El Estado deberá pagar $1.840 millones a modo de indemnización por daño moral a 74 familiares que perdieron a 21 víctimas de Tomé, Talcahuano, Constitución y San Antonio, durante el tsunami del 27 de febrero del año 2010 que se originó tras el terremoto 8,8 que azotó al país.

Según consigna Emol, la Corte Suprema decidió confirmar este viernes el fallo que había otorgado el 22º juzgado civil de Santiago.

De este modo, el máximo tribunal decidió desestimar el recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado que buscaba acusar presuntas infracciones en el procedimiento.

Por su lado, el 24º Juzgado decidió condenar al Estado a pagar 10 millones de pesos en indemnización a la hija de una víctima que murió en Llolleo. La magistrada Patricia Ortiz así lo decidió tras estimar que hubo responsabilidad en la falta de servicios prestados por el Estado en la muerte de la mamá de la persona demandante.