos años, más de 35 mil haitianos han solicitado residencia temporal y cerca de 8.500 ya tienen la definitiva. Se concentran principalmente en la Región Metropolitana y trabajan en la construcción, servicios, y labores agrícolas. Una migración que ha beneficiado a sectores privados, facilitando la mano de obra, pero que también ha generado estrés en algunos barrios, donde ha aparecido el germen del racismo y el aprovechamiento. Malas prácticas que el nuevo proyecto de ley de migración debería subsanar: “Los cambios deben provenir desde la educación y la cultura”, explica Gabriela Cabellos.

Jorge Rojas
Jorge Rojas
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¿Cuántos haitianos han solicitado residencia temporaria?
En el 2016 se otorgaron 23.750 y en el primer semestre de este año llevamos 12.780. Durante los 90 días que la ley les permite estar como turistas, ellos buscan alguna oferta laboral. Generalmente, lo obtienen y vienen acá a pedir un permiso de residencia temporaria. Hay otros que llevan más tiempo y piden la definitiva. En los últimos tres años hemos otorgado cerca de 8.500 permanencias definitivas a haitianos.

¿Si una persona ha cometido un delito en su país de origen se rechaza la permanencia?
Sí, se rechaza y se dispone el abandono del país. En general, el rechazo de visas tiene que ver con delitos de todo tipo. Ahora, por supuesto que uno pondera el tiempo que ha transcurrido desde que lo cometió, o si es un delito menor. Cuando estos delitos son graves, entiéndase tráfico de drogas, homicidios, delitos sexuales, o robo con violencia, se decreta la expulsión.

¿Cuántos haitianos han debido abandonar el país por estos motivos?
En la población haitiana, desde el 2010 a la fecha, se han decretado 45 expulsiones, y 38 son por ingresos clandestinos, que es considerado un delito por la ley de extranjería, pero que el nuevo proyecto busca despenalizar, porque es más bien una infracción migratoria.

¿Cuáles son los puntos centrales del proyecto de ley?
El decreto ley que tenemos es del año 1975, con una mirada policial, más bien de control del ingreso, los permisos, y las sanciones. Con los años, esa visión ha ido cambiando y la autoridad administrativa ha adoptado medidas para enfrentarla con otra mirada, pero esto no puede quedar a criterio de cada gobierno. Este proyecto tiene cuatro ejes fundamentales: establecer y reforzar un catálogo de derechos y deberes, la modernización de las categorías migratorias y de visado, resguardar el debido proceso en temas de sanciones y expulsiones, y la creación de una política de migración nacional. Hoy existe consenso de que este tema no es solo el trámite de ingreso a un país, sino que impacta directamente en otras materias como salud, educación, trabajo, justicia, y vivienda. Debe haber una política migratoria nacional que se haga cargo de todos esos aspectos.

¿La ley crea alguna institucionalidad?
El proyecto contempla un comité interministerial. También un consejo técnico que reúne a los servicios de cada uno de esos ministerios, que deberían darle una bajada práctica a la política pública. Actualmente, hay un grupo técnico sobre información, que generan reportes de cifras: nosotros sobre las solicitudes de residencia, en salud estarán las prestaciones, y en educación las matrículas.

¿Se cruzan estos datos?
No hay una central de datos. Se hizo un mapeo, pero por supuesto que la información está disponible para abordar esta temática. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando una visa para niños, niñas y adolescentes, que están en el sistema escolar, cuya migración era irregular. Eso les provocaba problemas para pasar de curso, acceder a becas, pase escolar, o los libros. Es decir, tenían sus derechos fundamentales respetados, pero en la práctica faltaba un tema funcional. Todos ellos ahora pueden acceder a la visa independientemente de la situación de sus padres.

¿Es una dificultad que no haya un organismo centralizado encargado de aglutinar a todos los ministerios que intervienen en temas migratorios?
Hoy existe el consejo de política y el técnico, esa es la instancia donde se agrupan. Faltaba este marco legal, para que esto sea permanente, con una mirada transversal. Hoy día nadie puede negar que la migración debe abordarse multisectorialmente.

¿Se está estudiando ponerle visa a la migración haitiana?
No hay una resolución al respecto. Eso está en evaluación, porque toda medida migratoria impacta a las personas. Eso lo evalúa el ministerio del Interior, el de Relaciones Exteriores, y finalmente la Presidencia de la República.

¿Tal vez las visas fomentan la migración por pasos no habilitados, como ocurrió en el caso de los dominicanos?
No es sólo que entres clandestinamente al país, sino que ese ingreso normalmente es facilitado por redes criminales transnacionales.

¿Sirve de algo entones una medida así?
Todas las medidas pueden servir para controlar, pero yo creo que no es eficiente. Esto siempre debe hacerse mirando las posibles consecuencias, hacerse cargos de los delitos que pueden generarse. No puedo evaluar una medida como esta de manera aislada.

¿Qué saben de la migración haitiana?
En Haití vivieron desastres naturales, primero el terremoto y después el huracán, y luego de eso comenzaron a migrar hacia acá. Eso se acompaña con que Chile, dentro de la región, es un país seguro y con expectativas laborales, por eso nos mostramos atractivos para la migración. Pero el boca a boca hace que se generen expectativas más allá. Mientras se mantenga ese ciclo, es muy difícil que varíe el movimiento.

¿En qué trabajan los haitianos en Chile?
Ellos principalmente están en el área de la construcción, servicios, y labores agrícolas. Se están moviendo de a poco hacia regiones de mayor producción. El sector privado se ha visto beneficiado de la migración, porque hay épocas en que se necesita mucha y cuesta encontrarla en Chile. Entonces, la mano de obra del migrante está disponible y es accesible.

En la sociedad hay un germen de racismo y aprovechamiento. Uno va a los barrios donde viven los migrante y el precio del suelo ha subido una enormidad, sin ninguna justificación. En el consultorio la gente relama porque ahora la fila es más larga. ¿Cómo se cambian esos comportamientos?
Es evidente que la llegada de personas de otras culturas y con idiomas distintos, impactan en la cotidianidad, y en el barrio es el primer lugar donde se nota eso. Ahí es donde la gente tiene su primer encuentro real con la población migrante. Hay mucho por hacer. Los cambios deben provenir desde la educación y la cultura. Hay colegios donde la mayoría de los niños son migrantes y allí no sólo se debe adecuar su malla curricular, sino que también preocuparse de las relaciones entre los niños, de promover la integración. La presentación de este proyecto abrió estas discusiones. Antes, ni siquiera uno se cuestionaba que los migrantes, por ejemplo, necesitan una política habitacional.

Algunos candidatos a la presidencia y al parlamento buscan prácticamente cerrar las fronteras y seleccionar a los migrantes, como si fueran uvas de un racimo. ¿Es viable eso?
Es muy complicado entender la migración como algo que el Estado puede modelar a su manera. Es decir, que por una norma específica voy a permitir la entrada de unos y no otros. Eso no es así. La migración responde a necesidades humanas. En el caso Haití fueron dos desastres naturales. Tú no puedes detenerla. La puedes controlar y que sea informada, pero que esto sea selectivo no es posible. Los extranjeros migran igual y eso provoca la clandestinidad. Un Estado no puede cegarse en pensar que puede escoger a quienes entran.

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